La caridad de los parientes ricos con fondos del Estado

Con el procesamiento a la vista es fácil hacer leña del árbol caído, pero muchos de los correligionarios del Partido Nacional (incluido el candidato a presidente, Álvaro Delgado) que reclamaron que el exintendente Pablo Caram renuncie a sus filas al igual que la exdiputada Valentina Dos Santos, sabían por lo menos desde el principio de la gestión, allá por el 2020, de las denuncias de nepotismo, clientelismo y utilización de los fondos municipales en beneficio de las estructuras partidarias, aunque la Justicia deberá determinar si ese conjunto de políticas, desde el punto de vista económico, beneficiaron el peculio personal.

Con algunos datos disponibles hasta el momento, lo más probable es que los dineros obtenidos solo hayan financiado campañas electorales y “comprado” lealtades partidarias, pues si algo consta es la situación pudiente de los principales implicados previo a estar al frente de la gestión u ocupar cargos institucionales.

Cierto es que la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y la Junta de Transparencia (JUTEP) podrían haber determinado (tarea aún pendiente) si el patrimonio de las empresas en que muchos de los involucrados son socios acrecentaron sus ingresos, o si están declarados todos los bienes.

La gestión a las pedradas

La denuncia por adjudicación de horas extras, nepotismo y clientelismo no es la única situación en que la gestión Caram se ha visto involucrada.

En marzo del 2022, cuando ya había empezado “la fiesta de horas extras”, llevada adelante por la funcionaria Stefani Severo, contratada directamente y esposa de un director municipal y primo del intendente, Rodolfo Caram, el ciudadano alemán Marc Schlabbers presentaba una denuncia penal contra la Intendencia por robo de derechos de autor.

Vale recordar que la Sra. Severo Suárez fue procesada a cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos u oficios públicos y a una multa de 1.000 UR (mil unidades reajustables); y el Sr. Rodolfo Caram Martínez, como coautor penalmente responsable de un delito continuado de fraude, a la pena de veinticuatro meses de prisión, la cual se cumplirá en régimen de libertad a prueba, de acuerdo a lo que prevé el artículo 295 bis del Código del Proceso Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1) residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión de la DINAMA; 2) sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la referida Dirección; 3) presentación una vez por semana en la seccional policial correspondiente al domicilio fijado; 4) prestación de servicios comunitarios cuatro horas semanales durante diez meses. También a cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos u oficios públicos y a una multa de 1.000 UR (mil unidades reajustables).

El ciudadano alemán había registrado en agosto del 2004 un proyecto que quedó con el número 697 ante el Ministerio de Cultura, la creación de un Museo de la Piedra. El ambicioso proyecto pretendía, además del museo, el funcionamiento de un laboratorio técnico y científico de estudio de las piedras preciosas, y mayúscula fue su sorpresa cuando se enteró que su proyecto fue “tomado” por la gestión Caram.

En esa oportunidad quisimos consultar a la entonces diputada Valentina Dos Santos sobre ese punto, pero se llamó al “ostracismo” y después del procesamiento judicial se pueden ver en las páginas de la web de la Intendencia fotos del Museo de la Piedra, ideado por Schlabbers pero como genialidad de los Caram.

Hacendados en la política

El discurso de la política clientelista llevada adelante por los Caram se basa en el argumento cristiano de la caridad, por supuesto que con plata del Estado, en este caso de la Intendencia.

Ni el exintendente y ahora procesado Pablo Caram ni su sucesora, Elita Volpi, tienen una situación patrimonial que los haya llevado a tentarse con desviar fondos públicos (aunque falta investigar), quizás porque forman parte del privilegiado grupo de ciudadanos del departamento de Artigas, un departamento que, junto a los del norte del país, tiene los índices más altos de extrema pobreza.

