Federico Kreimerman tiene 38 años y es, desde hace diez años y medio, funcionario de OSE e ingeniero en mecánica industrial. Hace ocho años se afilió al sindicato; desde hace tres integra su directiva y desde hace un año y medio es su presidente. Desde julio de este año, Kreimerman se convirtió en el “botín humano” del gobierno para que avance el proyecto Neptuno sin fuertes resistencias.
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De no prosperar el recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones, Federico Kreimerman enfrentará un juicio penal oral y público, que, al decir de la fiscal Fabiana Corbo (siguiendo los lineamientos de la ex fiscal Gabriela Fossati) será el primer antecedente de la justicia penal dirimiendo conflictos laborales y estableciendo límites contra el derecho de manifestación.
Pero Kreimerman está convencido de que la denuncia penal contra él y dos dirigentes sindicales de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), apunta a que la entrega del gobierno a empresas privadas para la construcción de la toma de aguas en Arazatí pase desapercibida, mientras la opinión pública debate sobre si la medida de la bomba de humo en el edificio de OSE está dentro de las acciones de un sindicato, y sobre si Kreimerman debe ser procesado penalmente y destituido de OSE por el sumario administrativo que se le abre a la hora de escribir este artículo.
¿Hay una operación política detrás de este pedido de procesamiento?
Federico Kreimernan (FK): Hay que ver un poco la cronología de los hechos que, viendo lo que pasa ahora, no son aislados. El origen está en el propio discurso del presidente de la República que anunció al Parlamento una obra, una gran obra de agua potable, todavía en pañales, digamos, pero que claramente ya fija la intención. Luego, durante el año 2022, el directorio de OSE toma una serie de resoluciones contemplando al consorcio de empresas (que a la postre termina ganando) y es el que presenta la solución de la obra de Arazatí, bajo el nombre de proyecto Neptuno.
Es una planta que va a tomar agua y la planta va potabilizarla y enviarla al sistema metropolitano. La propuesta técnica no surge como surge en el resto de las obras, sino que la presenta un privado y luego se aprueba usando una ley del gobierno de Jorge Batlle que le da a quien propone una solución para el Estado, una ventaja económica competitiva. Luego del estudio de factibilidad y habilitando el uso de esa ley para este proyecto, se abre la licitación; es decir, se abre en el inicio del 2023 el periodo donde las empresas pueden comprar los pliegos y hacer la oferta.
En el medio de ese proceso intentamos discutir aspectos que van desde lo ambiental hasta la calidad del agua.
Para nosotros es un modelo que privatiza y, además, la principal polémica y el principal enfrentamiento al día de hoy es el costo financiero que tiene este proyecto.
Durante el 2022 tratamos de explicar nuestra postura sobre este tema. Hablamos con el ministro de Ambiente de ese momento (Adrián Peña), hablamos con la vicepresidenta de la República y hablamos con el presidente de la República. Todos nos escucharon, tomaron nota, pero no mucho más.
En el 2023, cuando ya se conoce el diseño técnico más específico, se abre la licitación. Nosotros comenzamos la denuncia primero en las comisiones de Cuenca, que son un ámbito que están por la ley que reglamenta el artículo 47 de la Constitución, que es el artículo promovido e instalado por el plebiscito que promovió la FFOSE, que dice que el agua debe ser siempre suministrada por el Estado; su reglamentación incluye comisiones de cuencas, que son organismos consultivos que el Estado tiene que citar cuando hace proyectos de este tipo.
En la comisión de Cuenca, río Santa Lucía y Río de la Plata, se consultó a la Corporación Nacional para el Desarrollo por las vías de financiamiento, mostrando que la licitación tradicional era más barata por la vía del crédito (y la línea de crédito con organismos financieros que la OSE ya tiene). Sin embargo, se explicaba que imperando la política macroeconómica de reducción del déficit fiscal no se iba a usar la línea de crédito normal, sino que se eligió este modelo de financiamiento, que es el modelo que proviene de los formatos de negocio y la ley de participación público privada, ley que no se puede aplicar directamente en estos proyectos por el artículo con el que la institución resguarda un bien como el agua. Pero el formato de negocio es el mismo, y como es el privado el que construye, este “toma el riesgo”, es decir, paga la obra una vez que la obra está terminada.
La diferencia es que en el formato elegido para el Neptuno, el consorcio privado que construya se queda con la planta, a diferencia de cuando se paga un canon pero la empresa no termina siendo propietaria.
Por eso decimos nosotros que están agendando bienes públicos a empresas privadas y el problema son los números concretos. En el presupuesto de las oficinas técnicas de OSE para esta obra se estimaban 250 millones de dólares y ahora (y es justamente lo que a la CND le llamó la atención) ronda los 890 millones de dólares. La estimación de la CND era que pagando tasas de interés de préstamos internacionales hubieran ahorrado casi 300 millones de dólares.
