Las declaraciones de Ignacio Errandonea en el programa Legítima Mañana dejaron al descubierto una preocupación de fondo que excede el reciente episodio en el consulado uruguayo en Miami. la inexistencia de una política activa del Estado para enfrentar la situación de los militares prófugos de la justicia preocupa a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
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Errandonea denuncia que 16 militares prófugos vinculados a delitos de la dictadura continúan percibiendo jubilaciones.
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Errandonea relató los contenidos de la reunión mantenida el lunes con el presidente Yamandú Orsi, en la que se volvió a poner sobre la mesa una agenda que, según señaló, lleva años sin resolverse. Entre los puntos centrales, destacó la necesidad de avanzar en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, reforzar recursos y, especialmente, abordar con decisión el problema de los militares que evaden a la justicia desde el exterior.
Prófugos de la justicia
El caso que motivó nuevas repercusiones -la entrega de una fe de vida en el consulado de Miami al aviador retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya Roberto Freddy Amorín Maciel, investigado en la causa sobre la desaparición de José Arpino Vega y por torturas en la base aérea de Boiso Lanza- fue presentado por Errandonea como un síntoma, no como una excepción. “No hay una política”, afirmó, aludiendo a la falta de directivas claras desde el Poder Ejecutivo frente a personas que están formalmente requeridas por la justicia uruguaya. Según explicó, no se trata de individuos en la sombra sino de prófugos identificados, algunos incluso procesados, que han logrado eludir comparecencias judiciales o escapar antes de enfrentar cargos.
El dirigente subrayó que actualmente existen alrededor de 16 prófugos vinculados a delitos de la dictadura que continúan percibiendo jubilaciones. Recordó que en 2025 que cuando la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente presentó su plan de acción, la ministra de Defensa Sandra Lazo anunció que le iban a cortar las jubilaciones a los prófugos de la justicia pero un año después la medida no se concretó. “Pasó un año y no han hecho nada”, señaló.
Apertura de archivos
En la reunión con Orsi también se abordaron otros reclamos históricos. Entre ellos, la apertura de archivos militares que, según Familiares, contienen información clave sobre el destino de los desaparecidos. Errandonea recordó que ya en 2005, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se reconoció la existencia de estos documentos tras consultas internas en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, dos décadas después, esos archivos permanecen inaccesibles.
“El presidente y la ministra son las autoridades máximas de las Fuerzas Armadas”, remarcó, insistiendo en que existe la potestad para ordenar la entrega de esa información. La negativa o demora en hacerlo, sostuvo, perpetúa una deuda del Estado con la sociedad.
Información sobre los desaparecidos
Otro de los planteos fue la necesidad de una declaración pública clara que inste a quienes tengan información sobre los desaparecidos a aportarla. Si bien el Senado ya se pronunció en ese sentido por unanimidad, Errandonea indicó que el presidente no asumió aún un compromiso concreto para replicar ese gesto desde el Ejecutivo.
En ese contexto, la problemática de los prófugos es una expresión tangible de las dificultades estructurales para avanzar en verdad y justicia. La denuncia sobre el consulado en Miami, que derivó en una investigación ordenada por el canciller Mario Lubetkin, expone una falla puntual. Pero, según lo expresado en la entrevista, el problema de fondo es más amplio, la falta de decisión política sostenida para actuar frente a quienes, pese a estar requeridos por la justicia, continúan beneficiándose del sistema estatal.
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