Es la corrupción

Días atrás se incautaron 8 kilos de cocaína en el módulo 8 del Comcar. Este lugar ha sido reiteradamente señalado como uno de los que están en peores condiciones de hacinamiento y estructurales, y donde van a parar algunos de los detenidos más peligrosos. Es una bomba a punto de estallar que las autoridades intentan desactivar.

¿Cómo ingresan 8 kilos de droga a la cárcel? Es muy evidente que solo se puede hacer con la participación de funcionarios policiales u operadores penitenciarios. De la misma forma en que ingresan celulares, alcohol y hasta armas. El periodista Lucas Silva (La Diaria) dijo a la radio del mismo medio que “por un celular hay presos que pagan hasta 400.000 pesos”. Esa cifra incluye la línea abierta y el uso sin control. Obviamente que quienes pagan esos montos son los narcos más pesados, aquellos que controlan sus operaciones desde la cárcel. Y desde la cárcel también ordenan a sus sicarios la realización de atentados, como ya ocurrió en dos oportunidades contra el INR, contra la jefa de la cárcel de Salto y contra la fiscal general, Mónica Ferrero.

Desde la cárcel los líderes “barrabravas” ordenaron asesinatos. Todo esto ha sido posible por el altísimo grado de corrupción existente en los establecimientos carcelarios. Y los funcionarios se corrompen por mucho dinero o por miedo a que se concreten las amenazas contra sus familias.

No lo ve el que no quiere

Desde hace años Caras y Caretas viene alertando acerca de los importantes nichos de corrupción existente en filas policiales, que obviamente no incluyen a toda la Policía. Desde 1985 hasta hoy impresiona la cantidad de policías involucrados en actos delictivos. Con narcotraficantes, con automotores, con trata de mujeres, con asesinatos, femicidios, con mafias organizadas, con delincuentes comunes, con torturas.

Aquellos eran tiempos de mafias policiales organizadas en “La Garra”, por ejemplo. Herederos de Víctor Castiglioni, eran Coito y Lemos. Era la época de orden público, automotores o hurtos y rapiñas, dependencias de la jefatura de Policía de Montevideo, donde muchas veces la única diferencia entre el funcionario y el delincuente era el uniforme.

La seguridad no debió ser nunca un comodín para el debate público, porque es un asunto de extrema gravedad y compleja resolución. No alcanza sólo con perseguir y encarcelar delincuentes. Son problemas importantes la situación de la cárceles; los avances del narco y la existencia de nuevos delitos como el sicariato. Pero también es un grave problema la calidad de nuestra Policía.

Sería injusto acusar a todos los policías, porque se sabe que la absoluta mayoría son honestos y abnegados ciudadanos dispuestos a exponer su vida para cuidar la nuestra. Nada menos.

En el 2010, el director nacional de Policía, Julio Guarteche, decía a El País: "Tenemos, prácticamente, un escándalo de corrupción por semana, y esto no puede seguir así. Estamos anhelosamente empeñados en lograr la confianza de la población, pero sabemos que no será de un día para el otro. Va a tomar tiempo, por esto estamos limpiando la casa, somos conscientes de que no podemos barrer para debajo de la alfombra".

Entonces una de las primeras medidas de Eduardo Bonomi fue fortalecer a la Dirección de Asuntos Internos. A su frente se puso a la abogada Estela González, que hasta entonces no había tenido ningún vínculo con la Policía. Junto a ella trabajaron un grupo de jóvenes comisarios, casi todos con formación universitaria y sin ninguna vinculación con oficiales que habían desprestigiado a la institución policial.

En 10 años lograron la destitución de 3.000 policías, el 10 % de la fuerza. Una cifra que revelaba la magnitud del problema.

En enero del 2020 en Salto se descubrió que una mujer vinculada al narcotráfico tenía fotos y datos personales de 40 policías. El subjefe de Policía, comisario mayor Adolfo Cuello, aseguró que en la pericia realizada del teléfono celular se encontró que toda la información que tenía «La brasilera» provenía del celular de una mujer oficial de policía.