Con la idea de no imputar ahora el déficit fiscal, se está incrementando el costo para el Estado y se incrementará la tarifa de agua y saneamiento que le cobra a todo el país.
La única forma racional que va a tener la OSE para pagar esto es: o bien si aumenta la tarifa o deja de gastar en mejorar los otros servicios, o posiblemente una combinación de ambos. Esto repercute en el salario de los funcionarios, en las condiciones de trabajo y en los servicios de una empresa operativa que tiene que todo el tiempo renovar su infraestructura, su equipamiento, los caños, las bombas, los camiones. Va a empeorar el servicio y se va a cobrar más caro, eso es una consecuencia evidente y ahí tiene mucho que ver con los hechos, porque esto es en lo que jamás el directorio de OSE dio una respuesta, ni el gobierno.
En ese marco se produce la movilización.
FK: El 13 de junio se abrían las ofertas de la licitación; fue el Gobierno que eligió que en vez de un acto administrativo, fuera un acto público del Poder Ejecutivo. Normalmente cualquier licitación se abre en oficinas de la calle San Martín con el gerente de suministros y los escribanos. El gobierno eligió hacer un acto público con la presencia de ministros, senadores, toda la plana de la OSE.
A las 10 de la mañana se convocó una asamblea de la FFOSE y, cuando llegamos, ya estaba la policía bloqueando las entradas del edificio; estaban trancados los accesos al primer piso, que es el piso donde se encuentra el directorio, que normalmente está abierto y es muy usual aquí que los funcionarios, cuando tienen un problema, vayan o incluso se manifiesten en forma pacífica en el hall de directorio.
No fuimos nosotros quienes provocamos la intervención policial, sino que se había preparado un operativo previo a que llegara la gente acá y es en ese contexto que ocurre lo del humo.
Usar pirotecnia es una decisión unánime del sindicato y de acuerdo de sus cuatro corrientes internas, no es una decisión personal, aunque yo, como presidente, lo ejecuto, me pongo al frente.
Eso ocurre el 13 de junio a las 11 de la mañana y lo de los pliegos del acto público fue a las 14, hora para la cual yo estaba más fuera del edificio y no pasó nada.
De hecho, el informe oficial de la OSE da cuenta que el acto ocurrió en tiempo y forma y con normalidad.
Nuestra movilización no impidió nada, no provocó daño material ni humano ni nada por el estilo.
Es extraño que en el mismo momento el directorio de OSE no tomara medidas.
FK: El 5 de julio (más de 20 días después) la OSE resuelve una investigación administrativa para ver los hechos y acá empiezan a encajar las piezas. El 9 de julio, un domingo, el programa Santo y Seña emite videos de seguridad de la investigación administrativa, otros programas periodísticos toman el tema y el lunes 10 de julio al mediodía el presidente de la República consultado por el asunto responde que instruyó al directorio de OSE a realizar la denuncia penal. En la tarde se reúne el directorio y denuncia penalmente a tres dirigentes: Marcelo Valverde, secretario general, Carlos Larrosa y a mí, como presidente, a los principales dirigentes de la Federación de corrientes distintas, que representamos a dos de las cuatro corrientes mayoritarias ampliamente.
¿O sea que fueron denunciados, pero no a partir de ser reconocidos por su participación en los hechos?
FK: La fiscalía fundamenta su denuncia, para escapar al argumento de la persecución sindical, en los videos que vio por televisión y que los televidentes nos identificaron.
Es para decir: “Yo no estoy persiguiendo dirigentes sindicales, ya que alguien me llamó y me dijo que era Federico”; así es el planteo, lo mismo con los otros dos compañeros.
Terminamos en la Fiscalía el 23 de agosto, lo que no correspondía, pues el ámbito para dirimir los derechos sindicales, aunque se puede no compartir las formas de manifestar, es en el Ministerio de Trabajo.
El gran precedente, que para nosotros es peligroso, es dirimir las fronteras de la movilización sindical en el ámbito penal, porque significa ponerlo en las fronteras de un delito. Pero el mismo día que Fiscalía, el directorio de la OSE se reúne sin anuncio y adjudica el proyecto Neptuno, aprobando el gasto de 890 millones de dólares, más 200 millones de dólares de gasto operativo; o sea, aprobó gastar mil millones de dólares y firmar un contrato que dura 18 años. Todo eso ocurre en la misma hora. Y obviamente ganó la empresa que dos años antes había hecho la propuesta, por más que se presentaron otras.
Ganaron las empresas que dirigen la Cámara de la Construcción en este país, las empresas a las cuales durante la crisis hídrica, mediante el decreto de emergencia hídrica, se habilitó a la OSE a no licitar, sino ir siempre por compra directa, liberando los montos topes, y se gastó dinero en las mismas empresas, por ejemplo, en la obra del trasvase del río San José.
