El gobierno tropieza por tercera vez con la misma piedra

Por su parte Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) sostuvo que “acá hay un negocio financiero. El presidente de la República dijo que la OSE no va a pagar nada, pero es una verdad a medias. No va a pagar nada por la construcción, pero una vez terminada la planta y se habilite para la operación se le va a pagar al inversor un canon de millones de dólares. Y el dinero saldrá de las tarifas”.

Agregó que “le parece raro que digan que el proyecto no vulnera el artículo 47 de la Constitución de la República porque la empresa pública lo opera y el privado lo mantiene. Queremos alertar que cada vez que exista un problema de agua potable va a ser un problema de operación o de mantenimiento”, dijo Kreimerman.

El 31 de octubre del 2004 el 64,8% de los uruguayos votó a favor de una reforma constitucional en defensa del agua, incorporando a la Carta Magna la calificación del agua como un derecho humano, sentando las bases para que su gestión se realice exclusivamente en forma pública.

El mecanismo de democracia directa fue puesto en marcha por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (Cndav). Esta comisión se conformó en el año 2002 como respuesta a la firma de la Carta de Intención entre el gobierno uruguayo y el Fondo Monetario Internacional en la que se comprometía la extensión de la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento a todo el país.

La privatización había comenzado en el departamento de Maldonado, con la presencia de la multinacional francesa Suez Lyonnese Des Aux en primer lugar, y luego continuó con la española Aguas de Bilbao.

Desde el punto de vista social se excluyó a amplios sectores del acceso al agua potable por no poder cubrir el costo de la conexión al servicio. Servicio que por otra parte se degradó considerablemente en su calidad, con respecto al que prestaba la empresa estatal. Tanto, que los organismos de contralor recomendaron que el agua no se consumiera directamente ya que no presentaba condiciones de potabilidad.

Desde el punto de vista económico, el negocio fue pésimo para el Estado uruguayo. Las empresas no cumplieron con los cronogramas de obras previstos en los contratos y tampoco pagaron los cánones previstos, acudiendo a una serie de reconsideraciones contractuales con el Estado, que asumió las pérdidas ocasionadas en cada caso.

Desde el punto de vista ambiental fue un desastre porque la empresa Aguas de la Costa fue responsable de la arruinar definitivamente a la Laguna Blanca, la que utilizaba como fuente para la potabilización, considerada la segunda reserva de agua potable del departamento.

Ahora, ante el proyecto Arazatí, Lacalle Pou consideró que no se violaba la Constitución porque “el proyecto aprobado por OSE solo refiere a la potabilización del agua, no al suministro”.

Sin embargo, el párrafo b del inciso 1 del artículo 47 de la Constitución establece que “la política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas”, algo que la resolución de OSE no contempla.

En tanto el párrafo 3 del mismo artículo establece que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Pero la Constitución también ordena que “toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto”.

Ocurre que cada vez que se menciona alguna injerencia privada en el agua potable vuelve a la memoria la siniestra experiencia que vivió el departamento de Maldonado durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, padre del actual mandatario.

Dos privatizaciones que hicieron agua

Más que cambios en el servicio de agua potable, lo que el departamento de Maldonado necesitaba en los 90 era saneamiento. El abrupto crecimiento provocado por el desarrollo edilicio a partir de 1976, con el consiguiente crecimiento de barriadas enteras de trabajadores inmigrantes, provocaba problemas de contaminación en las playas. Lo único que Punta del Este tiene para ofrecer a los turistas.

Hasta principios de los 70 la población de todo el departamento no pasaba de los 50.000 habitantes. Pero el desarrollo generado por la “plata dulce” argentina hizo que a principios de los 90 fueran unas 150.000 personas las radicadas fundamentalmente en Maldonado capital, Punta del Este y toda la zona de influencia que va desde Portezuelo hasta José Ignacio.

Se ensayaron entonces soluciones para enfrentar el problema de la contaminación visual, aunque la mayoría de las ciudades seguían sin contar con una red de saneamiento, más que en las pequeñas plantas urbanas.

OSE construyó primero una planta en Punta de la Salina, la zona más austral de la península, que en realidad lo único que hacía era contener los sólidos y permitir la evacuación de líquidos hacía el mar.

Cada mañana la materia orgánica era retirada en camiones, con posterior traslado por la costa de playa Brava hasta su destino final en las piletas de oxidación ubicadas al fondo de Maldonado Nuevo, casi junto al arroyo Maldonado.

En 1994 OSE inauguró lo que pomposamente denominó “planta de tratamiento de aguas servidas” a un costo varias veces millonario en dólares y que se ubica frente a Piedras del Chileno, a la altura de la parada 39 de la Mansa.

La planta siempre funcionó mal provocando olores muy desagradables justo al ingreso del principal balneario de la costa atlántica.

En 1990, a principios de su primer gobierno, el intendente Domingo Burgueño dijo que “o se resolvía el problema del saneamiento o Punta del Este debía bajar la cortina”. Entonces apareció el presidente del BID, Enrique Iglesias, quien en un foro organizado en el 5º piso del edificio comunal afirmó que “el organismo que presidía estaba dispuesto a prestar 200 millones de dólares para construir la red de saneamiento en todo el departamento”.

Eran los tiempos en que la comuna comenzaba a recaudar algo más de 100 millones de dólares al año. Pero algo ocurrió camino al saneamiento porque imprevistamente, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, cambiaron las reglas del juego y se levantó la bandera de la privatización. Y no solo del saneamiento: también del agua potable, una exigencia del Banco Mundial.

