El programa es financiado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, encargada de desarrollar iniciativas de cooperación en seguridad, lucha contra las drogas y fortalecimiento institucional.
El puerto de Montevideo, en el centro de la estrategia
Uno de los principales objetivos del acuerdo es reforzar los controles sobre las rutas logísticas que utilizan las organizaciones criminales para trasladar cocaína hacia los mercados internacionales. En ese esquema, el puerto de Montevideo ocupa un lugar prioritario, junto con las fronteras terrestres y las vías de comunicación regionales.
El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Chris Andino, explicó en rueda de prensa que el país presenta características particulares frente a otros territorios de la región. Uruguay no produce coca ni cocaína, sino que funciona como un territorio de tránsito para sustancias que posteriormente son trasladadas hacia otros mercados.
Por esa razón, la estrategia busca identificar los puntos de la cadena logística que permiten movilizar cargamentos y detectar las operaciones que facilitan su salida del país. Andino sostuvo, en declaraciones recogidas por Montevideo Portal, que el puerto es un punto clave para comprender el funcionamiento de esas redes.
En ese sentido, la asistencia estadounidense pretende mejorar el intercambio de información y la coordinación entre los organismos que intervienen en la vigilancia marítima, los controles aduaneros y las investigaciones criminales.
El otro objetivo: seguir el rastro del dinero narco
La segunda prioridad del programa consiste en fortalecer las herramientas para investigar el lavado de activos. El propósito es identificar cómo las organizaciones criminales introducen en la economía legal los beneficios obtenidos mediante el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La investigación no se limita al movimiento de drogas. También requiere reconstruir las operaciones financieras, detectar intermediarios y establecer conexiones entre personas, empresas, bienes y estructuras que pueden estar distribuidas en diferentes países.
En ese marco, la cooperación podrá incluir análisis jurídicos para determinar qué modificaciones normativas necesita Uruguay, el desarrollo de investigaciones y el fortalecimiento de las capacidades de intercambio de información e inteligencia entre instituciones nacionales y extranjeras.
El PCC y las redes criminales de la región
El Primer Comando Capital (PCC), organización criminal surgida en Brasil, también estuvo presente en las conversaciones entre autoridades uruguayas y estadounidenses.
El grupo es considerado uno de los actores relevantes del crimen organizado regional, con operaciones y conexiones en distintos países. Su expansión constituye un motivo de atención para las autoridades, aunque la existencia de integrantes o personas vinculadas a la organización no implica necesariamente que haya una estructura de liderazgo o una base operativa establecida en Uruguay.
Un acuerdo con proyectos todavía por definir
Los US$ 6,5 millones previstos para la etapa inicial permitirán desarrollar una agenda de cooperación específica entre ambos países. Sin embargo, la distribución de los recursos y la selección de los proyectos dependerán del trabajo conjunto que realicen las instituciones involucradas.
Entre las posibilidades mencionadas figuran el análisis de las normas vigentes, el fortalecimiento de las investigaciones, el intercambio de información y la mejora de los mecanismos de cooperación internacional. También se plantea profundizar las capacidades para investigar delitos informáticos, una actividad cada vez más vinculada a las operaciones financieras y al funcionamiento de las organizaciones criminales.
