Bayardi: "Pretenden validar la verdad del torturador"

El Senado continúa el estudio de un proyecto de ley de acceso público a todos los documentos referidos a la dictadura. Por este se crea una sección especial en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, la norma, al establecer el carácter público para evitar “censuras”, como afirmó el ministro de Defensa Javier García, podría dejar libre y dar por buenas a las declaraciones arrancadas bajo tortura, lo que para el exministro de Defensa, José Bayardi, constituye validar “la verdad de torturador”.

“Van por el camino de reescribir la historia validando la verdad del torturador”, afirmó a Caras y Caretas Bayardi, cuya gestión en este sentido fue cuestionada por García en el Parlamento.

Respecto a los archivos, recordó que uno de ellos -el conocido como Archivo Berrutti- “fue digitalizado totalmente”, y precisó que en su último acto como ministro, el 28 de agosto de 2009, “pasé todo digitalizado y las copias y los microfilms al Archivo General de la Nación. En 2009. El ministro dice que hubo un Archivo de la Memoria y es efectivamente cierto que la ley de 2008 creó este archivo, pero dice que nunca se ejecutó, y agrega que quiere poner esto en manos del Archivo General de la Nación porque eso nunca se efectivizó. Es relativamente cierto que nunca se terminó efectivizando. No sé cómo funcionó el Archivo General de la Nación después que le entregamos eso, pero el ministro (Pablo) da Silveira dice en el acta (de la sesión de la comisión que tiene a estudio el proyecto) que una opción era el Archivo General de la Memoria, pero como este nunca funcionó, pensaron que el lugar idóneo es el Archivo General de la Nación. Pero sucede que ese Archivo de la Memoria estaba dentro del Archivo General de la Nación. Él dice en un momento que no sabe por qué el ministro Bayardi no lo pasó al Archivo de la Memoria, pero no lo pasó porque, en realidad, este estaba dentro del Archivo General de la Nación, por lo cual lo pasé a donde lo tenía que pasar”.

¿Por qué eso nunca se efectivizó?

-No se efectivizó porque nunca tuvo el presupuesto necesario y porque en 2011, doy por descontado, el Archivo General de la Nación tuvo que ver todo lo que se le había enviado del Archivo Berrutti y, al amparo de la ley 18.381, que es la de Acceso a la Información Pública, 183 Archivos de los que habíamos pasado se decretaron en reserva por 15 años. Eran, obviamente, datos personales de quienes integraban la organización tal o cual, quienes integraba el Partido Comunista, quienes los GAU, y muy probablemente hayan decretado también el tema de declaraciones obtenidas bajo tortura. Efectivamente, tienen razón en que el Archivo nunca se terminó de activar dentro del Archivo General de la Nación. Yo mandé las cosas a donde tenía que mandarlas, porque el Archivo de la Memoria era una sección del Archivo General de la Nación.

Hay una intención permanente por parte del gobierno de responsabilizar al gobierno anterior y al Frente Amplio, ¿a qué puede atribuirse?

-No es muy novedoso, porque este gobierno por todas las cosas que le salen mal le echa la culpa al gobierno anterior. Lo otro es estigmatizar lo que se haya hecho. Pero para tener una idea: yo me fui en 2009; entregué el Archivo y me fui. En 2019 volví al Ministerio y en diciembre de ese año terminé entregando todo lo que se había digitalizado del Archivo Berrutti y lo que se había hecho a partir de 2016 de un archivo que estaba en el Ejército. En realidad, se terminó entregando todo a Familiares de Detenidos Desaparecidos en un disco duro de muchos terabytes. También le entregué a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que era la que se pasaba a encargar del tema. En realidad nadie le entregó más a Familiares que lo que le entregué yo. Nadie.

El ministro Javier García ha insistido con la necesidad de transparencia en estos temas, ¿a qué entiende que se refiere?

-Eso tiene que ver con lo siguiente: en 2015 muere el coronel Elmer Castiglioni y, al morir este, le llega a Javier Miranda -por entonces secretario de Derechos Humanos- la información de que en la casa del coronel había un archivo, que resultó como de 60 cajas. Javier se presentó a la Justicia y esta incautó el archivo de Castiglioni. La jueza Isaura Tórtora lo decretó en reserva. Preguntado si consideraba que el Archivo Castiglioni era un archivo público, el ministro dijo que sí. O sea que el archivo que estuvo en la casa de un coronel que estuvo en inteligencia, sobrino de Víctor Castiglioni (reconocido represor y torturador desde los años 60), el gobierno pretende que sea de acceso público. Como la jueza lo tiene interdictado van a querer que esta ley habilite que sea de acceso público. Es como si uno tiene un archivo en su casa y en realidad se va a considerar que es público. Todo archivo puede tener cosas que están plantadas y acá pretenden darle carácter público, y creo que este es el objetivo central de éste proyecto. ¿Por qué? Siempre hay que buscar los porqués. Hay un periodista, que se llama Álvaro Alfonso, que siempre ha escrito alimentado por lo peor de los servicios. Él ha pedido a la jueza Tórtora, al amparo de la ley, el acceso a esos documentos. La jueza se lo negó. Fue a Apelaciones y ahí también se lo negaron.

Entonces, ¿en ese archivo puede haber de todo, incluso operaciones de contrainteligencia?

-Si me tengo que jugar, me la juego de que hay. Por supuesto hay cosas plantadas ahí. Es el juego de los servicios.

En el fondo lo que quieren es, a través de esta ley, generar la sensación de que queda todo abierto.

No tengo ninguna duda que acá lo que se quiere es llegar al Archivo Castiglioni, porque en la exposición de motivos del proyecto que presentaron dicen que se preservarán las cosas sensibles de la vida privada. En realidad no es eso lo que hay que preservar, acá lo que hay que salvaguardar es el tema de aquellas cosas que puedan haber sido dichas, incluso hasta firmadas. Darle valor de verdad a eso. Acá no se trata de las cuestiones de la vida privada, se trata de aquellas declaraciones obtenidas bajo tortura, porque si le damos legitimidad a eso, en realidad le estamos dando legitimidad a lo que llamamos “la verdad del torturador”. Lo que están tratando de legitimar es la verdad de los torturadores.

Llamativamente, el ministro de Defensa dice que hay un artículo 12 de la ley 18.381 que dice que no se puede oponer reserva a aquellas cosas que tienen relación a los derechos humanos. Pero no se puede tomar un artículo solo de la ley, hay que agarrar otros de la misma ley, porque en el artículo 9 inciso D dice que pueden ser decretadas en reserva aquellas cosas que afectan la dignidad de las personas, y eso no lo va a afectar algún desliz en la vida privada, en realidad lo puede afectar que haya algo plantado con un tema que tiene que ver con sacar una declaración en la que se termina admitiendo que fulano, zutano y mengano eran parte de la organización. Quiero decir, supongamos que era parte de una organización política y esta era clandestina, y teníamos un acuerdo, y este era que si no llegaba a una reunión se podía pensar que había caído. Y por ese acuerdo, si caía, iba a tratar de resistir 24 horas para no dar nombres. Supongamos que resistí 24 horas y a las 30 horas dí nombres. En realidad, formalmente no entregué a nadie. Creo que van por ese camino para reescribir la historia.