Detectan irregularidades
Durante la verificación de los documentos, el Ministerio de Defensa detectó que la aseguradora responsable de la garantía no existía en el domicilio declarado. En su lugar, funcionaba una inmobiliaria, y los números telefónicos registrados no correspondían a la empresa.
Ante esta situación, el Ministerio recurrió a un estudio jurídico en Londres, tal como estaba previsto en el contrato. El informe del estudio concluyó que existían “varios factores de riesgo” que podrían indicar posible fraude u otros delitos.
“La empresa tenía un solo funcionario, su director, que reside en Rusia. Además, los registros financieros muestran que no ha tenido actividad en los últimos años y se encuentra en proceso de liquidación”, explicó Lazo.
La ministra calificó estos elementos como motivos de alarma para cualquier Estado, y criticó a la oposición por intentar politizar el asunto.
No es política
“Confundir esta situación con una chicana política —como ha expresado la oposición— es de la más baja política”, afirmó.
Finalmente, Lazo confirmó que el gobierno avanza en el proceso de rescisión del contrato con Cardama y recordó que el origen de esta situación se remonta a la licitación pública que terminó fracasando, tras lo cual la administración anterior optó por una compra directa a una empresa que no cumplía plenamente con las condiciones requeridas.
“Sabrá la administración pasada, encabezada por Luis Lacalle Pou, cómo se llegó a esto. Nosotros planteamos nuestra preocupación”, concluyó la ministra.
