La periodista Georgina Mayo, explicó en Legítima Defensa que ni bien se produzca el cambio de fiscal de estupefacientes, los abogados de Marset desplegarán la estrategia, la cual consiste en que “la familia pueda ser juzgada en Uruguay, a sabiendas además que no tienen nada para con la familia, no tienen pruebas contra la familia, como sucedió con Diego Marset” en la justicia brasilera.
Los defensores de Marset creen que con la familia va a suceder lo mismo que con el hermano, lo que implicaría que en algún momento la familia “va a quedar liberada porque va a ser juzgada, absuelta o eximida de responsabilidad” añadió la periodista.
Georgina Mayo expresó que “Van a tratar de aplicar la convención sobre extradiciones del año 1933. Esa convención lo que habilita o faculta a Uruguay, es a juzgar a Sebastián Marset o a cualquier persona de nacionalidad uruguaya”. Si esto se aplica, se habilita a juzgar de acuerdo a las leyes de Uruguay, explicó la periodista.
De acuerdo a Georgina Mayo, la defensa de Sebastián Marset considera que el caso del narcotraficante se ha politizado, y por tanto “buscarán una salida política”. Esa salida política sería lograr que se aplique la convención mencionada “que si bien es antigua está vigente” a pesar de que puede colisionar con otros acuerdos posteriores del Mercosur.