En junio de ese año una investigación sobre amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero permitió descubrir que policías corruptos vendían a los narcos grabaciones de las audiencias orales y públicas.

En agosto, la Justicia de San José imputó al comisario Richard Hernández, jefe de la Brigada Antidrogas de ese departamento, y a otros tres policías, por los delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico.

En octubre del mismo año fue destituido el jefe de Policía de Flores, comisario Juan Angel Fontes, por “incumplir órdenes del Ministerio”. Y en el mismo tiempo se destituyó al jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, por “haberse reunido con el exdirector de Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal”.

En junio del 2021 varias personas denunciaron que policías de Treinta y Tres les pedían dinero para recuperar objetos robados. Un delegado del Sindicato Policial denunció que el jefe de Policía, comisario Gustavo Silveira, “estaba en conocimiento de graves denuncias y no había hecho nada con ellas, por considerar que eran hechos banales y rumores”. Luego, Silveira solicitó ante la Dirección Nacional de Policía un sumario para el efectivo denunciante “por hechos banales”. Pero Yenifer Izquierdo, abogada del Sindicato Policial, dijo a medios locales que “hay corrupción en mandos medios y mandos superiores”, y pidió “proteger” al efectivo que realizó la denuncia. Otra denuncia señaló a un efectivo por acosar menores en la vía pública. El policía que denunció a su superior fue interceptado cuando paseaba con su familia por móviles policiales que aseguraron haberlo confundido con un delincuente, agregó el medio radial. Estas denuncias son investigadas en Melo debido a que la actuaria del juzgado olimareño es familiar directa de uno de los involucrados.

También en junio tres policías de Artigas fueron formalizados por “abuso de funciones” y uno de ellos por “lesiones graves”. La acción judicial estuvo motivada por un procedimiento realizado en la vía pública que terminó con una persona herida de bala.

En junio, mal mes para corruptos, fue detenido el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, comisario Fernando Pereira. El tercer jerarca del organigrama fue acusado de varios delitos: abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos. En noviembre fue procesado y enviado a prisión.

A principios de los 2000 Pereira, entonces en la Dirección de Investigaciones, ya había sido procesado con prisión por “abuso de funciones” acusado de torturas. Cuando recuperó la libertad, y sin que se le instruyera sumario, volvió como comisario de San Carlos.

Durante tres años bandas de narcotraficantes asolaron la ciudad de San Carlos. La madre del jefe de una de las bandas acusó a la Policía de “cobrar coimas para tolerar la venta de drogas”. El comisario Fernando Pereira, quien antes de ser coordinador de Jefatura se desempeñaba como responsable de la seccional de esa ciudad, tiene un patrimonio que no se justifica con su salario.

A mediados de octubre renunció el jefe de Policía de Río Negro, comisario (r) Martín Botto, acusado de proteger a un oficial de esa Jefatura imputado por la Justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado.

También fue procesado el subcomisario Ricardo Perdomo, entonces en Cerro Largo y antes en Maldonado, por el delito de tráfico interno de armas. En el mismo tiempo la Justicia procesó a un policía y a un bombero por ser parte de una banda que transportaba cocaína desde Melo a Montevideo.

Otro policía fue procesado por contrabando de materiales para el estadio municipal Antonio Ubilla de Melo. Como consecuencia, renunció el jefe de policía José Adán Olivera. Este jerarca había sido destituido del mismo cargo a fines de marzo del 2018. El entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que el motivo de la remoción “fue la baja de las incautaciones de droga y contrabando en Río Branco y Aceguá. En Río Branco en un primer momento hubo mucho decomiso de drogas; después no, ni de drogas ni de contrabando, y se reprodujo el abigeato. Lo mismo en Aceguá. Y muchos de los cargamentos que entraban al país se los detenía en Lavalleja y Treinta y Tres, pero había pasado por Río Branco”.

