Para la senadora del Frente Amplio (FA) Silvia Nane la cuestión está clara: la mayoría de las personas postuladas para integrar la directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) no llena los requisitos exigidos. Incluso forman parte, como ya lo ha denunciado su fuerza política, de un intento de los partidos de la coalición de gobierno de politizar a la institución. “Hay nombres que son mensajes políticos”, dijo a Caras y Caretas. La institución fue creada por la Ley 18.446 de 24 de diciembre de 2008, y su fin es dar “mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas se desarrollen en consonancia con los mismos”.
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Nane elaboró un informe con base en un análisis sobre varios aspectos acerca de los nombres propuestos para usar como insumo en la comisión especial del Parlamento que analiza las postulaciones. Se agrega a otro realizado por la Oficina de Servicio Civil que a juicio de la legisladora “no aclara dudas”. En el estudio se incluyeron elementos tales como experiencia, compromiso, formación académica, trayectoria en organizaciones de la sociedad civil. Y el resultado fue desolador.
Usted elaboró un informe sobre las postulaciones a la Inddhh realizadas por partidos y organizaciones sociales. ¿Cuáles son las conclusiones?
Mi análisis me da que mucha gente, que podrá tener la mejor intención de estar ahí, no tiene las competencias ni técnicas ni la idoneidad a partir de la experiencia. El informe considera varias cosas para cada uno de los candidatos. En él consideré como podían aportar desde su currículum, de lo que escuché en las entrevistas, a las competencias que le fija la ley a la Institución de Derechos Humanos. Consideré la experiencia tanto en materia de derechos humanos como en materia de defensoría del pueblo; no podemos olvidar que eso es parte bien importante del trabajo del organismo. Consideré la formación académica, si habían hecho investigación, si alguno de los que la habían hecho pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores; consideré la experiencia profesional porque a veces hay cuestiones de idoneidad que no tiene por qué estar dadas necesariamente por la formación académica. Consideré como aportaba cada uno de los candidatos. En síntesis con este trabajo trate de objetivizar la subjetividad con criterios bien establecidos, para hacerlo lo más objetivo posible. También fueron considerados los aportes al Plan Estratégico de la Institución hasta 2023, los aportes a los ejes transversales del plan, que son étnico racial, género, niñez y adolescencia y diversidad sexual. Y en esas categorías, a grandes rasgos la idoneidad, el aporte al plan y el aporte a las competencias de la institución hice cuatro totales y los fui comparando. Quedaron un montón afuera. Dentro del rango que me había fijado, que era un valor superior a 10 en todos los ámbitos, me quedaron cinco o seis. Eso quiere decir es que si mañana me tengo que sentar a discutir con alguien, puedo discutir sobre criterios bastante objetivos.
Otra investigación que hice fue en sus publicaciones, por ejemplo, si demostraban independencia técnica. Eso es importante. Las instituciones de derechos humanos de acuerdo a los criterios de París tienen que ser independientes del poder político, porque si no, no se puede hablar de derechos humanos. Estos no son unos en unos gobiernos y otros en otros gobiernos. Además la institución tiene categoría A, lo que quiere decir que cumple fehacientemente con los principios de París (Normas elaboradas en el primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, celebrada en París del 7 al 9 de octubre de 1991. NDR). Esto es una evaluación que se hace en forma internacional. La Institución de Derechos Humanos de Uruguay es una institución muy bien conceptuada a nivel internacional.
Parte de fortalecer una institución es entender quiénes tienen la idoneidad para que esta no solamente siga siendo lo que es, sino para que se mejore a efectos de garantizar derechos a la ciudadanía.
Me queda gente afuera, no por una cuestión de idoneidad, sino por la relación entre los postulados y entre sus postulantes. Me parece que no podemos tener, como país, personas que defienden el terrorismo de Estado postulando personas a la Institución de Derechos humanos. El postulante descalifica al postulado. Tengo que entender que piensan lo mismo.
Uno ve los nombres y en algunos casos se sorprende que haya gente que nunca trabajó en el tema. ¿Hay intención política?
Hay nombres que son mensajes políticos. Siendo muy honestos, es gente que no tiene idoneidad. Pero más allá de que no la tenga, es gente que tampoco tiene vocación; no están formados para eso. Hay quienes están en las antípodas del pensamiento, porque una persona que reivindica el accionar del terrorismo de Estado y que reivindica la dictadura, evidentemente no es una persona que pueda estar en una institución de derechos humanos.
¿Se busca politizar a la institución?
Hay intención de politizar. La coalición de gobierno lo ha hecho explícito. Han dicho que quieren hacer una repartija de cargos políticos, algo que está absolutamente alejado de la conformación de la institución. Los principios de París dicen que las instituciones de derechos humanos tienen que ser plurales en su conformación, pero plural no quiere decir darles un pedacito a cada uno de los partidos que gobiernan. Está alejada de eso porque si no, no queda alejada del poder político.
Hay postulantes presentados por legisladores de la coalición.
