En efecto, el programa frenteamplista establece en el capítulo 2, de “Transición ecológica justa”, su cuarta acción prioritaria para profundizar la transición energética “generalizando el uso de energías renovables y la descarbonización de la economía y el transporte”. Además, “en lo que respecta a la exploración y extracción de fuentes de energías fósiles”, prevé convocar a un diálogo nacional “para analizar sus impactos y alternativas”. Para Perrachón, esta iniciativa no está comprendida con la fase de audiencias públicas dentro del proceso de Autorización Ambiental Previa, ya que de esta forma se contempla a cada “actividad puntual”, por separado. En vez de analizar que se trata de “un punto en una cadena que termina en la extracción de combustibles fósiles, y en el consumo de esos combustibles”, apuntó.
A un proceso como el del Diálogo Social de la Seguridad Social o el de Evaluación Ambiental Estratégica del hidrógeno verde, “que es un estudio más global”, es a lo que desde Casa Grande entienden que el Gobierno debe apuntar. El diálogo nacional es “un proceso serio, que lleva más de 1 año”, detalló, donde se hacen talleres “por todo el país, hay intercambio, y personas especialmente contratadas para relevar las opiniones en la sociedad”, explicó.
La visión del Poder Ejecutivo
A principios de diciembre, en una sesión de la Comisión Especial del Frente Marítimo, Río de la Plata, Laguna Merín y Antártida de la Cámara de Diputados, se presentaron los ingenieros Santiago Ferro (gerente de Transición Energética) y Pablo Gristo (jefe de Exploración y Producción) de Ancap. Según consta en la versión taquigráfica a la que accedió Caras y Caretas, en la comparecencia Ferro destacó que, pese a que en el mundo la producción y el consumo de las energías renovables crece, “ninguna fuente de energía ha decrecido a nivel global a lo largo de la historia”. El jerarca de Ancap complementó que todas las fuentes de energía (carbón, petróleo y gas) “han crecido [en consumo] a lo largo de la historia de la humanidad” en términos absolutos, aunque hayan disminuido su peso relativo por el auge de otras fuentes.
Ferro aclaró que “la energía eléctrica representa menos de la cuarta parte de la energía total” que se consume en el país: “Hay mucho más: transporte, calentamiento, enfriamiento” que no dependen de las energías renovables con las que se produce electricidad. “Por unas cuantas décadas más van a coexistir las dos fuentes. Van a competir, y van a complementarse las fósiles y las renovables”, explicó respaldandose en estudios de tendencias internacionales.
Por su parte, desde el MA explicaron en un comunicado emitido a mediados de diciembre que las cuatro resoluciones prevén que se hagan “controles y seguimientos durante el desarrollo de la actividad” con inspecciones en los buques y planes “para verificar que se cumplan las medidas ambientales establecidas”. En los proyectos autorizados “de manera precautoria”, se amplió de 500 a 1000 metros la distancia de seguridad sobre los buques “para evitar impactos en ballenas, delfines, tortugas y lobos marinos”, se señaló. En caso de “detectar la presencia de estos animales dentro de las distancias definidas, la actividad debe detenerse”, y también se exige a las empresas “fortalecer los equipos con observadores de fauna marina especializados a bordo, junto al uso de sistemas acústicos para detectar a los animales”, se detalló.
La cartera de Ambiente estableció restricciones a la exploración petrolera entre mayo y octubre, para evitar que la actividad de los bombardeos sonoros “coincida con el período de mayor presencia de fauna marina en la zona”. Complementariamente le exige a las empresas “el monitoreo de ruido submarino para comprobar que los niveles reales coinciden con los previstos por los modelos matemáticos de propagación de ruido en el medio marino”. Para el sector pesquero determinó que se deberán pagar “compensaciones económicas si se comprueba una disminución en la captura”, mientras que obliga a monitorear el efecto de las ondas sonoras “sobre el ahuyentamiento temporal de peces de interés comercial, así como la afectación a sus huevos y larvas”, explicó el Ministerio.
Por último, el Ministerio encomendó a las empresas a apoyar obligatoriamente “a los sistemas de monitoreo de varamientos de fauna marina en la costa, contribuyendo a mejorar el conocimiento y la sistematización de la información”, en el entendido de que la prospección sísmica profundiza este fenómeno.
¿No alcanza?
Desde Casa Grande, Perrachón recordó que los científicos del Panel sobre Cambio Climático explican que, “si no se baja un 40 % el consumo de combustibles fósiles en 5 años y un 60 % en 10 años, será imposible mantener la temperatura global por debajo del aumento de 1 grado y medio [celsius]”, de acuerdo a los niveles preindustriales. “Eso es lo que se proponía el Acuerdo de París”, subrayó.
Aún así “algo que está bueno es que el Ministerio de Ambiente mejoró [la regulación] y le puso más restricciones a las empresas”, matizó. Los costos para proteger el medio ambiente por parte de las compañías “aumentaron, y eso está bien”, reconoció. Pero “son daños que van a ocurrir igual y capaz que lo primero es decidir si Uruguay quiere seguir usando petróleo”, remató.
Las fuerzas sociales
En el correr de 2025, tres colectivos que integran la Red Unión de la Costa entregaron al Gobierno miles de firmas en contra de la exploración petrolera, así como acciones judiciales y administrativas. Por un lado, la organización Amigos del Océano, de Maldonado, presentó junto a mediados de noviembre más de 1800 firmas en Presidencia, solicitando que se descarte el proyecto. Este colectivo presentó junto a la organización no gubernamental (ONG) Derechos con Voz un recurso de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) el martes 16. Con el patrocinio de la Dra. Valentina Piquinela, cuestionaron las cuatro resoluciones ministeriales que habilitan ambientalmente la búsqueda de petróleo, según informó Búsqueda y confirmó Caras y Caretas. El TCA es un organismo independiente del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, y tiene jurisdicción solamente sobre los actos administrativos definitivos.
El 15 de diciembre, Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) entregaron más de 21 mil firmas en el Ministerio de Ambiente rechazando la habilitación de la búsqueda de petróleo. Bajo el patrocinio del abogado Pedro Riera, estas organizaciones presentaron a mediados de noviembre “una medida cautelar de no innovar para detener de forma inmediata todas las actividades vinculadas a los contratos de exploración y prospección sísmica”. El pedido presentado ante juzgado letrado de materia civil es preparatorio de un juicio ordinario de nulidad absoluta, que busca "suspender perforaciones, estudios sísmicos y cualquier movimiento de buques especializados hasta que exista una sentencia firme sobre la validez de los acuerdos". El proceso judicial se encuentra en curso, aunque no ha logrado la suspensión de la actividad. A su vez, Mar Libre de Petroleras denunció en julio el proceso de habilitación ambiental ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, y esta última exhortó a Ancap, el MA, y el MIEM a suspender el proceso.
El 17 de diciembre, la ONG Trato Ético Animal presentó por su cuenta un recurso administrativo de revocación y jerárquico ante el MA “para revocar las habilitaciones otorgadas” a las empresas que pretenden realizar prospección sísmica, según informó en sus redes sociales. Esta ONG está liderada por Rita Rodríguez González, representante de las protectoras de animales ante el directorio del Instituto Nacional de Bienestar Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Por Agustín Büchner
