Sostuvo que el actual Gobierno "cumple los compromisos asumidos y asume la responsabilidad, esta sí nuestra, de exigir las mayores garantías, las mayores medidas de protección de modo de poder salvaguardar algo que nos importa mucho que es el cuidado de nuestra fauna marina y a la vez conocer las existencias o no hidrocarburos en nuestro país".
Cuatro empresas
Cuatro empresas recibieron fueron habilitadas para inspeccionar un área total de 44.182 km2 a profundidades de entre 50 y 5.000 metros. Se trata de Searcher Geodata (Reino Unido), CGG Services (Francia), APA Exploration (EEUU) y PGS (Noruega).
Podrán realizar un relevamiento de tipo sísmico tridimensional del lecho marino desde un buque que emitirá ráfagas de aire comprimido a alta presión con el fin de crear ondas acústicas hacia el fondo marino.
"Aumentamos los controles significativamente, se exige la presencia de cuatro observadores marinos, especialistas en fauna marina, y además habrá presencia de vigilancia del Ministerio de Ambiente", amplió Ortuño.
Medidas de control
Entre las medidas de control y mitigación se destaca que la prospección sísmica podrá realizarse únicamente en el período comprendido entre noviembre y abril; y los buques sísmicos deberán mantener una distancia mínima de 100 kilómetros entre sí.
Asimismo, no se podrán activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos, tortugas y pinnípedos (focas, lobos, leones y elefantes marinos) en un radio de 1.000 metros desde la fuente de sonido, y deberán apagarse inmediatamente ante la presencia de cetáceos en el radio de mitigación de 1.000 metros y de 600 metros para tortugas y pinnípedos.
Las firmas deberán compensar económicamente a las empresas con permisos de pesca que hagan uso frecuente del área de influencia del proyecto y que efectivamente demuestren una afectación a su actividad por pérdida de captura, por desplazamiento de buque o por desplazamiento o daño de arte de pesca.
Comprometidos con el ambiente
"Estamos conscientes, comprometidos, sensibilizados con la necesidad de la protección de nuestra biodiversidad marina", sostuvo el ministro. Y agregó: "No en vano Uruguay es de los 60 países que impulsó la firma del Tratado de Protección de la Biodiversidad Marina en París hace pocos meses, liderando estos temas, pero creemos que podemos dar continuidad a estos esfuerzos que ha hecho el Uruguay ya desde larga data para conocer si tenemos o no tenemos hidrocarburos con estas medidas de protección, pensando y enmarcando estas actividades en un proyecto de desarrollo sostenible del país".
El potencial impacto en la biodiversidad es uno de los cuestionamientos que despertaron en la sociedad civil una vez conocido el proyecto y que motivó a organizaciones sociales a la junta de firmas y el anuncio de una movilización a las puertas del ministerio, la primera contra la nueva gestión de Gobierno derivada de una decisión oficial.