El primer desastre

Casi al fin de su mandato, Luis Alberto Lacalle adjudicó a la empresa constructora Niver Benencio, propietaria de Aguas de la Costa SA, los servicios de agua potable y saneamiento en una zona que a partir de entonces fue conocida como “el este del arroyo Maldonado” y que comprendía a los balnearios situados entre La Barra y José Ignacio. El proyecto fue aprobado en Diputados y tuvo los votos de los cuatro representantes maldonadenses de los cuatro Partidos (PC, PN, FA y PI). Todo resultó en desastre.

Los vecinos del lugar se resistieron a conectarse al servicio porque solo de cargo fijo por agua y saneamiento tenían que pagar el equivalente a 100 dólares de la época por mes. Aunque el costo del metro cúbico de agua era mucho más barato que lo que cobraba OSE.

Curiosamente eran socios y jerarcas de la nueva empresa, algunos exjerarcas de OSE, incluso su exgerente regional.

La Barra había vivido momentos de zozobra con el abastecimiento de agua durante veranos anteriores. Los residentes del lugar llegaban a desesperarse porque o bien salían gotas por las canillas o bien se quedaban sin agua.

Por eso los que se oponían a la privatización no contaron con el apoyo de los mayoritarios propietarios extranjeros. Sin embargo, con el correr del tiempo estos comenzaron a percatarse de que pagaban más por consumo de agua que por contribución inmobiliaria. Y que sus propiedades se desvalorizaron rápidamente porque ya nadie quería comprar en un lugar con servicios tan caros.

La empresa se vio obligada a negociar con los residentes de todo el año. Pero eso le provocó un desfasaje financiero que la obligó a vender gran parte de su paquete accionario a la española Aguas de Barcelona.

La fuente de agua potable empleada por la empresa era Laguna Blanca, ubicada en la zona de Manantiales y definida como la segunda reserva del departamento y una de las más puras del interior. Por lo menos hasta que la tomó Aguas de la Costa.

La incentivación del consumo de agua provocó que la laguna se secara en el primer año y como no hubo estudios de impacto ambiental ni del origen de los recursos hídricos, la empresa recurrió a lo más fácil: tendió un caño de 14 kilómetros y comenzó a succionar agua del arroyo San Carlos para llenar la laguna Blanca.

El mencionado arroyo, además de lugar de baños, era el vertedero natural de las aguas residuales de los carolinos. El curso presentaba un altísimo grado de contaminación y varios técnicos señalaron que había “riesgo de muerte para quienes se bañaran en el lugar”.

Los carolinos perdieron su lugar natural de esparcimiento veraniego porque el arroyo casi se secó convirtiéndose en una charca infecta. La laguna Blanca presentó un alto grado de contaminación y era frecuente que por las canillas “al este del arroyo Maldonado” saliera agua con color, olor y sabor. Es decir, agua no potable.

Todos los gobernantes y dirigentes políticos prometieron estudiar una reducción de las tarifas. Pero fueron solo promesas vanas.

Por eso en verano la zona se llenó de carteles que decían: “Agua sí, robo no”.

El único animal que tropieza dos veces con la privatización

En 1996 OSE anunció que llamaría a licitación para concesionar todos sus servicios en este departamento. Con los antecedentes de Aguas de la Costa la ciudadanía reaccionó inmediatamente y una comisión integrada con vecinos de todos los partidos políticos logró recolectar 36.000 firmas, equivalentes al 40 por ciento del padrón electoral, para oponerse al plan privatizador.

En 1998 con esas firmas se presentaron recursos ante el Parlamento y ante la Suprema Corte de Justicia, sin mayor suerte. A fines de ese mismo año se organizó el primer plebiscito popular y voluntario en el que otra vez 33.000 ciudadanos votaron en contra de la privatización. Pero no fueron tenidos en cuenta.

El empuje decisivo al proceso privatizador lo dio el Foro Batllista, con el vicepresidente de OSE Ariel Moller a la cabeza. El apoyo de la mayoría nacionalista y el del entonces intendente Domingo Burgueño (fallecido en 1998) terminó volcando la balanza a favor de las empresas privadas.

Después de un extenso proceso licitatorio, durante el que se realizaron varias denuncias por irregularidades, se descalificó a una empresa y renunció otra, el servicio fue adjudicado al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, empresa pública propiedad del gobierno del País Vasco, propietaria de Uragua SA.

A dos meses de haber asumido el control del servicio dejó al balneario de Piriápolis sin agua potable durante tres días en plena temporada debido a una incorrecta maniobra de sus ingenieros.

Después la advirtieron por los sobreprecios incluidos en sus facturas; más tarde se comprobó que el agua potable que vendían en Maldonado estaba contaminada.

En el verano de 2002 las aguas servidas y materias fecales desbordaron durante una semana las cámaras ubicadas en la rambla del puerto de Punta del Este, comprobándose que Uragua había construido sin permisos un desagüe hacia las aguas del puerto, provocando la contaminación del mismo.

Durante todo 2002 continuaron las denuncias y apercibimiento de OSE e investigaciones parlamentarias.

La empresa no empezó, como estaba obligada, las obras del colector subacuático y se limitó a tareas de mantenimiento y construcción de subestaciones de bombeo hacia el mar.

Con las elecciones nacionales de 2004 se plebiscitó una reforma constitucional que obliga a mantener en el área pública el servicio de agua potable y saneamiento.

Luego de haber constatado múltiples incumplimientos, en el año 2005 el gobierno presidido por Tabaré Vázquez cesó la concesión a la española Uragua y dejó todo a cargo de la Unidad de Gestión Descentralizada, un organismo mixto con participación de la intendencia, que la preside, y OSE.

Aunque recién el 1º de marzo del 2019, OSE se hizo cargo del servicio que prestaba Aguas de la Costa “al este del arroyo Maldonado”.