Pero si entendemos la democracia en un sentido más amplio —como un proceso de ensanchamiento de derechos, de participación real de la gente en las grandes decisiones del país, de acortamiento de la brecha de desigualdad y de redistribución efectiva de la riqueza—, la alternancia no es necesariamente una buena noticia. Cuando los proyectos que se alternan representan intereses de clase contrapuestos, la alternancia significa, en la práctica, un freno o un retroceso para los intereses de las mayorías populares. La política no puede ser un péndulo infinito entre la justicia social y el ajuste neoliberal.
El legado del "modelo herrerista" y el mandato de 2024
Es prácticamente indiscutible que el electorado que confió en la fórmula Orsi-Cosse lo hizo con la expectativa de que se cambiara drásticamente la tónica y el enfoque de lo que fue un gobierno herrerista "puro y duro". El mandato de Luis Lacalle Pou dejó un saldo de privilegios para los más poderosos: se concedieron derechos a grupos de medios de comunicación que profundizaron la extranjerización y concentración de la información; se congelaron salarios y pasividades bajo la excusa de la pandemia mientras otros sectores acumulaban ganancias extraordinarias; y se vio crecer la desigualdad y la pobreza de manera alarmante.
A pesar de las promesas de campaña, el gobierno saliente aumentó los impuestos (mediante la quita de los dos puntos de IVA en compras con tarjeta, por ejemplo) y utilizó mecanismos de urgencia como la LUC (Ley de Urgente Consideración) para imponer más de 500 artículos en 90 días, en medio de una emergencia sanitaria. Fue un gobierno que impuso una reforma jubilatoria que representa un claro retroceso de derechos y que recortó presupuestos en áreas sensibles como la salud y la educación pública.
Pero lo más oscuro de ese período fue la degradación institucional: la entrega de un pasaporte a un narcotraficante buscado internacionalmente, la destrucción de pruebas en el seno de la Torre Ejecutiva, el espionaje a senadores de la oposición y casos de corrupción como el de Cardama. Con estos antecedentes, es lógico que la mayoría de los uruguayos votaran por el FA. Si bien la convocatoria programática no era, quizás, una propuesta de transformaciones estructurales radicales, sí portaba la esperanza de resolver temas centrales: pobreza infantil, desempleo, inseguridad y el acceso a la vivienda como un derecho humano, no como una mercancía.
La política exterior: de la "desideologización" al ridículo
En el plano internacional, la desilusión también es profunda. Uruguay solía jugar en las "grandes ligas" de la diplomacia por su coherencia y respeto al derecho internacional. El gobierno de Lacalle Pou, que prometió desideologizar las relaciones exteriores, hizo exactamente lo contrario: plegó al país a una política dictada por los intereses de Estados Unidos, cumpliendo el libreto a rajatabla. Uruguay pasó de ser un referente a ser, en ocasiones, el hazmerreír en instancias como la CELAC, con un presidente que parecía más preocupado por su perfil personal de “líder mundial” que por la integración regional.
Sin embargo, la ilusión del cambio en el nuevo gobierno se diluye cuando se observa una falta de valentía necesaria en la arena internacional. No se puede dudar a la hora de denunciar el genocidio que ocurrido en Gaza ni se puede callar ante las agresiones que sufre el pueblo de Venezuela a punto de ser atacado militarmente por Trump. La voz de Uruguay debe ser siempre la de la paz y la autodeterminación, sin dobles raseros ni temores a las presiones de Washington.
El equipo económico y la "ética de la responsabilidad"
Como se puede apreciar, no parece tan difícil diferenciarse de la gestión anterior. Alcanza con un poco de esfuerzo y, sobre todo, voluntad política. Sin embargo, esa voluntad parece hoy difícil de visualizar. Los temas que definen la vida cotidiana de la gente están, todavía, en una zona de espera. Algunos dirán que "hay que dar tiempo", que el gobierno apenas comienza. Es cierto, pero el hambre y la precariedad no saben de calendarios electorales ni de balances fiscales.
Lo urgente no puede ser definido únicamente por el déficit fiscal, por más "atrapante" que sea la discusión técnica. Hay postergaciones históricas que deberían interpelar a todo el sistema político. Es entendible la urgencia en los asentamientos, donde los niños crecen sin calzado y bajo techos que no resisten la lluvia. Es entendible el enojo del jubilado que ve cómo se mantiene el déficit de la caja militar y los aguinaldos de los retirados de las fuerzas armadas, mientras él sigue esperando un aumento digno y una restitución de derechos arrebatados en la dictadura.
