La campaña electoral de Luis Lacalle Pou en el 2019 hizo centro en la inseguridad y tanto él como los líderes de los otros partidos que luego formaron la coalición prometían bajar los números de delitos y “terminar con el recreo”.
Ocurre que en estos cinco años cambió el perfil de los delincuentes. Hoy los narcos controlan barrios enteros; las balaceras se suceden a plena luz del día y mueren o son heridos niños o personas inocentes, pululan los sicarios. ¿Tenemos una Policía preparada para enfrentar este nuevo tipo de delito? Según los gobernantes y jerarcas policiales, sí. Pero ninguno de ellos le pone el pecho a las balas.
Los que sí lo hacen día tras día aseguran que la Policía no está preparada.Y ahí están las voces de los sindicatos policiales, sobre todo los del interior del país, señalándolo. Roberto Rivero, exdirector nacional de Policía, dijo a Caras y Caretas: “Es llamativo que nadie piense que en medio de este clima el policía se vuelve una máquina, se cansa y deteriora, no tiene espacios para su familia y el mantenimiento del nivel de educación policial. Sólo se piensa en el milico como alguien que debe cumplir los designios de otros, aún a costa de su propia vida”.
Rivero señaló que “la Ley Orgánica Policial nos impone la obligación de defender los derechos propios del ciudadano aún a riesgo de nuestra propia vida. Pero para cumplir a cabalidad con ese principio necesitamos una Policía Ejecutiva dedicada a su labor exclusiva, sin prestación de servicios extraordinarios fuera de su horario ordinario, con una mejor paga y que permita la realización de una política de entrenamiento permanente, bajo la denominación de ‘academia continúa’, que la actualice en tendencias, metodologías, ordenamiento jurídico. Algo que hoy no ocurre”.
A esas carencias se debe sumar algo más grave: la corrupción en las altas jerarquías policiales.
“En cada elección hay una corrida de jerarcas buscando posicionarse”
Roberto Rivero viene de una familia policial, su padre fue policía y él mismo recorrió el largo escalafón que va desde agente común hasta llegar a inspector principal. Conoce la Policía casi mejor que la palma de su mano. Desde su cargo como máximo responsable de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, inició el proceso de depuración de oficiales corruptos y promoción de policías que cumplieron un papel destacadísimo, como Julio Guarteche y Mario Layera, entre otros.
Hombre de extracción colorada, nunca usó a su partido para lograr beneficios personales; en cambio, fue un ministro del Interior colorado quien, presionado por un fuerte lobby empresarial, terminó destituyéndolo como jerarca máximo de la Policía Nacional. De esa situación lo rescató José Díaz, primer ministro del Interior del Gobierno frenteamplista 2005-2010, para presidir honorariamente la Junta Asesora de Servicios Policiales.
Un año atrás, Rivero explicó a este cronista que “el instituto registra una crisis interna generada siempre por el administrador de turno. Comienza con el gobierno de facto, donde hubo una intervención de hecho y se impuso una conducción militar con modificaciones en metodología, que en parte nos alejaron de lo pormenorizado de la investigación y nos quitaron la posibilidad de opinión, así como de desarrollar la Ley Orgánica aprobada en el año 1971. Luego viene la etapa de recuperación del funcionamiento pleno de las instituciones. Los sucesivos gobiernos aprovechan la institución para desarrollar una política de clientelismo político, con digitación del sistema de ingreso, abuso del contrato civil, desnaturalización de los programas dirigidos al orden público y con financiamiento internacional, que también utilizaron como fuente de recursos para favorecer a familiares, amigos, secretarios o dar cabida a aquellos a los que el sistema electoral no les había sido favorable y veladamente favorecer actividades ilícitas propias del crimen organizado, mediante el tráfico de influencias”, señaló.
Agregó que “esas conductas han generado aceptación en ciertos niveles del personal superior y subalterno, admitiendo lo irregular, llegando hasta acoplarse y a su vez generar nuevas conductas que hacen cada vez más permisivo el sistema. Además está la actitud del Poder Ejecutivo de turno que no atendió y relegó la ejecución de políticas básicas dentro de la Policía, sobre recursos humanos y económicos, lo que generó un espacio oscuro aprovechado por los venales para la explotación de la delincuencia común y el crimen organizado. Al cual, especialmente en este último, se agrega el factor político, situación que fundamenta y alienta aún más el ilícito proceder de los integrantes del cuerpo”.
Para Rivero, “cada vez que se registra una elección nacional, a nivel del personal superior en actividad y retiro se registra una ‘corrida’ en busca de posiciones que a veces son personales y otras de grupos con una intención muy alejada de favorecer el interés general”.
