Una de las primeras expresiones contrarias provino de Casa Grande, el sector liderado por la senadora Constanza Moreira.
En un comunicado, la agrupación afirmó que considera la iniciativa "incompatible con el enfoque de derechos humanos que debe regir toda intervención estatal sobre adolescentes privados de libertad o sometidos a medidas judiciales, conforme a los estándares internacionales de justicia juvenil, que establecen el interés superior del niño, la no criminalización, la no militarización y el carácter eminentemente educativo y restaurativo de las medidas”.
En tono crítico, Casa Grande recuerda que parte de los cometidos de Defensa es “el disciplinamiento militar, orientado a la obediencia y la jerarquía”.
“Resulta ajeno —y contradictorio— a los objetivos de las medidas socioeducativas que requieren los jóvenes en conflicto con la ley”, finaliza el documento, que fue replicado en X por la directora general del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Andrea Venosa (dirigente del sector).
Partido Socialista en la misma línea
En una dirección similar, el senador del Partido Socialista, Gustavo González, también manifestó su desacuerdo. “Considero que la educación militar tiene un carácter vertical históricamente. Para eso nació. A mí me gusta la educación participativa, que tenga una orientación de integración social. El trabajo educa. Yo lo haría con UTU, por ejemplo. Hiere muchas sensibilidades y . Hay un debe. Educar teniendo desaparecidos yo no lo veo”, dijo González consultado por Canal 5.
En tanto, desde otros sectores del Frente Amplio y desde las principales autoridades se defiende la iniciativa que es vista como otro mecanismo de política pública para lograr capacitar adolescentes, de los cuales el 80% de los que están institucionalizados en el organismo no tienen ciclo básico terminado.
Lazo defendió el proyecto
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en la previa a la firma del convenio dijo que la propuesta es una inquietud que desde el día uno planteó el presidente de la República, Yamandú Orsi.
“La idea es generar procesos educativos que apuesten a la inserción social y laboral de los jóvenes, en particular de infractores primarios. La cuestión de la defensa de la soberanía nacional tiene una pata militar, pero también una civil. Y esa responsabilidad sobre lo que pasa con los jóvenes uruguayos encaja perfectamente en este plan piloto que se llevará adelante”, desarrolló Lazo en FM Del Sol.
En el Movimiento de Participación Popular (MPP) se apoya la iniciativa, mientras que de parte del Partido Comunista todavía no hubo un pronunciamiento de carácter público.
A su vez, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, planteó dudas al respecto. Adelantó que el organismo estudiará el programa (una vez que se conozca) y posiblemente se pronunciará al respecto.
