La misma sensación causada por el Loco Abreu cuando picó la pelota en el penal del mundial de Sudáfrica es la que sienten desde ayer muchos oficiales de la Armada uruguaya ante la resolución adoptada por el Gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con Cardama y enviar antecedentes a la Justicia por la posible comisión de delitos de estafa y fraude.
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Cardama y el golpe de timón del gobierno de Orsi
Caras y Caretas Diario
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Los antiguos buques de madera, impulsados por grandes velas, donde cientos de tripulantes compartían viajes que podían durar largos meses, tenían un sector muy elevado que se denominaba “carajo”. El carajo era, en simples palabras, la pequeña canasta de madera que el palo mayor del buque tenía en su punto más elevado. Es decir, el sitio que se frecuentaba para obtener las mejores vistas.
Sin embargo, debido a su diseño y ubicación, nadie disfrutaba permanecer mucho tiempo en este sector del barco. Allí los distintos movimientos del viaje se sentían con mayor intensidad y esto generaba desde temor a fuertes mareos. Es por eso que, ante una falta cometida, el jefe de la tripulación solía “mandar al carajo” a la persona responsable de los hechos.
En una resolución esperada desde que se inició el gobierno de Orsi, éste decidió mandar a Francisco Cardama al carajo, aunque es un sitio que merece recibir a varios de los involucrados que durante años no solo se beneficiaron de un acuerdo con visos de estafa, sino que hundieron la ya vapuleada reputación de la Armada Nacional uruguaya ante sus colegas del mundo.
“Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato por la compra de las dos patrullas oceánicas”, debido a “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”, anunció en conferencia de prensa el presidente Yamandú Orsi, confirmando las denuncias que varios oficiales de la Armada, empresarios de algunos astilleros en España, algunos periodistas y la actual ministra Sandra Lazo, cuando era senadora, veníamos realizando.
Todos al carajo
El contrato para la construcción de las dos OPV (lanchas patrulleras oceánicas) ha sido largamente tratado por Caras y Caretas en varios artículos, por lo que no vamos a abundar en ellos. Pero sí es importante repasar quiénes fueron los responsables de esta brutal estafa contra el Estado uruguayo llevada adelante durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
El 23 de julio del 2023, en el artículo titulado “Javier García y los fabricantes de «lanchitas del Parque Rodó»”, publicábamos las advertencias hechas por oficiales de la Armada sobre la estafa y fraude que se estaban montando, y la red de funcionarios del Gobierno de coalición, autoridades de la Armada, empresarios y comisionistas. También aventuramos que la maniobra que se estaba llevando adelante perseguía como objetivo secundario poder financiar la campaña política de los sectores involucrados: la Lista 40 del exministro Javier García del Partido Nacional y Cabildo Abierto, a través de la gestión del exsubsecretario de Defensa, Rivera Elgue.
Repasemos un poco cómo se producen estos hechos y cuáles fueron las actitudes llevadas adelante por otro de los responsables, el excomandante de la Armada Jorge Wilson.
Escribíamos en julio del 2023: “El ministro de Defensa, Javier García, anunció la compra de dos lanchas OPV para patrullaje de nuestras aguas territoriales, que es una vieja necesidad de la Armada Nacional para la seguridad y defensa de la soberanía uruguaya. Sin embargo, una vez más, como ocurriera con los aviones Hércules, el negocio deja más incertidumbres que certezas y dudas de poder ejercer con efectividad la custodia de las 350 millas marinas (…) El 17 de julio de este año el ministro Javier García anunció la adquisición por parte del Gobierno uruguayo de dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional que serán comprados al astillero español Cardama a un precio de 82.2 millones de euros. Se trata de dos buques ‘cero kilómetros, cero millas’ y la decisión adoptada se basó ‘en razones técnicas que aportó la Armada Nacional, razones de monto y razones de plazo’”.
Oficiales de la Armada que ya habían recibido información de la crisis financiera por la que atravesaba el astillero de Vigo advirtieron que los plazos manejados eran imposibles de cumplir en caso de llegar a fabricarse las OPV. Prometía el exministro Javier García: “El primer buque —ustedes saben que hay una cantidad ahora que está en el Tribunal de Cuentas, tiene firmas de contrato, etc.—, si todo marcha en esos plazos, estaría entregándose los primeros meses de 2025; los dos buques en 2025, uno al inicio y otro al final, en frases simples. Y justamente eso fue también lo que motivó la decisión que adoptamos en estas horas”.
Realizada la firma, en la que participó la jefa notarial del Ministerio de Defensa, Sonia Acosta Pintos, procesada por el caso de tráfico de personas en una cantera en el departamento de Artigas, el proceso estuvo acompañado de pedidos de informes por la exsenadora Sandra Lazo, denuncias periodísticas, pero, fundamentalmente, por las propias peripecias del empresario español, Francisco Cardama.
Las razones técnicas y financieras de la empresa fueron advertidas y el no cumplimiento parecía estar claro: “Integrantes de la Armada plantean su preocupación, pues han investigado y arribado a la conclusión de que el astillero de Vigo Cardama ‘no ha construido jamás una OPV ni buques militares, lo más similar es un oceanográfico, que era una unidad de control de pesca e investigación marina que fue devuelta por deficiencias técnicas y no cumplía los detalles acordados y su estabilidad era defectuosa’ (en estas manos quieren dejar el futuro de las OPV que serán vitales en el control de las 350 millas de soberanía). El modelo OPV es el C242 y al que alude la información anterior se agrega que fue construido en Astilleros CIES y terminado allí (en Cardama), pero aún está allí porque no lo aceptaron, ya que no estaba construido tal como había sido propuesto, con fallos de estabilidad, entre otros”.
