Naturalmente que debe haber errores como en todas las grandes empresas, privadas y estatales, y debe haber resultados inesperados en muchas de las acciones que se acometen; debe haber incongruencias, desprolijidades, inexperiencia y apresuramientos. Pero no veo delitos, mala fe, irresponsabilidad, desaprensión ni choreo. Veo compromiso de las autoridades, sentido del deber y vocación de servicio.
Veo también intereses comerciales de adversarios empresariales, veo corporaciones y disputa de poderes, veo utilización de las posiciones políticas defendiendo intereses empresariales. Veo un Gobierno mendaz y coimero defendiendo compromisos con actores empresariales que lucran con la salud.
Todo el mundo sabe que el área financiera es un punto débil de la gestión porque desde el inicio de esta etapa de la institución se partió en condiciones en que una empresa de ese volumen no puede funcionar.
Atendiendo a ese marco de problemas, los diferentes partidos se pronunciaron en el Parlamento para respaldar al CASMU, otorgándole por ley una garantía soberana para permitirle afrontar sus obligaciones.
Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública ha impedido que dicha garantía se haya podido efectivizar en su totalidad y se retrasan las entregas de dinero que el CASMU necesita para cumplir sus obligaciones con proveedores, trabajadores y médicos, con empresas con las que se mantienen alianzas estratégicas y con el pago de los bancos y entidades financieras no bancarias que han permitido que el CASMU sobreviva en muy difíciles condiciones, muchas restricciones y muchísima fragilidad.
Fuentes parlamentarias y del sector salud han expresado preocupación por las demoras en el proceso de otorgamiento del último tramo de financiamiento garantizado a la mutualista CASMU. Según estas fuentes, estas demoras podrían estar siendo incentivadas deliberadamente, lo que afectaría la capacidad de la institución para avanzar en su plan de reestructura.
Se señalan puntos claves y funcionarios determinantes en la supervisión del proceso, que han sido señalados como cruciales en este retraso. Según fuentes parlamentarias, se habrían puesto obstáculos arbitrarios para evitar firmar documentos que habilitarían el desembolso del dinero, siguiendo una línea de acción que buscaría extender los tiempos de análisis del plan de reestructura presentado por la mutualista. Adicionalmente, se manejaría la posibilidad de que en los próximos días se enviaran consultas teóricas y pedidos de información financiera que podrían generar mayores dilaciones.
Este panorama se agravaría con la noticia de que quien encabeza la evaluación del plan por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) estaría de licencia hasta el 20 de enero. Esto podría postergar aún más el avance del proceso, generando incertidumbre tanto para los trabajadores del CASMU como para los usuarios que dependen de la mutualista.
Según analistas jurídicos consultados, la demora en el desembolso contraviene la normativa vigente, que establece la obligatoriedad de otorgar los fondos garantizados por la ley y especialmente aprobados por unanimidad para CASMU. Al respecto, basta con consultar la ley. En realidad, basta leerla.
“Resultaría paradójico que quienes supervisan la gestión financiera de una mutualista como CASMU, que tendría un plan de reestructura en marcha, sean los mismos que habrían incurrido en un desborde de endeudamiento estatal”, opinó un experto en finanzas públicas que prefirió mantener el anonimato, y quien recuerda el reciente anuncio de que el Ministerio de Economía y Finanzas habría superado el límite de deuda pública establecido para 2024.
La situación de CASMU no solo evidencia los desafíos internos de la mutualista, sino que también pone de manifiesto la necesidad de mayor transparencia y eficiencia en los procesos de evaluación y otorgamiento de fondos garantizados, en un contexto donde la salud de miles de usuarios está en juego.
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¿Para cobrar hay que hacer descuento?
¿Quién paga las deudas de Asse?
Por Iván Mourelle
Las deudas de ASSE con el sistema mutual son multimillonarias. La información, que se hizo pública, por lo menos en la correspondiente al CASMU, no estaba en conocimiento de la ministra Rando.
Luego del planteo realizado por las autoridades de la mutualista, los 600 millones de pesos (15 millones de dólares a la cotización del momento) fueron abonados en cuatro cuotas mensuales y consecutivas, pero con una condición: que se realizara un 10 % de descuento.
Pero ASSE siguió contratando servicios del CASMU, y la deuda hasta fines de octubre superaba los 8 millones de dólares. Ante los “temores” del Sindicato Médico del Uruguay sobre consecuencias a futuro, de la oposición al Directorio encabezada por el Dr. Niggemeyer y de algún integrante del sistema político con vinculación al sistema mutual de un “déficit en la calidad asistencial”, resulta curioso que nadie mencione las deudas de 160 millones de dólares que la principal mutualista del país mantiene con el sistema mutual en general.
Las demoras en los pagos superan el año y las deudas van aumentando porque ASSE sigue contratando los servicios que no puede prestar, lo que demuestra su insolvencia económica.
Por supuesto que aún está para resolver la situación de la ex Casa de Galicia, con sueldos y demás adeudos a cobrar. El temor está instalado en el sistema: “Si insistimos en el reclamo, seguro no cobramos”.
