La tensión llega a tal punto que el gremio de abogados plantea elaborar un protocolo que ampare el secreto profesional. Para concretarlo dialogarán con la Asociación de Magistrados Fiscales, el gremio de los representantes del Ministerio Público, porque las autoridades de la Asociación de Abogados Penalistas no se reunirá con el fiscal de Corte. “Nunca nos llamó por propia iniciativa para intentar subsanar los problemas que detectamos”, dijo el abogado Juan Fagúndez, presidente de la Asociación que reúne a penalistas del Uruguay.
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El gremio publicó un comunicado que expone algunos de los problemas suscitados por las filtraciones de audios, como lo es la amenaza de muerte recibida por el abogado del director del Comcar, Carlos Tarocco.
A raíz de la divulgación del audio entre Tarocco y el policía Federico Rodríguez, donde se revela que ambos presuntamente intentaron conocer la identidad de los denunciantes del exsenador Gustavo Penadés, el abogado Leonardo Nilson, quien representa al director del Comcar, fue amenazado de muerte. “Es tan grande este problema que si no intentamos arreglarlo, terminará muy mal”, añadió Fagúndez. Cuando la cosa es tan grande como esto, mejor arreglarlo. El presidente del gremio de abogados sostuvo: “Y no pasa porque se vaya Gómez de la Fiscalía de Corte”.
La amenaza de muerte al abogado de Tarocco -que vino luego de que los audios de la conversación entre ambos policías se divulgara- la investiga a esta hora el fiscal de Flagrancia Diego Pérez. Nilson también ampliará su denuncia contra un periodista por hostigamiento y violación al derecho de la intimidad de la familia de Tarocco, luego de haber mostrado un video que registró la casa del mismo. El registro se realizó al tiempo de denunciar que Tarocco compró la propiedad luego de intentar brindar datos de los denunciantes de Penadés. Consultado Fagúndez sobre la actuación del periodista que se amparará en el derecho a la información, Fagúndez respondió que “se puede denunciar una situación sin identificar la dirección de la casa”.
Agregó que es parte de la investigación el presunto involucramiento de Tarocco en el caso Penadés, “pero ¿acaso alguien sabe que el exdirector del Comcar es un policía brillante que ha desarmado bandas de criminales que actúan dentro de las cárceles?, ¿alguien tiene idea de la cantidad de delincuentes que quieren pegarle un cuetazo?”, preguntó el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez.
Por otra parte, según pudo saber Caras y Caretas el centro de la investigación coloca a la fiscal Ghione como una fiscal que -según audios de conversaciones que la representante del Ministerio Público ha mantenido con el denunciante de Penadés, Jonathan Mastropierro- “ha sobrepasado los límites de la información que debe brindar a los denunciantes”, dijeron fuentes consultadas, quienes indicaron que “los dichos de la fiscal Ghione sobre la investigación a Penadés es parte de la colaboración que espera le aporte Mastropierro”.
Las filtraciones de los audios del policía formalizado Tarocco apuntan a la fiscal porque los abogados aún no habían accedido a la carpeta investigativa cuando los registros de la conversación entre Tarocco y el policía Rodríguez ya habían sido divulgados.
El otro punto denunciado por la Asociación de Abogados Penalistas también tiene que ver con el caso Penadés y también apunta a la fiscal Alicia Ghione. El abogado del profesor de historia, Juan Carlos Fernández Lecchini, descubrió que en la carpeta investigativa estaban incluidas las conversaciones que él como defensor mantuvo con su cliente Sebastian Mauvezín, imputado junto a Penadés en octubre pasado. “Es delito interceptar las conversaciones entre abogado y cliente, está prohibido. No se puede hacer ni adrede ni por error”, indicó Fagúndez. Consultado sobre qué pasos debe dar la fiscalía cuando recibe un disco de información donde se perició el celular de un imputado, Fagúndez respondió que “buscamos honestidad y por eso debemos por lo menos hacer un protocolo de actuación y que el fiscal deba contactar de inmediato al abogado para comunicarle que le entrega sus conversaciones con su defendido porque no las escuchó y porque no las va a usar en su investigación”, pero “no hay voluntad de nadie para solucionarlo. No se puede violentar la defensa”, subrayó Fagúndez.