La fiscal de Melo, Letizia Sequeira, denunció a Olivera por “violación de secreto”. La fiscalía dispone de grabaciones en las que se escucha al entonces jefe de Policía advertirle a su ex mano derecha, Fernando Farías, un policía procesado, que estaba siendo investigado.

En marzo del 2024 fue condenado con prisión Carlos Tarocco, exdirector del Comcar, por su responsabilidad en la elaboración de un esquema de inteligencia para poder conocer la identidad de los denunciantes del exsenador Gustavo Penadés, cuyos nombres habían sido declarados en reserva por la fiscal Alicia Ghione.

En el año 2021 el entonces director del INR, inspector Luis Mendoza, había designado a Tarocco como director de la Oficina de Información Táctica, que se superponía a la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, creada en el 2019.

En los últimos dos años decenas de policías han sido formalizados por delitos que van desde violencia de género, homicidios, rapiñas y tráfico de drogas. En junio pasado se descubrió una red de corrupción policial en el INR. Unos 30 policías y un número indeterminado de operadores penitenciarios eran parte de esta organización ilegal que funcionaba, particularmente, en el Comcar.

Los funcionarios cobraban coimas importantes a las familias para otorgar beneficios a los reclusos. Los beneficios iban desde traslados de módulos al ingreso de drogas, celulares y algunas comodidades.

La red fue denunciada en el período anterior pero el responsable jurídico del INR no las tramitó "por carencias de personal". Ana Juanche, actual directora del INR, fue enterada e inmediatamente solicitó que jurídica del Ministerio del Interior analizara los hechos, las pruebas, y se presentó denuncia en Fiscalía.

En el año 2021 Patricia Rodríguez, entonces secretaria general del Sindicato Policial y hoy diputada suplente del Partido Nacional, decía que “hay un antes y un después en la sindicalización, porque en la Policía, en un régimen vertical y de mando, hay mucho acoso sexual, muchísimo. El que está arriba tuyo se siente con la potestad… Tiene una forma de presionarte, si quiere, y una discrecionalidad que tienen, cuando llegan a ciertos mandos, que pueden jugar con la vida de un trabajador. Si yo me negaba a una orden de un jefe ya es posibilidad de que te cambien de turno, de que te cambien de lugar de trabajo. Vivís en una punta de la ciudad y te mandan a trabajar a la otra”.

El abuso de las jerarquías policiales se expresa de muchas formas, no sólo por las que señala Rodríguez. Por ejemplo, en la distribución de las horas ciudad, los servicios especiales, y aún en aquellos que están prohibidos pero siguen funcionando como el “tener agencias de seguridad mientras se está en actividad”.

La ex secretaria general del Sindicato Policial señaló que: “Lamentablemente, lo que nosotros vemos y de lo que tenemos prueba es que muchas veces se filtra información reservada, y eso no está bueno que pase, porque esa filtración deja expuesto al compañero que denuncia”. Son muchos los policías sancionados o descalificados por denunciar corrupción en propias filas. Contra el “muro azul” es difícil luchar.

Las cárceles son hoy una amenaza constante para toda la sociedad. No sólo por la situación interna sino por las escasas posibilidades de rehabilitación y la problemática que se vive luego de que los presos son liberados y pasan a vivir en situación de calle.

Uruguay tiene a unas 17.000 personas encarceladas, la gran mayoría jóvenes con escasa educación o analfabetos, provenientes de familias de escasos recursos. Muchísimos tienen hijos, más de uno, con diferentes madres.

Hay por los menos 100.000 personas cuyo mundo gira alrededor de una cárcel, y la mayoría son niños.

En la Policía hay un muro azul, en la Junta de Maldonado hay uno blanco

El pasado miércoles, y a solicitud del fiscal Jorge Vaz, la jueza Gabriela Azpiroz extendió hasta el 3 de marzo del año próximo las medidas cautelares contra Darwin Correa y José Luis Sánchez, expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, ambos imputados por fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público. En tanto la decisión sobre Alexandro Infante, el tercer expresidente involucrado, fue postergada para la próxima semana en razón de dificultades, ya que su abogado tenía agendada otra audiencia a la misma hora.