Sobre la situación financiera, ya advertíamos en el 2023: “Fuentes del mundo empresarial de los astilleros nos hicieron llegar su investigación sobre la empresa Cardama y traen otro dato preocupante. Uruguay pagará 94 millones de dólares (los famosos 82.2 millones de euros) por ser la oferta más barata, encargada a una empresa (Cardama) que en el mercado de astilleros español no solo es una de las más chicas, sino que además no está pasando por su mejor momento financiero. Algunas fuentes alertan que, como surge de la propia información de la empresa Cardama Shipyard, su capital social como empresa pequeña es de 800.000 euros; la Armada Nacional pide de garantía 1.500.000 euros que no estarían en condiciones de afrontar; a primera vista un negocio que, si no naufraga, andará por 18 meses en aguas turbulentas”.
Los beneficiados de Cardama
Los beneficiados por esta maniobra pueden haberlo sido en dinero (algo que la Justicia debe dilucidar), pero con todas las pruebas fueron beneficiados, temporalmente, desde el punto de vista político.
Paso la lista de nombres y los beneficios políticos que obtuvieron por esta maniobra:
Senador Javier García. El exministro de Defensa no las tenía todas con él; fuentes del Partido Nacional comentaron en su momento que el cargo de ministro estaba pensado para Gustavo Penadés, el dirigente nacionalista que realmente manejaba los temas de Defensa, pero alguien con mucho olfato declinó la propuesta, que recayó en el dirigente de la lista 40, sector que venía creciendo dentro de las filas nacionalistas.
El improvisado ministro venía haciendo agua ante las filas organizadas de los militares de Cabildo Abierto, y no lograba superar el bochorno de la compra de los aviones Hércules. La maniobra de las OPV sacaba del foco por un momento las disputas internas dentro del Ejército por el relevo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Stevenazzi, que habían tomado estado público.
También García venía resistiendo pedidos de renuncia cuando varios militares presentaron recursos contra la eliminación de los ascensos del grado de capitán a coronel en el presupuesto nacional.
Pero, además de desviar la atención, García tenía que dotar al Gobierno de Luis Lacalle de la confianza que Estados Unidos sentía debilitada cuando las OPV iban a ser adquiridas a una empresa estatal china. “Uruguay sería el primer país de Sudamérica en habilitar la presencia de China en aguas del Atlántico”, habían advertido desde la Embajada norteamericana en Montevideo, y García entendió el mensaje. En tiempo récord, las negociaciones con la empresa China se detuvieron sin mayores explicaciones y salieron a la búsqueda de este contrato, que no “cayó del cielo”.
C.A. Jorge Wilson. La gestión de Wilson no estaba nada sencilla; navegando con viento de proa por las sucesivas denuncias de casos de corrupción dentro de la Armada, llevar adelante este negocio podía alivianarle la carga a la institución, con una imagen bastante deteriorada y la del propio gobierno en la figura de su ministro.
Poniendo su mejor rostro inconmovible, Wilson rechazó, ante el asombro de otros contraalmirantes, los ofrecimientos de las Armadas de Brasil y de Colombia para armar en sus astilleros, los más reconocidos del continente, las OPV. Navegó además contra los informes técnicos de sus propios subordinados que aconsejaban no seguir adelante con ese contrato, y expuso a otros de sus marinos para obrar en sentido contrario.
Rivera Elgue. El exsubsecretario de Defensa, hombre fuerte de Cabildo Abierto en el Ministerio de Defensa, fue quien recibió al exaviador de la Marina, Gerardo “Bocha” Moreira, un exintegrante de la Armada dedicado desde sus oficinas en Canadá a ser vendedor y comisionista de varios astilleros, utilizando sus conocimientos y contactos en el mundo marítimo.
Fue quizás esta maniobra de conjunto la única “bandera blanca” de paz que hizo una tregua en el constante enfrentamiento entre los blancos de la lista 40 y Cabildo Abierto. El objetivo de paz: financiar parte de la campaña electoral de ambos sectores.
Gerardo “Bocha” Moreira. “El excapitán de fragata retirado Gerardo Moreira, conocido en el ambiente marino como ‘el Bocha’, se dedica a representar en Uruguay (a pesar de residir en Canadá) a algunos astilleros. El reconocido astillero alemán especializado en buques de guerra, Lürssen, era uno de los representados por Moreira y también el de Vigo, Cardama. Quizás pueda parecer extraño que seguramente Moreira le presentara la propuesta a Rivera Elgue antes de que cayera la propuesta china (es decir, que maneja información interna), pero es lógico si se piensa que está en las habilidades del oficio de un vendedor, concurrente habitual al despacho del comandante en jefe, el almirante Jorge Wilson. Quien representa en este caso a estos astilleros percibe una comisión de entre el 2,5 % y 3,5 % de la venta (en este caso, un piso de 1.888.000 dólares)”.
Vladimir Suzdalev. Fue quien presentó a través de su empresa la garantía financiera, que ni el BSE ni Abitab en Uruguay otorgaron a Francisco Cardama, como tampoco lo hicieron los bancos y empresas financieras en España. De acuerdo con lo informado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el estudio jurídico Delpiazzo había advertido sobre esta situación en un informe remitido al Poder Ejecutivo en el período pasado. La falsedad del documento se vincula a irregularidades detectadas en torno a Ecommerce Limited, la aseguradora que debía respaldar la garantía.
La información obtenida por el Gobierno indica que Ecommerce Limited era dirigida por un ciudadano ruso de 54 años, Vladimir Suzdalev, quien se presenta como un “líder de alto nivel” con formación en la Universidad Estatal de Yaroslavl, cuyas oficinas están en Rusia, en la localidad de Zavidovo en Konakovskiy District, en la región de Tver Óblast.