La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) emitió un comunicado público en el que revela “parte de los fundamentos” que se presentaron el pasado viernes en la audiencia que la acción de amparo presentada ante los cambios en la normativa antitabaco decretados por el Poder Ejecutivo.
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Uno de los puntos que más llamaron al atención, fue que los abogados del Poder Ejecutivo argumentaron en la instancia que “el juicio debía dirimir cuestiones vinculadas al derecho a la protección contra la competencia desleal, protección de la industria y comercio”, por lo que solicitaron a la Jueza “que se comunicara con Montepaz al respecto de este punto”.
Por otra parte, los abogados reiteraron que “la modificación (en la normativa) ha obedecido a la preocupación de las tabacaleras”, algo que ya fue reconocido públicamente por el presidente Luis Lacalle Pou.
Según la SUT, los abogados del gobierno no se pronunciaron sobre “el fondo del asunto” y tampoco pudieron justificar “cómo contribuye a la trazabilidad del producto (tabaco y cajas de cigarrillos) el permitir que el interior de la cajilla pueda ser diseñado por la industria a su total y exclusivo arbitrio”.
Para la Sociedad de Tabacología el “fondo del asunto” lo determina el “incumplimiento” de los artículos 7 y 8 de la Ley 18.256 (publicidad, promoción, patrocinio y empaquetado neutral de la ley antitabaco), el artículo 8 del Protocolo contra el comercio ilícito, “la regresividad de la medida” y la “motivación ilegítima” de la flexibilización, “dado que un decreto basado en derechos de industria y comercio pretende reglamentar una ley de salud pública”.
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