Carrera sostuvo que la causa, abierta en 2012, fue utilizada en su contra de forma “abusiva”. Recordó que cuando renunció a su banca en el Senado lo hizo para “someterse al Poder Judicial como cualquier ciudadano” y ejercer su derecho de defensa.
“Tú no podés limitar a un ser humano a que ejerza su derecho de defensa y a denunciar. Si salgo a hablar, los derechos que estoy ejerciendo son inalienables. No podés prohibir que una persona se defienda”, insistió.
En esa línea, remarcó que las declaraciones públicas que realiza no buscan intimidar a testigos ni entorpecer el proceso, sino ejercer derechos básicos: “Tengo derecho a defenderme, a hacer denuncias en el ámbito nacional e internacional y también a usar mi libertad de expresión”.
Exposición política y respaldo partidario
Carrera repasó su rol como legislador y dirigente frenteamplista en el período pasado, donde fue referente en pedidos de acceso a la información y proyectos de ley que generaron fuertes enfrentamientos políticos.
“Fui el senador que más pedidos de informes realicé. Estuve en temas como la entrega del puerto y el pasaporte de Marset. Eso me expuso enfrentando al poder. El Partido Nacional me puso en la línea de que había que arrodillarme. Y quiero decirlo claro: a mí no me va a arrodillar el Partido Nacional”, señaló.
El exsenador subrayó que cuenta con el respaldo de sus compañeros del Frente Amplio y en particular del sector 609, que lo acompañan en lo que definió como una “causa infame”.
El trasfondo judicial
La fiscal Sandra Fleitas había solicitado la prisión domiciliaria de Carrera al entender que con sus declaraciones públicas trataba de interferir en la investigación, así como la extensión de la prohibición de acercamiento a testigos. La jueza Olivera rechazó ambos planteos, al considerar que suprimir el derecho a opinar sobre una causa propia equivaldría a un acto de censura.
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