Durante una comparecencia ante la comisión que estudia el proyecto de reforma previsional Crysol, organización que reúne a los expresos y presas políticas, cuestionó la iniciativa del Poder Ejecutivo, a la que calificó como hostil y planteó la reforma de un artículo que, entienden, si se aprueba los perjudicará.
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Ante los legisladores Gastón Grisoni, titular de la organización, señaló que el proyecto de ley denota una "gran animosidad y hostilidad" hacia los expresos políticos. En especial, dijo, si se toman en cuenta algunos planteos que Cabildo Abierto (CA) pretende incorporar al texto.
Recordó que este partido pretende eliminar que la Pensión Especial Reparatoria (PER) otorgada a los presos entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, no sea cobrada una vez fallecido el titular. De esta manera Cabildo quiere anular un decreto del presidente Tabaré Vázquez por el que, una vez fallecido el beneficiario, la pensión seguirá siendo cobrada por cónyuges, concubinos o hijos menores sin más trámite. La PER equivale hoy a $ 44.000.
"No nos sorprende", dijo Grisoni. "Se trata de una organización que ha reivindicado lo actuado por los principales criminales de la historia uruguaya". Sostuvo que la afirmación es falda ya que las pensiones reparatorias, dijo, no son "hereditarias", sino que se transmiten de la misma forma que en el resto del sistema, o sea a cónyuges, hijos menores o discapacitados.
Por otra parte Grisoni cuestionó el artículo 65 del proyecto que establece que las pensiones deberán ser establecidas en función de un "salario básico de pensión" del equivalente a la jubilación o retiro que le hubiera correspondido al causante a la fecha de su fallecimiento, con mínimo igual a la asignación por incapacidad total. Y llamó la atención sobre el artículo siguiente.
Este indica que todas las viudas, divorciadas o concubinas cobrarán el 75% de ese "salario", siempre que exista núcleo familiar o concurrencia con hijos no integrantes del núcleo o padres del causante. Si se trata solo de viudas, concubinos o hijos, será del 66%. En el caso de divorciados o padres de causante, el 50%.
A juicio de Crysol esto implicará una reducción de los montos que se perciben en prestaciones por supervivencia generadas por pensiones especiales reparatorias otorgadas a expresos políticos, que hoy reciben el 100% de esa prestación.
"A nuestro entender se trata de un acto vil de ensañamiento hacia los familiares de los ex presos políticos", aseguró Grisoni.
Crysol presentó una propuesta de modificación del artículo 66, que plantea que se eliminen todas las restricciones y volver esta pensión "compatible" con el resto de jubilaciones y pensiones del sistema.
En opinión de Grisoni se trataría de un "verdadero acto de justicia con centenares de luchadores sociales y políticos que jugaron un papel decisivo en la reconquista democrática y de la libertad".