En el 2010, el entonces director nacional de Policía, Julio Guarteche, decía a El País: "Tenemos prácticamente un escándalo de corrupción por semana y esto no puede seguir así. Estamos anhelosamente empeñados en lograr la confianza de la población, pero sabemos que no será de un día para el otro. Va a tomar tiempo, por esto estamos limpiando la casa, somos conscientes de que no podemos barrer para debajo de la alfombra".
La Policía como parte de la inseguridad
Ciertamente con espíritu revanchista, Jorge Larrañaga destruyó algunas de las buenas cosas que había hecho su antecesor, Eduardo Bonomi. Durante años, éste último alejó de la fuerza policial a oficiales que no habían dignificado la profesión y logró incorporar a jóvenes con formación universitaria en su mayoría. Apoyado en Guarteche y en Layera, creó y fortaleció la División Asuntos Internos. Larrañaga corrió a los jóvenes y trajo a todos los viejos, no por mejores sino por pertenencia partidaria. Ahora se ven los resultados.
Alguien puede sentirse tentado a creer que el Ministerio lleva adelante una denodada lucha contra la corrupción. Nada más lejos de la verdad. En realidad los corruptos han caído en el marco de investigaciones por otros delitos o denunciados, con mucho riesgo, por honestos policías, que son la mayoría.
Desde marzo del 2020, más de la mitad de los jefes de Policía de todo el país fueron formalizados o destituidos por causas de corrupción. Lo mismo ha ocurrido con otros jerarcas de las jefaturas de Policía. Es difícil llevar la cuenta de cuántos comisarios o personal subalterno incurrió en las mismas prácticas, pero casi todas las semanas hay un caso.
Esta misma semana, la Justicia de Artigas formalizó a un policía por homicidio y al coordinador de la jefatura (el tercer cargo en importancia) por abuso de funciones, ya que usó al Guardián y al Sistema de Gestión de Seguridad Pública para intentar proteger al homicida.
El caso Astesiano se llevó casi a la mitad de las máximas jerarquías policiales. Los audios conocidos revelan el poco apego a la ley y a las normas por parte de esos jerarcas. El pasaporte otorgado a Marset provocó la destitución del subdirector de Identificación Civil, que a todas luces parece haber sido un “chivo expiatorio”. El procesamiento del exsenador Gustavo Penadés reveló la existencia de una trama por él organizada para obstaculizar la labor de la Justicia. Y el ejecutor de esa trama resultó ser un alto jerarca policial del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Con mucha claridad y hace unos años, Guarteche explicaba que "la corrupción significa un flanco que no podemos dar al crimen organizado. Ninguna actividad delictiva avanza si no hay corrupción que la ampare".
El muro azul
Son los propios policías quienes señalan la existencia de un “muro azul” que impide la denuncia de irregularidades en el seno de la Policía. Ese muro lo forman los cuadros medios y altos. Cualquier policía que se salga del libreto es sancionado. Hay quienes aseguran que algunos suicidios de funcionarios, que ya tenían alguna situación de inestabilidad, fueron provocados por sanciones injustas.
Para poder denunciar actos de corrupción, el sindicato policial de Montevideo proponía la creación de una Fiscalía para que los efectivos puedan denunciar hechos delictivos de forma anónima y evitaran represalias, como traslados o descuentos salariales abusivos. “Debe ser un ámbito en el que los policías puedan denunciar y se preserve su identidad, ya que advierten que inmediatamente que un efectivo realiza una denuncia se le está avisando al jerarca denunciado, y en algunos casos es el denunciado quien realiza la investigación interna”, decían.
Claro, esto lo reclamaba antes de que su secretaria general, Patricia Rodríguez, se convirtiera en funcionaria del Ministerio del Interior por una resolución política. Para Rodríguez, cuando era dirigente sindical, “hay un antes y un después en la sindicalización, porque en la Policía, en un régimen vertical y de mando, hay mucho acoso sexual, muchísimo. El que está arriba tuyo se siente con la potestad… Tiene una forma de presionarte, si quiere, y una discrecionalidad que tienen, cuando llegan a ciertos mandos, que pueden jugar con la vida de un trabajador. Si yo me negaba a una orden de un jefe, es posible que te cambien de turno, que te cambien de lugar de trabajo. Vivís en una punta de la ciudad y te mandan a trabajar a la otra”.
El abuso de las jerarquías policiales se expresa de muchas formas, no sólo por las que señala Rodríguez. Por ejemplo, en la distribución de las horas ciudad, los servicios especiales y aún en aquellos que están prohibidos pero siguen funcionando, como el “tener agencias de seguridad mientras se está en actividad”.
Rodríguez es un buen ejemplo de lo que hemos venido señalando. Desde su cargo político nada ha hecho para encauzar lo que proponía como sindicalista. Peor, según informó el periodista Eduardo Preve, usó su cargo para proteger a su expareja, denunciado por varios casos de abuso sexual.
La pregunta surge sola: ¿A qué policías se destinará para realizar los allanamientos nocturnos?
