Argumentos para el 1%
En ese marco, "y en tanto en estos días ha circulado información equivocada que refiere al centro de la discusión", señala que el impuesto al patrimonio "es una herramienta, que, además de ser objeto de un intenso debate internacional, se aplica actualmente en algunos países", como:
Argentina, con el Impuesto sobre los Bienes Personales, con tasas de 0,5% a 1,25%.
Suiza, con el Impuesto al Patrimonio que aplican todos los Cantones, sobre el patrimonio neto basado en el saldo de los activos brutos mundiales menos las deudas, con tasas de 0,02% a 1,03%.
Noruega, con un impuesto municipal y otro estatal, tasas sumadas que alcanzan el 1,1%.
España, con el Impuesto al Patrimonio a nivel de Comunidades Autonómicas y el impuesto complementario nacional denominado Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas (sigue vigente pese a su carácter inicialmente temporal de 2022), con tasas de 0,16% a 3,5%.
Colombia, con tasas de 0,5% a 1,5%.
"Otro amplio conjunto de países, aún sin gravar el total del patrimonio neto de las personas, sí gravan activos específicos", agrega la comisión. Este es el caso de: Francia o Portugal, que gravan bienes inmuebles; Italia o Bélgica, que gravan diversos tipos de activos financieros; Países Bajos o Liechtenstein, que en forma combinada con el impuesto a la renta, determinan una renta presunta del patrimonio (activos menos deudas). Otros países, tan diversos como Argelia, Bolivia, Ecuador, Moldavia, Luxemburgo, Pakistán o Túnez, tienen distintas formas de gravar activos patrimoniales.
Reclaman rigurosidad
Agregan los técnicos que integran la comisión que “resulta clave bregar por la rigurosidad de los argumentos y por el no uso de descalificaciones que nada aportan al debate, independientemente de la postura o las valoraciones políticas que se tenga, máxime cuando los mismos se esgrimen desde posiciones de máxima responsabilidad política”.
Finalmente recuerdan que la propuesta “no se limita a un cambio en la estructura tributaria de tipo estrictamente fiscalista”, sino “de tipo finalista, cuyo objetivo es que el país cuente con los recursos, hoy insuficientes, para enfrentar una emergencia nacional, la pobreza que afecta a nuestra niñez y adolescencia”.
