Respuesta a la denuncia contra Cardama
Desde el gobierno señalaron que se trató del primer accionar judicial de la empresa española en respuesta a la denuncia anunciada el pasado 22 de octubre. De acuerdo con el Código General del Proceso, antes de iniciar una demanda se debe solicitar una audiencia de conciliación con la futura parte demandada.
El pasado 22 de diciembre, la ministra Lazo confirmó que el Estado no autorizará nuevos pagos al astillero hasta que se resuelva la denuncia en curso vinculada al contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.
“Todo está en stand by”, indicó, y aclaró que solo se liberarán fondos si se cumplen los hitos contractuales previstos, como la instalación de los motores.
Gobierno amplió denuncia
Un día después de esas declaraciones, el gobierno amplió la denuncia contra Cardama. El contrato para la adquisición de los buques fue firmado en 2023, durante la administración de Luis Lacalle Pou, por un monto de US$ 92 millones.
El presidente Yamandú Orsi explicó que la decisión de rescindir el contrato se adoptó tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, luego de constatar que la empresa que debía otorgar el aval se encontraba en proceso de liquidación.
En paralelo, el Ministerio de Defensa informó que inspectores uruguayos se encuentran en España, junto a una segunda auditoría de la calificadora internacional Bureau Veritas, para verificar el avance real de los trabajos. Lazo expresó su preocupación por la reciente aceleración de las obras y advirtió que Uruguay no cederá en los estándares de calidad, al considerar que de ello depende la seguridad del personal naval.
