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Política Ganadera | Conexión | BCU

Caso Conexión Ganadera

Fideicomisos ganaderos: síntoma de la ausencia de una banca nacional

¿Cómo es posible que esto no haya ameritado la atención del BCU, más allá de alguna tibia y poco difundida advertencia por aquí y por allá?

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La recuperación final dependerá eventualmente de la calidad de esos activos, que por lo que parece, incluye además de ganado colocaciones en frigoríficos, entre otras cosas.

Si bien es muy temprano para comprender a cabalidad la situación y como se llegó a ella, pueden extraerse ya algunas conclusiones primarias, y quedan planteadas varias preguntas. Con Conexión Ganadera es la tercera empresa de este tipo que se cae al hilo. De hecho algunos actores del mundo agropecuario prevén el fin de este mecanismo de “inversión productiva”, lo que augura un futuro sombrío para el resto de las empresas que operan en este segmento.

¿Cómo es posible que esto no haya ameritado la atención del BCU, más allá de alguna tibia y poco difundida advertencia por aquí y por allá?

A primera vista, lo de Conexión Ganadera caería bajo la supervisión del BCU al menos por dos motivos.

En primer lugar, porque existe una normativa que obliga a que todo instrumento de inversión que reúna más de 20 inversores, debe ser ofertado públicamente, lo que implica todo tipo de controles y registros. En este caso el número de inversores, por encima de los 4.000, excede el mínimo impuesto por el BCU en al menos 200 veces. Segundo, cualquier institución que asegure rentabilidad a sus inversores estaría realizando actividad de intermediación financiera, actividad expresamente limitada a los bancos según la ley 15.322. De modo que esto debería haber caído bajo el radar de al menos dos áreas dentro de la institución reguladora de Diagonal Fabini.

¿Por qué proliferan estos esquemas en el sistema financiero uruguayo?

Parte de la explicación puede atribuirse a un marco normativo que favorece al creciente oligopolio bancario privado, al cual el BROU le actúa efectivamente como contrapeso en algunos rubros pero que en otros –los préstamos personales sin retención de sueldo por ejemplo- juegan con amplia libertad de operación.

La demanda por productos de riesgo está siempre presente en cualquier sociedad y cualquier economía. Así como existe una demanda por los juegos de azar y la sustancias recreativas, también existe demanda por obtener mayor rentabilidad de la que se obtiene con los depósitos bancarios. Las economías desarrolladas intentan canalizar esto a través de las bolsas de valores, para canalizar las fuerzas de la especulación en forma ordenada de manera tal que favorezcan la inversión productiva y no terminen alimentando burbujas especulativas. La tentación es siempre regular más con la genuina aspiración de proteger a los inversores. Pero paradojal e invariablemente, los excesos regulatorios terminan favoreciendo la creación de mercados negros del producto o servicio que sea. Y por más que suene feo y “poco educado”, lo que organizó Conexión Ganadera es un gran mercado negro de colocaciones, fuera de la atención del regulador, que miraba pasivamente como estos mecanismos se propagaban como hongos por la plaza financiera uruguaya.

Las bolsas de valores distan de ser una panacea.

En el caso uruguayo, contribuyeron mucho en la primera mitad del siglo pasado a financiar importantes infraestructuras. Pero a partir de la década de los ´60 se prestaron a manipulaciones por parte de los directivos de las principales empresas listadas, muchos de los cuales operaban con información privilegiada en detrimento de los inversores minoritarios. Uno de los casos emblemáticos fue el de Ibrahim con el Banco Comercial, a quien le fue bloqueado el ingreso al directorio de la institución, a pesar de haber acumulado una importante posición accionaria comprada en la Bolsa de Valores de Montevideo.

Con esto y la crisis del ´82, prácticamente desaparecieron las empresas listadas en bolsa, lo que redujo sustancialmente la oferta de títulos y la actividad tradicional de la bolsa. Pero al mismo tiempo la pérdida de acceso a los mercados bancarios internacionales, forzó al Estado a emitir deuda en el mercado doméstico.

Esto funcionó así por dos décadas hasta la crisis del 2002, ya que luego de la salida las autoridades económicas del momento optaron por concentrar toda la colocación de deuda en el mercado internacional.

Con ello los corredores perdieron un negocio lucrativo, que en muchos casos fueron sustituyendo organizando colocaciones privadas dirigidas fundamentalmente a emprendimientos productivos.

Este mecanismo ofrecía una alternativa muy válida para asistir empresas con dificultad de acceso al sistema bancario. Pero hace unos años el BCU acoto este mecanismo significativamente, limitando el número de inversores a 20. Pasando ese límite, la colocación es considerada oferta pública, lo que no se justifica para colocaciones por los montos relativamente pequeños de estas colocaciones.

Parecería a primera vista un contrasentido que el BCU haya limitado la posibilidad de agentes regulados como los corredores ofrecer inversiones a mas de 20 personas, cuando bajo sus narices se formó un esquema de intermediación de 400 millones que logró reunir 4000 inversores, sin apenas haber pasado por el BCU. Como ha quedado claro con el episodio de GBU Sociedad de Bolsa, cuando hay problemas con un corredor registrado, el BCU Irene capacidad de intervenir en protección del mercado y los inversores. Lo que no se ve ni se sabe que existe es mucho más difícil de regular.

Parecería que llegó el momento de reconsiderar la necesidad de contar con una banca nacional privada u otros agentes similares que puedan satisfacer adecuadamente la demanda por instrumentos de riesgo y permita canalizar fondos hacia el sector productivo con riegos más medidos.

En todo caso, no puede caerse en la política de “ojos que no ven, corazón que no siente”, que parecería ser la actitud de nuestro regulador del sistema financiero.

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