Como medidas cautelares, Sánchez y Correa tienen prohibido salir del país, se les retuvieron los documentos de viaje, deben fijar domicilio y presentarse una vez por semana a una seccional policial más próxima. En tanto, Infante, formalizado por los mismos delitos más un delito de abuso de funciones especialmente agravado, se encuentra con prisión domiciliaria total ya que se fugó antes de presentarse a la primera audiencia a principios de setiembre.

Según logró establecer el fiscal Vaz, “Correa y Sánchez montaron una operativa para engañar a la Junta Departamental”. La investigación determinó que Correa e Infante simularon la contratación de un proveedor al que supuestamente se le pagaron facturas por un total de 1.400.000 pesos uruguayos. Sin embargo, la Fiscalía probó que la mayor parte de ese dinero “terminó en el bolsillo” de Sánchez.

La empresa unipersonal a nombre de Ramón Sosa, contratada para realizar obras de mantenimiento edilicio, nunca realizó trabajos para la Junta, según declaró en Fiscalía. Sosa era un trabajador de playa y había trabado amistad con Sánchez, que tenía un puesto de venta de alimentos en la costa. Por eso “le prestó las facturas” que sirvieron para desviar fondos.

Fue el hijo de Sánchez quien reveló al fiscal Vaz que por “pedido de su padre los pagos eran depositados en una cuenta bancaria a su nombre e inmediatamente transferidos al edil” que entonces ejercía la presidencia de la Junta Departamental. La Fiscalía aguarda un informe solicitado a la JUTEP que podría agravar las condenas de los expresidentes.

No es esta la única causa contra ediles de Maldonado, ya que también Vaz investiga el pago de sueldos encubiertos a 62 ediles entre los años 2015 y 2025.

La Fiscalía había enviado dos exhortos a la Junta para que ésta le entregara la siguiente documentación:

- El listado de personas físicas, jurídicas y/u organizaciones de la sociedad civil a las cuales la Junta Departamental de Maldonado les haya transferido y/o pagado sumas de dinero, en los períodos legislativos 2015-2020 y 2020-2025, en concepto de partida establecida por la Junta el 17 de julio de 2015.

- Que se detalle en cada pago realizado, el número de cuenta de destino, el tipo de cuenta, así como el banco en que se efectuó el depósito o transferencia.

- En caso de pago en efectivo se remita cheque u otro instrumento, y recibo firmado por el receptor de fondos

- Toda la documentación presentada por cada sector político en los casos en que esos grupos hayan consignado a quién transferir o abonar las sumas de dinero correspondientes.

- Todos los documentos presentados por los sectores destinatarios de las partidas, con la correspondiente rendición de cuentas de los dineros recibidos.

Pero la presidenta de la Junta Departamental, la edila nacionalista Verónica Robaina, esposa José Hualde, hijastro de Domingo Burgueño, exdiputado, exsenador y actual director de Correos, se negó aduciendo que “violaría el secreto bancario”. Entonces Vaz recurrió a la Justicia y ésta le ordenó entregar toda la información solicitada. El análisis de la misma llevará tiempo, por lo que se descarta que surjan novedades en lo que resta del año.

A estas causas podría sumarse otra por uso indebido de dineros públicos, ya que la Junta Departamental firmó contratos millonarios en publicidad con diferentes medios y periodistas, sin ningún plan publicitario ni nada para publicitar, con el único fin de contribuir a las campañas electorales de varios ediles blancos, “y hay testimonios”.

“Con importantes reducciones presupuestales, hoy la presidenta de la Junta no sabe cómo terminar con estos contratos que provienen desde el año 2021”, dijo a Caras y Caretas una calificada fuente del legislativo departamental.