Un Tribunal de Apelaciones rechazó la recusación del juez Alejandro Recarey por considerarla manifiestamente infundada, esto luego de que el magistrado ordenara frentar el proyecto Neptuno-Arazatí al entender que "hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable". Esto sería una "infracción constitucional".
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Esto fue informado por el abogado del juez Recarey, Juan Ceretta.
La sentencia, a la que accedió Caras y Caretas, señala que lo que motiva la recusación es "la falta de imparcialidad que afectaría al magistrado (Recarey) por entender que su parte ha sido emplazada a ejercer su defensa en el plazo exiguo de 48 horas hábiles lo cual no se corresponder con el derecho al debido proceso".
Pero el tribunal rechazó la recusación por ser "manifiestamente infundada". "Las referencias a la actuación del magistrado en otras causas no pueden servir de motivo para disponer el apartamiento".
El caso
Recarey resolvió el pasado lunes hacer lugar a la imposición de una medida cautelar de no innovar y emitió una sentencia interlocutoria que ordena a OSE no suscribir el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, para la construcción de una nueva planta potabilizadora en la zona de Arazatí para abastecer de agua potable al área metropolitana.
El magistrado entiende que “hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable” en infracción al artículo 47 de la Constitución y eventualmente, a la Política Nacional de Aguas. Según la resolución judicial, “será el privado el que diseñe, construya y mantenga la infraestructura“ y que OSE dejaría de ser “productora” de agua potable para pasar a ser solamente “distribuidora”.