El gobierno no debe quedar impune

La decisión originó una andanada de furibundas críticas de la jauría derechista, con la inefable senadora Graciela Bianchi a la cabeza, quien volvió a atacar al Poder Judicial. Evidentemente, esta leguleya -que padece amnesia selectiva- olvidó la lección del principio de separación de poderes, agraviando la prédica del Barón de Montesquieu, célebre filósofo y jurista francés.

El anuncio culminó un culebrón mediático de consumo masivo digno de la mejor tradición de las telenovelas argentinas, brasileñas, venezolanas o turcas, por las exacerbadas actitudes de la funcionaria, que lesionaron la imagen de la Fiscalía.

En ese contexto, el enojoso incidente que mantuvo con el fiscal subrogante Fernando Romano, su insólita imputación contra el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal y el pedido de sumario de la defensa del exfuncionario contra ella la situaron en el borde de la cornisa.

Fossati, quien posee un temperamento muy fuerte, tiene un conflicto de conciencia, porque sabe bien que no investigó a fondo todas las implicancias políticas de la causa.

Solo ella tiene claro por qué actuó de ese modo y, en ese contexto, cuando se sintió atacada, demostró su cerril intransigencia, demandando al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al director de Caras y Caretas, Alberto Grille, y ahora a su colega, Fernando Romano, acusándolo de acoso.

Lo cierto es que la verdad pura y dura está en el audio de la conversación que mantuvo con nuestro compañero Carlos Peláez, difundido en el programa periodístico Legítima defensa.

En ese contexto, la magistrada “desnuda” su alma cuando confiesa, nuevamente, que “la investigación no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes”, al tiempo de calificar la causa como “una bomba de tiempo” y afirmar que “a nadie le interesa” que se resuelva.

No es novedad que Fossati no confiaba en la Policía, ya que, según lo admitió, debía chequear la información recibida por lo menos dos veces, de acuerdo al testimonio de los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, quienes fueron citados con relación a las actividades de espionaje a las cuales fueron sometidos por parte de Astesiano.

Después de esta confesión, contenida en un audio cuya autenticidad no está en tela de juicio, debió ser relevada ipso facto porque una magistrada que no confía -obviamente con razón- en quienes deben apoyarla desde el Estado no puede seguir actuando en un caso de grosera corrupción que implica al poder.

Hace cinco años, Fossati ya manifestó sus reservas en torno al actual Código General del Proceso. En efecto, en 2018, la fiscal expresó sus discrepancias con la aplicación de la nueva normativa vigente desde 2017, cargando sus tintas contra el por entonces fiscal general de Corte, Jorge Díaz, quien ejerció la titularidad del organismo desde 2012 hasta fines de 2021, cuando renunció anticipadamente, harto de las presiones políticas y los cuestionamientos, particularmente de Cabildo Abierto, que lo acusó abiertamente de connivencia con la izquierda.

Fossati, que protagonizó en el pasado agrias disputas con colegas y que fue suspendida en 2006 por abuso de autoridad, lanzó furibundas invectivas contra la nueva arquitectura judicial, que, a su juicio, no daba garantías para investigar a personas cercanas al poder. Desde el Ministerio Público respondieron y catalogaron estas palabras como “agraviantes”.

Incluso eligió en ese momento Twitter para hacer sus descargos. “La sola idea de una Justicia ‘politizada’, demasiado cercana a un sector político, que permite que su adherencia contamine su tarea, debilitaría la imagen institucional y abriría espacios de duda sobre su trabajo”, comentó en el penúltimo año del gobierno del Frente Amplio. No tenemos claro si Fossati, que incursiona en las redes sociales con frecuencia y padece evidentemente una suerte de incontinencia verbal, recuerda sus reflexiones de hace cinco años.

Lo concreto es que ese comentario la puso en el foco, como una díscola que dudaba por entonces de las garantías de la flamante normativa. Pese a que pasaron virtualmente inadvertidas, sus contundentes apreciaciones eran sorprendentemente críticas.

Esas definiciones derivaron en el malestar en la Fiscalía de Corte, que las consideró improcedentes.

Aunque ese fue el origen del enfrentamiento entre Fossati y Díaz, que habría originado el traslado de la magistrada a una fiscalía que investigaba casos del código anterior, la tirantez entre ambos se tornó más notoria. “Ello demuestra que las garantías no están”, sostuvo en aquel entonces la profesional, quien entendió como un agravio su movimiento dentro de la institución.

Sin embargo, cinco años después, Gabriela Fossati procedió contra sus propias convicciones y asumió la investigación de las actividades delictivas del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, sin cuestionar en modo alguno la normativa. Solo ella sabe el motivo real de su cambio de actitud.

En aquellas circunstancias, el nuevo código -según se infiere de sus palabras- politizaba a la institución, y eventualmente impedía investigar a quienes detentaban el poder. La pregunta que le formulamos es: ¿mantuvo sus convicciones o, como el gobierno es otro, se adecuó a las circunstancias y se resignó a no investigar hasta el hueso, al aplicar una pena tibia al excustodio presidencial e ignorar una montaña de pruebas que implican a altas jerarquías gubernamentales?

Cuando un funcionario del Ministerio Público que tiene tanta exposición mediática como ella, y por ende está sometido al escrutinio público, actúa en un proceso judicial pesado y contaminado por la política, debe recordar lo que afirmó hace menos de cinco años.

La segunda pregunta es: ¿en 2018 sus reflexiones fueron un mero impulso emocional o realmente tenía la convicción de que el nuevo código, por acción u omisión, blindaba al poder? Es obvio que Fossati piensa lo mismo que entonces. La diferencia es la coyuntura histórica y quienes ostentan hoy el gobierno.

Aunque esta interrogante solo puede responderla ella, es claro que, desde el comienzo de esta causa, tenía la convicción de no asumir riesgos y, con sus actitudes ambiguas, blindó al gobierno.

La expectativa es que la nueva fiscal Sabrina Flores saque este paquete pestilente de corrupción del congelador y abra nuevas líneas de investigación, que deberían probar la flagrante responsabilidad política con apariencia delictiva del gobierno.