El gobierno lanzó el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, una estrategia de largo plazo que busca ordenar la política de seguridad en Uruguay con prioridades definidas, coordinación institucional y seguimiento permanente.
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Plan de Seguridad
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A diferencia de enfoques anteriores, el plan no se presenta como un conjunto de medidas aisladas, sino como una hoja de ruta integral que apunta a intervenir sobre los principales focos de violencia y criminalidad, con un horizonte de diez años.
Los siete ejes clave del plan
El documento organiza la acción del Estado en siete áreas prioritarias:
1. Homicidios
El eje central del plan. Se propone concentrar recursos en los territorios más afectados por la violencia letal, mejorar la capacidad de investigación y evitar escaladas de conflicto.
2. Violencia de género y contra niños y adolescentes
Plantea reforzar la protección de las víctimas y mejorar la coordinación entre instituciones para evitar la revictimización y actuar de forma más temprana.
3. Control de armas de fuego
Busca reducir la circulación ilegal de armas y fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad e investigación sobre su uso.
4. Narcotráfico y economías criminales
Apunta a desarticular redes delictivas más allá de los delitos visibles, atacando su financiamiento, logística y capacidad de organización.
5. Ciberdelitos y fraudes informáticos
Incorpora el crecimiento del delito digital como una prioridad, con foco en prevención y fortalecimiento de capacidades técnicas del Estado.
6. Sistema de justicia penal
Propone mejorar el funcionamiento de toda la cadena: desde la denuncia hasta la sanción y reinserción, reduciendo demoras e ineficiencias.
7. Prevención del delito y la violencia
Introduce un enfoque más sistemático de prevención, con intervenciones focalizadas en territorios y poblaciones de mayor riesgo.
Los principales cambios: enfoque integral y coordinación
Uno de los cambios más relevantes del plan es el abandono de una visión centrada exclusivamente en la Policía. La estrategia plantea que la seguridad es un problema multidimensional que requiere coordinación entre distintas áreas del Estado.
También incorpora un enfoque basado en evidencia, con uso de datos, evaluación de políticas y ajustes en función de resultados, algo que el propio documento reconoce como una debilidad histórica en Uruguay.
Otro punto clave es la focalización: el plan prioriza territorios, delitos y poblaciones donde el daño es mayor, en lugar de aplicar políticas uniformes a nivel nacional.
Cómo se implementará
El despliegue del plan se realizará en tres etapas:
- Primera fase (2026-2027): contención de los problemas más urgentes, especialmente la violencia letal.
- Segunda fase (2028-2031): fortalecimiento de la coordinación institucional y de la investigación criminal.
- Tercera fase (2032-2035): consolidación de resultados y desarrollo de políticas de prevención estructural.
Una apuesta a largo plazo
El plan se plantea como una política de Estado que busca trascender gobiernos, con monitoreo permanente, rendición de cuentas y capacidad de corrección.
El objetivo es claro: reducir los niveles de violencia más graves y mejorar la respuesta del Estado en todas sus etapas, desde la prevención hasta la reinserción social.
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