Resulta difícil asumir la posición de un equipo económico que afirma que "no hay dinero" mientras rechaza alternativas de financiación lógicas, como el impuesto del 1% a los más ricos. Lo que es peor: algunos integrantes del gobierno prefieren polemizar con la izquierda social y política. Es el caso de expresiones que, bajo el paraguas de una supuesta "ética de la responsabilidad", terminan descalificando las demandas populares como "pensamiento mágico" o "promesas quiméricas". Esa actitud desdeña la base social que permitió que hoy ocupen esos cargos.
El impuesto al 1%: Justicia, no magia
La iniciativa de gravar al 1% más rico de la sociedad —promovida por académicos de la UdelaR e impulsada por el PIT-CNT— es un punto de inflexión. Se puede debatir su implementación, pero no se puede "bastardear" desde un pedestal parlamentario. El Frente Amplio es, en teoría, un bloque político y social; no es una mera distribución de bancas entre sectores que se olvidan de quiénes están en la base.
Al respecto, los datos son crueles: el 17% de la población vive bajo la línea de pobreza, y en la infancia esa cifra salta al 32%. Uno de cada tres niños uruguayos no accede a una vida digna. Mientras tanto, el 1% más rico concentra casi el 40% de la riqueza nacional. Esta arquitectura tributaria es una decisión política, no una ley de la naturaleza.
Vale la pena recordar que precisamente la pobreza infatnil y sobre todo los recursos que se destinarían a ella, fueron el argumento central de muchos de los que se oponáan a la reforma jubilatoria. Con berrborragia gritaban a los cuatros vientos que financiar la reforma jubilatoria propuesta por el movimiento social desfinanciaría esta politica central. Es más, hasta se llegaron a escribir documentos firmados por frenteamplistas en plena campaña electoral “alertando” por esta situación. Sin embargo, ni hoy hay recursos potentes para financiar el combate a la pobreza infantil como lo exige la etica ahora sí de la responsabilidad, ni tampoco hay reforma jubilatoria con miras puestas en devolver derechos arrebatados por el gobierno de Lacalle Pou.
El argumento de que este impuesto es "inaplicable" es, sencillamente, falso. Países como Argentina, España, Suiza, Noruega y Colombia aplican gravámenes similares al patrimonio o a las grandes fortunas. En España existe el Impuesto Temporal de Solidaridad; en Suiza, los cantones gravan el patrimonio neto mundial. Incluso en Uruguay, este impuesto existe desde 1964, solo que ha sido vaciado hasta llegar a su alícuota más baja.
Si el ministro Oddone afirma que esto no se aplica en ninguna parte, falta a la verdad o ignora la realidad de los sistemas tributarios modernos que buscan, precisamente, frenar la desigualdad. que organismos como el Banco Mundial denuncian como el gran flagelo de nuestra era. Si algo cacteriza al mundo actual, a las actuales sociedades es la creciente desigualdad, se cuentan por cientos las advertencias de organismos internacionales, academicos, pensadores, movimientos sociales respecto a la creciente desigualdad con las terribles consecuencias que afectan a la humanidad. No hay que ir a los BRICS ni al manifiesto comunista para encontrar las denuncias sobre la desigualdad, alcanza con leer los reportes de Banco Mundial, del cual supongo nadie tendra sospechas de que se trate de un organismo de izquierda.
Casi 700 millones de personas en todo el mundo viven hoy en la pobreza extrema, lo que significa que viven con menos de USD 2,15 al día, esta es la realidad del mundo que muchas veces nos “pintan” como en perfecto estado de cosas. Sumado al flagelo del que practicamenta nadie habla: la muerte de niños por desnutrición, llega a casi 3 millones por año, casi un Uruguay entero muere por año. Frente a esta realidad mundial ¿son ejemplos a seguir, no se puede cuestionar un poquito las politicas que nos han llevado a esta deshuminación?
El momento del golpe de timón
Para un gobierno que se reclama de izquierda, el ejercicio de cuestionar la realidad debe ser constante. La realidad que debe interpelarnos no es la de los minutos de fama en la prensa o los llamados a sala de la oposición herrerista. La realidad que debe quitarnos el sueño es la de las expectativas de esos miles de uruguayos que votaron por un cambio de rumbo real.
No se puede gobernar mirando solo el ábaco de los votos internos. Se necesita voluntad política para dar un golpe de timón. El Frente Amplio debe decidir si será la herramienta que cumpla con los que más necesitan o si se dejará absorber por la inercia de una gestión que no se atreve a tocar los intereses de los más poderosos. El tiempo de la responsabilidad es ahora, pero de la responsabilidad con el pueblo, no con los mercados.
