Con la renuncia de Irene Moreira a su cargo en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, no se termina el tema que sacudió la interna de la coalición de gobierno. El lunes, Cabildo Abierto define si sigue o no en la coalición (aparentemente continuaría) y la oposición analiza en profundidad el accionar de la jerarca.
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El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este viernes en rueda de prensa en la Huella de Seregni que el caso puntual de la entrega de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto por parte de la ministra Irene Moreira "no está ajustado a la ley, punto y aparte."
Por su parte la diputada y exdirectora nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry, fue concluyente en las últimas horas al señalar que, al contrario de lo afirmado por Moreira, "no existen los cupos personales" para que los ministros asignen viviendas en forma directa. Lo que sí existe, es la disponibilidad de determinadas viviendas que se otorgan en casos muy especiales y siempre a través de convenios: víctimas de violencia de género o testigos protegidos por la Justicia. Se trata, indicó, de casos de extrema necesidad en los que hay que actuar con rapidez. Y siempre, aclaró, a través de alquileres subsidiados. Se trata de viviendas que, explicó, son claramente destinadas a atender situaciones de vulnerabilidad.
Con esta realidad, la bancada del Frente Amplio en el Senado comenzó este viernes a analizar la documentación que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentó para justificar el accionar de su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira, al entregar una vivienda de forma directa a una militante de Cabildo Abierto. La oposición pidió en las últimas horas el apoyo de su equipo de abogados para terminar de sustentar un convencimiento concreto que va cobrando fuerza con el correr de las horas: la actuación de la jerarca estuvo fuera de la normativa y, al entregar en forma directa y sin sorteo una vivienda a un militante de su partido, además de un acto clientelar, representó un delito.
Uno de los delitos que la conducta de Moreira podría configurar es el "abuso innominado de funciones". El código lo prevé en los casos en que un funcionario público que, "con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de particulares".
Para el Frente Amplio a Moreira también podría caberle una acusación por "conjunción de interés personal y público". El artículo 161 del Código Penal lo prevé para los funcionarios que, "con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesase con el fin de obtener para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato".