Un conflicto con muchas capas
La primera capa del conflicto es BTN, una consultora financiera creada para intermediar en operaciones de alto volumen. Nacida en 2015, BTN operaba bajo distintas denominaciones —incluida Bravind S.A.— y llegó a participar en negocios de magnitud, como la venta de Tienda Inglesa a un consorcio liderado por Goldman Sachs y Klaff Realty, además de otras operaciones como Punta Carretas Shopping y la confitería Carrera.
A la interna, sus socios invirtieron montos importantes y compartían oficina en el World Trade Center.
Según la denuncia presentada por los Najul con patrocinio de Ojeda, BTN también gestionó la venta de la empresa de agua Nukil/Esencial, cuyo pago de comisión es el origen inmediato de la denuncia por apropiación indebida.
Denuncia de abuso sexual
La segunda capa del conflicto: una denuncia de abuso sexual intrafamiliar, presentada en 2021 por Gonzalo Najul uno de los socios denunciados por apropiación indebida contra su padre, su tío y su primo.
Esa denuncia estuvo a cargo de la fiscal de delitos sexuales Alicia Ghione, y derivó en una fuerte controversia cuando, tras anunciar a la familia de la víctima que pediría la imputación, la fiscal decidió archivar la causa.
Esa decisión generó una investigación administrativa paralela, aún en curso. Según la defensa de los denunciados por apropiación indebida, la causa comercial es en realidad una “estrategia de represalia” vinculada a la denuncia por abuso sexual infantil contra la nieta y sobrina de los denunciantes.
Posibles represalias contra los denunciantes de abuso sexual
La tercera capa del conflicto es la batalla económica intrafamiliar que siguió a la denuncia de abuso sexual. Una sentencia civil ya estableció que dos de los denunciantes vendieron a espaldas de Gonzalo Najul un apartamento en Miami perteneciente a los tres hermanos, un fallo que la Justicia interpretó como “contragolpe económico” en el contexto de la denuncia.
Para la defensa de los denunciados por apropiación indebida, ese antecedente confirma que la familia Najul operó coordinadamente para perjudicar a Gonzalo y que la acusación presentada con apoyo de Ojeda replica esa lógica. Para los denunciantes, en cambio, la maniobra de Miami es irrelevante frente al supuesto desvío millonario de comisiones que BTN debía haber recibido.
Se suma el elemento institucional:
se trata del archivo exprés de la causa por apropiación indebida decidido por las fiscales adjuntas Silvia Buzó y Claudia Amoedo, quienes validaron la tesis de que el conflicto penal era parte de la guerra familiar detonada por la denuncia de abuso sexual.
Ese archivo, realizado el mismo día en que asumió la nueva fiscal titular, sin comunicarle la decisión, derivó en que Ojeda presentara el escrito de 70 páginas denunciando irregularidades y pidiendo el desarchivo.
La fiscal Lovesio aceptó revisar el caso, pero simultáneamente elevó la consulta a la Fiscalía de Corte sobre la participación de un senador en un proceso penal.
La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, respondió que Lovesio conservaba independencia técnica, pero su decisión política fue clara y trasladó a las dos fiscales adjuntas que habían archivado el caso.