Yo tengo una posición muy crítica respecto a que los legisladores presenten postulantes. Hay gente que recuerda que en los principios de París se establece que los legisladores también tienen que ser parte. Pero en los principios de París, y en general casi todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, existen los principios rectores y también lo que se llaman observaciones generales, que son como guías de interpretación y aplicación de los principios. Y cuando uno mira las observaciones generales se encuentra que eso es más parte de la tarea legislativa que del hecho de la representación política del legislador. En realidad no habla de presentar personas afines a una filiación político partidaria; no es así que se garantiza el pluralismo. No es un ente autónomo donde la oposición controla al gobierno. Es una institución de derechos humanos. No podemos aplicar la misma lógica. Porque además, si uno aplica esa lógica, ¿qué pasa con las organizaciones de la sociedad civil? Que de hecho son quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos muchos más allá, de repente, que la tarea legislativa. ¿Dónde queda la representación de la sociedad civil organizada en esto cuando uno lo toma como una cuota política?
Hay que recordar que desde la coalición de gobierno se ha descalificado a la institución e incluso se llegó a hablar de eliminarla.
Hubo cuestionamientos a la institución. Cabildo Abierto, por ejemplo, no le quería dar presupuesto porque entendía que no debía existir. Y resulta que ahora están presentando postulantes por parte de sus legisladores. Si tomamos las declaraciones de prensa de sus tres senadores el fin de semana pasado, son espeluznantes en materia de derechos humanos. Los descalifica porque no creen en eso.
Conocidos los informes, ¿qué pasos vienen ahora?
El lunes se hace la primera ronda de votación en comisión. Si no hay un acuerdo, hay un mes para hacer la segunda votación. Esta ya no requiere mayorías especiales, sino que sale por mayoría simple. Luego será la Asamblea General la que decida.
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Los postulados
Nelson Villareal, exsecretario de Derechos Humanos, presentado por la Asociación Nacional de ONG, Observatorio del Sur, Red de Amigos Luis Pérez Aguirre y Mujeres sin Miedo.
Diego Burgueño, referente de la Asociación Toda la Verdad, formada por familiares de víctimas del MLN-Tupamaros, presentado por la diputada nacionalista Nancy Núñez.
El abogado Federico Álvarez Petraglia.
Pablo Galain, investigador y docente de la Universidad Andrés Bello de Chile, recomendado por la senadora Graciela Bianchi.
Sergio Molaguero, presentado por el diputado colorado Omar Estévez, el Centro de Derechos Humanos del Uruguay, el Centro de Oficiales Retirados de las FFAA, el Instituto Uruguayo de Cultura y la Fundación Rioplatense de Estudios.
Fernando Rampa, recomendado por la Organización de DDHH Stop Abuso Uruguay y Movidos por la vida Familias Unidas por Nuestros Niños.
Santiago Mirande, integrante del Colectivo TÁ, presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines.
Carmen Rodríguez, asesora de la División Jurídica de la Inspección General de Trabajo del MTSS, postulada por los legisladores nacionalistas Gloria Rodríguez, Gustavo Penadés, Juan Martín Rodríguez y Daniel Martínez
Daoiz Uriarte, abogado especializado en derecho laboral.
Marcos Israel, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay.
Dardo Rodríguez, director del INAU, recomendado por el diputado Iván Posada.
Isabel Wschebor, historiadora, presentada por la Secretaría de Derechos Humanos y la Comisión de Género y Equidad del Pit-Cnt.
Marcelo Cantón, recomendado por el Centro por la Infancia Jacinta Balbela.
Sofía Maruri Armand Ugón, abogada y máster en Derechos Humanos por la Universidad de Oxford, Reino Unido, postulada por la vicepresidenta Beatriz Argimón.
Javier Palummo, propuesto por Gurises Unidos, Mundo Afro, DNI Internacional y Data Uruguay.
Robert Parrado, propuesto por el diputado del Partido Nacional Javier Radiccioni.
Santiago Ruete, presentado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín.
Óscar Rorra, presentado por Atabaque, Instituto Raíces Afro, Mundo Afro, Uafro y la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro.
Bernardo Legnani Píriz, propuesto por el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech.
Sandra Rivas Zaglio, asesora del despacho de la senadora herrerista Gloria Rodríguez.
La exdefensora del vecino Ana Agostino, presentada por el Claeh, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong), Gurises Unidos, el Instituto Raíces Afro, Cotidiano Mujer y Clan Gubaitase Charrúa.
Jimena Fernández Bonelli, recomendada por la senadora colorada Carmen Sanguinetti, Manos Veneguayas y la Red de Empresas por el Desarrollo Sostenible.
Jaime Saavedra, exdirector de Apoyo al Liberado, propuesto por Anong, El Abrojo, Idas y Vueltas, Red de Amigos de Perico Luis Pérez Aguirre y la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia.
Gloria Robaina, presentada por Gurises Unidos y el diputado colorado Marne Osorio.
La expresidenta del Inisa Gabriela Fulco, propuesta por el diputado blanco Álvaro Viviano.
Tabaré Martínez, presentado por la Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura Afrouruguaya y la Fundación Dianova Uruguay.
Los actuales directores de la Inddhh Mariana Mota y Wilder Tayler fueron propuestos nuevamente por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, por la Comisión Memoria Fusilados de Soca Memorias de la Costa, por Agora-Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria de Soriano Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Soriano, por el Colectivo por Memoria, Verdad y Justicia de Tacuarembó, por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión y por Crysol.
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