En la actualización de la declaración jurada ante la Jutep de noviembre del 2022, el patrimonio neto de Pablo Caram era de $20.671.463, sumando su sueldo de intendente, 500 cabezas de ganado, 460 ovinos, 4 yeguarizos, 4 inmuebles, $875.000 de ganancias por su explotación rural, un vehículo particular y un depósito bancario.

A pesar de que la exintendenta frenteamplista Patricia Ayala generó el antecedente como fonoaudióloga de que no es necesario ser “el rico” del pueblo para ser intendente, la sucesora de Pablo Caram (que además se acogió al subsidio con el 85 % de su sueldo), Elita Volpi, dobla el patrimonio de su antecesor.

Elita Volpi pasó a ser la tercera en la línea sucesoria ante la muerte de quien se encontraba en la lista entre Valentina Dos Santos y ella, y de la que varios medios ya recordaron que es indagada por un asunto relacionado con una mujer brasileña de Artigas a quien le realizó trabajos de escribanía, quien en mayo de 2024 fue condenada por estafar en USD 20 millones a una estanciera. Esta persona, Chabela Lidia Cardozo Ferreira, fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia en reiteración real con un delito continuado de apropiación indebida a la pena de dos (2) años de penitenciaría de cumplimiento efectivo, con descuento de las medidas cautelares sufridas.

Se dispuso además el decomiso de las acciones de la sociedad comercial “Los Vientos S.A.S.”, la cual se identifica con el RUT 160372010016, así como toda documentación referente a la misma que obre en poder la encausada; dispónese el decomiso asimismo de los inmuebles: padrón 223, unidad 503, correspondiente al edificio “Kennedy” de la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado, el cual se encuentra a bajo la titularidad de la sociedad comercial “Los Vientos S.A.S.”; padrón 223 nivel SS, unidad 126, de la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado, el cual se encuentra bajo la titularidad de la sociedad comercial “Los Vientos S.A.S.” ; el local comercial ubicado en el padrón 77, unidad 027 que forma parte del edificio “Apolo” de la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado, el cual se encuentra bajo la titularidad de la sociedad comercial “Los Vientos S.A.S.”; y el padrón 12.785 de la ciudad de Artigas, departamento de Artigas, el cual se encuentra bajo la titularidad de la sociedad comercial “Los Vientos S.A.S.”. Dispónese asimismo el decomiso del vehículo automotor marca Volkswagen modelo Saveiro, matrícula IAE 6256, No. padrón 900457874; quedando todos los bienes decomisados a disposición de la Junta Nacional de Drogas.

La gestión de la Intendencia no es nueva para esta escribana que ya había asumido como intendenta interina. Poseía, a mayo del 2022, cinco inmuebles en el departamento de Artigas que suman un valor de $44.055.000 y un vehículo Suzuki valuado en $507.000. Es socia de una empresa, por lo que el total del patrimonio de la nueva intendenta asciende a $46.014.636 descontado los pasivos, aunque a enero del 2024 aumentaron los pasivos y su activo se redujo a $36.207.000.

Su núcleo familiar recibe otros importantes ingresos ya que está casada con un importante odontólogo de la ciudad que además es hacendado y cuenta con un patrimonio de $51.821.987 que se mantuvo casi igual a enero del 2024.

Cuando todo vale

Valentina Dos Santos Caram estaba predestinada a ser figura política con un patrimonio político del Partido Nacional en el departamento. Sus abuelos, tíos y hermanos se dedican principalmente a la producción rural, con importantes extensiones de tierras en Artigas (aproximadamente seis mil hectáreas de tierras en distintos puntos del departamento). Desde muy temprana edad, Valentina se ha destacado por su militancia activa en el Partido Nacional. Sus seguidores la describen como carismática y altruista, cualidades que la perfilan como una posible futura intendenta de Artigas, y se expresó en la buena votación obtenida en las internas de junio del 2024 (casi 70 % de los votos).

