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Política Arazatí |

"Un alivio"

Cosse celebró que el juez frenara el proyecto Arazatí

“Lo siento como un alivio. Me parece que es importante que se hagan todos los estudios ambientales, que no se apure el proceso", dijo Carolina Cosse.

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La precandidata del Frrente Amplio (FA), Carolina Cosse, consideró “un alivio” la decisión del juez Alejandro Recarey quien ordenó que OSE "no suscriba el contrato" con el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción y puesta en marcha del proyecto Arazatí -también conocido como Neptuno- en el djepartamento de San José.

Según la sentencia, Recarey considera que "hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable". Esto sería una "infracción constitucional".

Para Cosse es un alivio

“Lo siento como un alivio. Me parece que es importante que se hagan todos los estudios ambientales, que no se apure el proceso y que se estudie profundamente”, afirmó Cosse al respecto.

A juicio de la precandidata, las observaciones del Ministerio de Ambiente dan “en el corazón” del proyecto.

“Las observaciones que hizo el Ministerio de Ambiente le dan en el corazón del proyecto, las preguntas que están haciendo son sobre cómo van a transportar, cómo van a responder a la salinidad, cómo van a asegurar la potabilidad; son buenas observaciones y no se pueden responder en dos días, así que me parece bien”, indicó en rueda de prensa durante la noche del lunes.

“Confío en la Justicia de mi país. Lo que digo es que como uruguaya siento un alivio en que haya habido un parate en un proyecto que fue muy cuestionado en su oportunidad", agregó.

Fallo del juez

El juez Alejandro Recarey resolvió este lunes hacer lugar a la imposición de una medida cautelar de no innovar y emitió una sentencia interlocutoria que ordena a OSE no suscribir el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, para la construcción de una nueva planta potabilizadora en la zona de Arazatí para abastecer de agua potable al área metropolitana.

El magistrado entiende que “hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable” en infracción al artículo 47 de la Constitución y eventualmente, a la Política Nacional de Aguas. Según la resolución judicial, “será el privado el que diseñe, construya y mantenga la infraestructura“ y que OSE dejaría de ser “productora” de agua potable para pasar a ser solamente “distribuidora”.

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