¿Qué cambios propone el proyecto?
Entre los cambios normativos relevantes, el proyecto propone reconocer y tipificar nuevas formas de violencia: vicaria—y al filicidio como su agravante—, digital y comunitaria. La violencia vicaria es una manifestación de la violencia basada en género (VBG) y generaciones que implica que el varón ejerza violencia sobre sus hijas e hijos —llegando incluso a causarles la muerte—con el objetivo de devastar la existencia de la mujer.
Además, prohíbe expresamente la revinculación obligatoria con agresores, por lo que plantea derogar artículos de la Ley 20.141, que actualmente regula la tenencia compartida, al considerar que su aplicación puede exponer a menores a situaciones de peligro. En su lugar, promueve decisiones de custodia basadas en el interés superior del niño y la escucha obligatoria a niños y adolescentes en procesos judiciales.
Asimismo, busca reforzar el rol del SIPIAV como órgano rector, crea un comité interinstitucional para coordinar políticas públicas y exige campañas permanentes de sensibilización, mecanismos ágiles de denuncia y acompañamiento integral.
La ampliación de la protección incluye el entorno digital y la violencia comunitaria, responsabilizando a plataformas tecnológicas y a gobiernos locales por la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo.
El proyecto enmarca su espíritu en obligaciones internacionales y en la necesidad de fortalecer la protección estatal. “Proteger a las infancias es, en definitiva, proteger la democracia, la paz social y el porvenir de nuestro país” , dice el texto de la inciativa.
Respuesta integral y actualizada
En diálogo con Caras y Caretas, Cortés remarcó que la motivación del proyecto surgió de la preocupación por la exposición sistemática de niñas, niños y adolescentes a distintos tipos de violencia en Uruguay. A modo de ejemplo, recordó que en el contexto de violencia territorial “tenemos gurises heridos cada cinco días”.
Según explicó, el diseño de la propuesta apunta a una respuesta integral y actualizada. Detalló que el proyecto "abarca violencia intrafamiliar vinculada a violencia basada en género, incorpora mecanismos para abordar violencia comunitaria a través de gobiernos departamentales y municipales, y contempla herramientas específicas frente a agresiones en entornos digitales". En ese sentido, sostuvo que se prevé la creación de dispositivos que habiliten a denunciar situaciones en línea y que “se revisan algunas cuestiones de la Ley de Tenencia Compartida” en el marco de la protección prioritaria de los menores.
También remarcó el compromiso político previo de revisar la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza aprobada en la legislatura anterior, señalando que el proyecto apunta a corregir disposiciones que, en su visión, pueden exponer a niños y adolescentes a riesgos.
Consultada por la recepción parlamentaria del proyecto, Cortés afirmó que las primeras reacciones fueron favorables. Contó que ya mantuvo "conversaciones informales" y que “algunos legisladores en particular han planteado que apoyarían el proyecto”.
Aclaró que el texto ingresará a la Comisión de Constitución y Códigos, donde se espera que reciba aportes y ajustes durante el tratamiento legislativo.