Política pública de salud
La canasta higiénica menstrual se presenta como una política pública de salud y equidad. Su aprobación en el Parlamento había marcado un hito en el reconocimiento de las necesidades específicas vinculadas a la menstruación, pero sin financiamiento quedó en suspenso. Con el nuevo Presupuesto, el Estado avanza en la cobertura de un gasto básico que impacta en los hogares de menores ingresos.
La decisión de contemplar a las usuarias de la Tarjeta Uruguay Social responde a la intención de llegar directamente a los sectores más vulnerables. Según Roselló, la medida busca aliviar un costo recurrente que, aunque pueda parecer bajo en términos absolutos, representa una carga significativa en la economía familiar de quienes viven con menos recursos.
"Pobreza menstrual"
El monto anual de $1.200 por persona fue estimado a partir de un relevamiento en pequeños comercios de barrio, donde las familias de menores ingresos realizan sus compras habitualmente. “Obviamente los precios en grandes cadenas son más altos, pero el cálculo se hizo en base a almacenes cercanos a estas personas”, explicó Roselló.
El valor cubre exclusivamente toallas higiénicas descartables, sin incluir otros insumos como tampones o copas menstruales, que elevarían los costos. El beneficio se aplicará por cada integrante del núcleo familiar que se encuentre en edad de menstruar y esté registrado en la TUS.
De este modo, el Estado busca dar respuesta a una problemática que en los últimos años se instaló en la agenda pública bajo el concepto de “pobreza menstrual”, término que refiere a las dificultades para acceder a productos de higiene durante el ciclo. La asignación de fondos para la canasta higiénica menstrual representa, según sus impulsoras, un avance concreto hacia la dignidad y la igualdad en el acceso a la salud básica.
