Implicaciones institucionales y constitucionales
El artículo 67 de la Constitución establece que el Estado debe asumir la responsabilidad de la seguridad social, y a su vez, el Estado es parte del directorio de la caja, lo que añade una capa de complejidad al asunto. Este mismo Estado fue quien introdujo el sistema en 1954 y estableció las condiciones bajo las cuales los profesionales comenzaron a aportar a su seguridad social. Este trasfondo histórico debería implicar un compromiso claro para con la CJPPU, pero la realidad es que no se han tomado las decisiones necesarias a tiempo.
Es importante señalar que la situación de la CJPPU no se asemeja a la de otras cajas, donde los profesionales universitarios enfrentan condiciones de trabajo y de cooperación gremial muy distintas. A diferencia de otras actividades, como la bancaria, donde hay un único gremio que representa y defiende intereses comunes, los profesionales universitarios se encuentran atomizados en múltiples intereses y, a menudo, carecen de un rol activo en la defensa de sus derechos.
La falta de alternativas y gobernanza
El deterioro en la gobernanza de la CJPPU ha hecho difícil llegar a soluciones viables y consensuadas. Con representantes que, hasta ahora, han tenido escaso peso y sin una estructura que favorezca la construcción de alternativas, la caja ha carecido de la adaptabilidad necesaria para responder a los cambios en la realidad del trabajo y las nuevas generaciones de profesionales. La falta de incentivos y un sistema cerrado han provocado que, con el tiempo, se hayan perdido beneficios y oportunidades.
Sin embargo, el cambio en la gobernanza que se está proponiendo, así como la modificación del criterio para ajustes de timbres y otras disposiciones que abordan la buena administración y la búsqueda de mejoras en la gestión, son elementos no menores que abren la posibilidad de una nueva etapa. Es fundamental que en este proceso de inicio de un diálogo social no se quede afuera la necesidad de un sistema más inclusivo y flexible que reconozca la importancia de los profesionales universitarios como generadores de valor en nuestra sociedad.
La necesidad de un sistema solidario
Los profesionales universitarios son parte crucial en la creación de valor y su seguridad social es un derecho fundamental como colectivo. La búsqueda de alternativas es, por ende, indispensable para el país. Alcanzar este límite crítico es un asunto grave, y el tratamiento de emergencia que le ha dado el actual gobierno demuestra un compromiso con la urgencia de la situación. Sin embargo, es igualmente preocupante observar cómo algunos actores externos opinan en contra de estas iniciativas, lo que puede generar más incertidumbre entre los profesionales que dependen de la CJPPU.
Es comprensible el desespero de aquellos que viven de una jubilación, que tienen condicionada su seguridad social y su actividad a la institución. No todos los profesionales experimentan la misma realidad: algunos están plenamente integrados dentro del sistema, otros conviven con dos sistemas, y muchos más aportan únicamente a la Caja con la obligación de pago, independientemente de su facturación, con limitaciones para tomar vacaciones y enfrentar los altibajos inherentes a su profesión.
No podemos olvidar las situaciones críticas que muchos han enfrentado, especialmente durante las etapas de la pandemia, donde la vulnerabilidad de los profesionales fue expuesta de manera dramática. Existe, además, una necesidad apremiante de fortalecer los controles y explorar alternativas de colaboración entre organismos de fiscalización para proteger el sistema.
Camino hacia una solución de la Caja de Profesionales
La solución presentada en la actualidad, llega en un tiempo récord, busca atender a la necesidad de solidaridad entre todas las partes involucradas, con aportes del Estado, junto a activos y pasivos. Es fundamental que este proceso de reforma y salvaguarda se traduzca en un debate parlamentario ágil, que incorpore a todos los actores involucrados dentro de una lógica de necesidad y urgencia.
Las controversias en torno a la salvaguarda y reforma de la CJPPU no solo reflejan diferencias ideológicas, sino también un grave desinterés por parte de ciertos sectores políticos hacia la seguridad social y que de alguna forma el Frente Amplio ha marcado una diferencia. La situación crítica en la que se encuentra la Caja exige un compromiso conjunto y decidido, que desdibuje las líneas partidarias y priorice el bienestar de los profesionales universitarios en el marco de una seguridad social que debería ser un derecho fundamental. Esto implica la necesidad de un debate profundo y constructivo, donde se reconozcan las particularidades del trabajo profesional y se busquen soluciones efectivas que aseguren la viabilidad del sistema en favor de todos.
