Mario Cardama, propietario del astillero Cardama de España, insta al Gobierno al diálogo y advierte con acciones legales si no hay respuesta. Así lo hizo saber a través de un comunicado dado a conocer este domingo 26 de octubre. “Las declaraciones públicas recientes han generado un impacto reputacional negativo e injustificado para el astillero”, afirma la firma española.
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Cardama quiere dialogar con el Gobierno.
Gastón Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
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Así se expresó el propietario de la empresa tras el anuncio del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato, firmado en diciembre de 2023, para la construcción de las dos patrulleras oceánicas (OPV).
“Francisco Cardama S.A. es una compañía de reconocida solvencia y seriedad, con más de 100 años de trayectoria empresarial ininterrumpida. Este astillero nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia, lo que avala su capacidad y compromiso con cada proyecto. Cardama ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales. Por ello, resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes. Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la administración y sus contratistas”, señala el escrito al que accedió Caras y Caretas.
Cardama dice que cumple
Agrega que la empresa “continúa cumpliendo con sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato”.
Sobre la garantía de fiel cumplimiento, señala que se compromete a brindar “plena tranquilidad a la administración” mediante la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento —equivalente al 5% del contrato, unos 4,1 millones de euros— por una nueva que cumpla con las condiciones que el gobierno considere adecuadas.
De acuerdo al gobierno, la garantía no se presentó en tiempo y forma, además de que la firma financiera que otorgó el aval bancario no existiría.
Declaraciones
“Las declaraciones públicas recientes han generado un impacto reputacional negativo e injustificado para el astillero, afectando también la percepción de confianza entre nuestros proveedores locales e internacionales. Esta situación, que lamentamos profundamente, podría repercutir indirectamente en los plazos del proyecto. Reiteramos que no existe incumplimiento alguno ni perjuicio para la administración, y manifestamos nuestra plena disposición a aclarar cualquier aspecto técnico o contractual pendiente”, agrega.
En este sentido, la empresa hace un llamado al diálogo con las autoridades. No obstante, advierte que, si ese intercambio no se produce, se "reserva el derecho de ejercer acciones legales" para proteger sus "legítimos derechos e intereses".
La rescisión del contrato fue anunciada el pasado miércoles por el presidente Yamandú Orsi, junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz.
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