De acuerdo a Olivera, el argumento fiscal parte de una interpretación restrictiva sobre qué constituye un “hecho nuevo”. “Nosotros decimos que en realidad se conocía que había un archivo Berrutti o Castiglioni, porque se había incautado. Pero no conocíamos el contenido, por lo tanto, no podíamos saber si ahí nos habían espiado o no”, explicó el coordinador del Observatorio. En esa línea, afirmó que el razonamiento de Fiscalía es “un aspecto formal que no compartimos”.
Nueva denuncia
El fiscal letrado penal de primer turno Alejandro Machado y la fiscal letrada adjunta Natlia Colotuzzo recibieron a los denunciantes este jueves para explicarles los fundamentos de la resolución. Según Olivera, si bien la reunión fue extensa y respetuosa, dejó en evidencia que los caminos para la reapertura de la causa están cerrados en esta etapa procesal. “Lo que queda planteado es que se pueda hacer una nueva denuncia, pero no en ese caso en particular, por parte de las víctimas que prueban que han sido objeto de espionaje”, sostuvo.
Consultado sobre si considera que el Estado está encubriendo a los responsables, Olivera se mostró prudente. “No puedo llegar a esa conclusión. Creo que estudiaron el expediente y, por una lectura del artículo 99, entienden que no eran hechos nuevos”, expresó.
La alternativa que ahora analizan los denunciantes es presentar una nueva denuncia por fuera de la causa ya archivada, sin recurrir al artículo 99. En ese marco, podrían aportar los documentos recientemente desclasificados como base probatoria. “Vamos a presentar una denuncia de víctimas que sentimos que fueron vulneradas en sus derechos. Y ahí, supongo que la Fiscalía tendrá que actuar, porque no tendrá el argumento del artículo 99 para no hacerlo”, adelantó Olivera.
Para Olivera, lo ocurrido “se materializa, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista político”.