Se repartió equitativamente el dinero entre esas empresas que son el monopolio de la construcción de Uruguay.
Lo de Arazatí es la mayor obra en la historia de la OSE. Y es, por cierto, la mayor obra pública de este gobierno.
Si esto fuera la mejor solución para el sistema de agua metropolitano, cualquiera esperaría que lo anunciara una conferencia de prensa con bombos platillos, pero eligieron la cortina mediática de humo que provocó la imputación de dirigentes sindicales para no dar ninguna explicación.
Esa misma tarde, además, el gobierno decreta el fin de la crisis hídrica, muy mal gestionada y que evidenció el desmantelamiento de la OSE como una empresa que no podía hacer frente a una situación de crisis por la falta de personal y de inversiones.
Los trabajadores, luego de un debate muy profundo, salimos a decirle la verdad a la gente: el agua que está saliendo de la canilla no es potable, no la use; nosotros lo sabíamos porque son nuestros propios compañeros los que miden la salinidad y nuestra principal crítica es que estas cosas se sabían pero no se anunciaban.
También denunciamos el negocio que se estaba haciendo con el agua embotellada y ahí sí marcamos alguna pauta, con la exoneración de la tarifa de subsidios del agua embotellada.
En mayo ya habíamos denunciado que la desalinizadora, los pozos en la ciudad, una presa en Belastegui, no habían sido nada más que un cúmulo de anunciar cosas para dar una idea de que se estaba haciendo algo, pero nosotros sabíamos que, por ejemplo, se había vaciado tan rápido la reserva de agua porque el agua que produce y bombea se pierde por la falta de inversión y la falta de personal, no hay gente para arreglar los caños, no hay gente para hacer mantenimiento. Y llegamos al absurdo de que para escuelas, hospitales y centros de diálisis, había que llevar agua y se llegó a tener nueve camiones parados porque se habían eliminado los puestos de chofer en esta reducción de personal a mansalva.
Ustedes, además, plantearon denuncias de clientelismo en las cooperativas sociales.
FK: Las cooperativas sociales son un mecanismo de contratación que provienen del período anterior. La administración actual, cuando asumió, encontró que era una vía por la cual pueden crear vínculos laborales con mucho menos control. Sí, evidentemente opera el clientelismo político.
¿Cuáles son las condiciones de trabajo actualmente?
FK: OSE funciona abusando de regímenes que eran para emergencias, volviéndolos normales. La guardia que funciona está a la orden 24/7, durante toda la semana, y está prevista para imprevistos. Hoy funciona como el régimen normal. Como no tengo capacidad de armar turnos para la tarde, por ejemplo, en la planta de Aguas Corrientes, para dar agua 24 horas, se sustituyen con personal de guardia. Para reparar caños o para atender al público, lo mismo.
Hoy son más de 1.200 funcionarios que trabajan más de ocho horas o, como se da en el interior, que ante la imposibilidad de armar la cantidad de turnos suficientes, pasa que un funcionario trabaja 21 días sin descanso. Como somos servicio esencial, están obligados a hacer el turno. Lo que hoy es normal debería ser la excepción.
Alrededor del tema Neptuno ustedes han tejido una suerte de alianza con organizaciones sociales.
FK: La Comisión Nacional del Agua y la Vida fue la comisión que impulsó el plebiscito en el año 2004; retomó las actividades y se sumaron organizaciones locales ya que, por ejemplo, está previsto que desaparezca Arazatí como balneario, porque por parte de la administración no hay ningún estudio de impacto ambiental.
Es importante que la gente sepa que por el proyecto Neptuno lo que se va a conseguir es un caudal que es la tercera parte de Aguas Corrientes; o sea, no es que esto me libera de todos los problemas. Así que ahí hay actores como el movimiento Tucutucu, que es el movimiento social, la junta local de San José e, incluso, el partido de gobierno departamental, que están en contra.
¿Lo de la bomba fue una definición del sindicato?, ¿con qué objetivo?
FK: Lo primero que se definió fue el uso de pirotecnia. Lo de la bomba de humo fue una decisión más del momento, pero definida colectivamente. Se usó para llamar la atención como cualquier manifestación y el uso específico de la bomba de humo fue con la intención de ser recibidos por el directorio, que saliera. El propio Montero (presidente de OSE), que no da pelota cuando la gente se manifiesta, sale a hablar con nosotros presionado por las circunstancias, él o algún gerente.
Que no se pierda el contexto de la obra millonaria que está en juego, que nos va a comprometer como país y la manifestación que claramente buscaba llamar la atención distorsionando, no impidiendo el acto, pero si distorsionando el normal funcionamiento, como cualquier manifestación, paro, etcétera.
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