Privatización encubierta
Para la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), se trata de una privatización encubierta del servicio de agua potable. “El Estado será rehén de un contrato por 20 años, en el que deberá pagar millones de dólares por el agua potabilizada, sin control real sobre el proceso”, advirtieron desde la organización.
Esta situación provocó dudas sobre el cumplimiento del mandato constitucional que establece que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que su gestión debe estar exclusivamente en manos públicas, con participación social.
Riesgos ambientales y técnicos
El punto de toma de agua previsto en el Río de la Plata es otra de las alertas encendidas por especialistas en hidrología y medio ambiente. Se trata de una zona de alta salinidad, con presencia de contaminantes y cambios bruscos en la calidad del agua, especialmente durante épocas de sequía.
Esto implica un riesgo para la eficiencia de la potabilización y también para la salud de las personas. “No hay garantías de que el agua captada allí pueda ser tratada de forma segura, y menos aún en condiciones extremas como las vividas el año pasado”, advierten técnicos consultados.
Además, el proyecto no contempla adecuadamente el impacto ambiental sobre el ecosistema costero, una zona frágil con flora y fauna específicas que podrían verse gravemente afectadas por la construcción de la planta y el trazado de nuevas infraestructuras.
Falta de participación y transparencia
Otro aspecto que preocupa a organizaciones sociales y a la academia es la escasa información pública disponible sobre los estudios técnicos del proyecto y la ausencia de instancias de participación ciudadana.
“Se está avanzando con una obra de gran escala sin habilitar un verdadero diálogo democrático, sin consulta a las comunidades locales ni mecanismos de auditoría social”, denuncian desde la CNDAV.
