Por entonces, el registro alertó a la empresa que sería “dada de baja y disuelta”, a no ser que se presentara una “causa justificada en contrario”.
También se señaló que, en caso de disolución, “todas sus propiedades y derechos” se “considerarían bienes vacantes y pertenecerán a la Corona”, en referencia a la realeza inglesa.
La denuncia de Uruguay
El gobierno de Yamandú Orsi presentó una denuncia tras asegurar que la garantía de Eurocommerce era falsa. Luis Calabuig de Leiva, el notario español que figura como labrador del acta de la garantía que presentó Cardama y avaló el gobierno uruguayo por la compra de las patrullas oceánicas, también presentó una denuncia ante la Policía de España por falsificación de firma.
El gobierno uruguayo presentó una denuncia penal en la Fiscalía, en el contexto del proceso de rescisión de contrato con Cardama, ya que supone que es una empresa “de papel”. A finales de octubre, el embajador uruguayo Luis Bermúdez fue hasta la oficina que Eurocommerce decía tener en Londres, pero encontró que en esa dirección funciona una inmobiliaria, relataron las autoridades del Poder Ejecutivo en una conferencia de prensa.
Finalmente, el Estado uruguayo no volverá a efectuar ningún pago a Cardama. Esto podría generar la paralización de la construcción de las patrulleras si el astillero español no cuenta con fondos suficientes para adquirir los insumos. Mario Cardama no hizo todavía ningún contacto formal con el gobierno uruguayo en relación con la renovación de la garantía ni sobre otros asuntos.