Sobrina por línea materna del exintendente Caram y por parte paterna del famoso líder nacionalista Alma Dos Santos (que adquirió notoriedad en aquel acto donde pidió no se tiraran bombas de estruendo), un acto político que parecía copiado de la novela Cien Años de Soledad de García Márquez, aunque la gestión que desarrollarían los Caram en la Intendencia es bastante más grave que aquellas fuertes disputas internas entre los blancos. Valentina trabajó en la Intendencia (fue su directora general del 2015 al 2020), al tiempo que asumía como diputada en el 2020, algo que tendrá que revisar la Jutep, ya que en su declaración jurada figura su salario en el Parlamento y, aunque menciona trabajar en la Intendencia de Artigas, no declara sus ingresos municipales.

La “promesa” de la dinastía Caram y de Luis Lacalle Pou en el departamento más norteño por supuesto que también pertenece a los sectores privilegiados de la sociedad de Artigas.

En el año 2019 el patrimonio neto de Valentina Dos Santos era de $75.283.346, constituido por su salario en la Intendencia de Artigas, el 37,5 % de derechos hereditarios y el 33 % del capital societario en las empresas “Nuevo Campo Fértil SRL” (constituida en 2011), “La Soñada Sociedad Agraria Limitada” (constituida en 2011) y “Don Laires Sociedad Agraria Limitada” (constituida en 2013), todas constituidas ante la escribana Elita Volpi.

Nuevo Campo Fértil SRL es más que conocida en el departamento y está integrada, además de por la exsecretaria general de la Intendencia y diputada, por Mauricio Dos Santos y Jorge Laires. Esta empresa, siendo Valentina secretaria general y luego diputada, ganó varias licitaciones en la Jefatura de Policía de Artigas y ante el Instituto Nacional de Colonización, la mayoría para la Colonia Dr. Eduardo Acevedo y otras de Artigas, según denunció en su momento Crónicas del Este (https://cronicasdeleste.com.uy/Noticias/diputada-campo-fertil2.html).

En octubre del 2021 su patrimonio neto declarado era de $43.270.328, constituido por su salario como diputada, el 37,5 % de los derechos hereditarios (que pasaron de la declaración del 2019 de $70.402.500 a $34.580.000), y se suma con el 25 % una nueva empresa, “Poncho Blanco SRL” (establecimiento que cuenta con superficie de 1.200 hectáreas con un sistema de producción de ciclo completo con una población de ganado de 600 vacas y 800 lanares), más unos depósitos bancarios.

Entre las varias actividades de “caridad” de la diputada Dos Santos no se puede dejar de mencionar el proyecto Vale Emprender, que está siendo motivo de investigación en principio del Parlamento. En el IG de Vale Emprender se presenta como “el primer proyecto de apoyo a emprendimientos con alcance departamental impulsado por Mides, Intendencia de Artigas y la diputada Valentina Dos Santos”.

El Mides se desmarcó del uso que finalmente le terminó dando la Intendencia de Artigas, y en particular la exdiputada Valentina Dos Santos, al dinero volcado por el Ministerio para apoyar proyectos productivos en el sector rural.

“En 2021, el Mides firmó 14 convenios con distintas intendencias en el marco de la ejecución de programas de la División de Inclusión Productiva y Laboral del Área de Promoción Sociolaboral de la Dirección Nacional de Desarrollo Social. En ese contexto, en la ejecución del programa Ruralidad, el 19 de octubre de 2021 se firmó un convenio con la Intendencia de Artigas por el plazo de 12 meses con el objetivo de llevar adelante en el departamento un programa conjunto para promover el desarrollo social, económico y productivo de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica a través de su participación en proyectos productivos asociados al sector agropecuario”, aclararon desde el Ministerio de Desarrollo.

El presupuesto total del convenio fue de $1.700.000 que fueron pagados en dos partidas distintas: la primera a los 30 días y la segunda contra rendición de cuentas dentro de los cuatro meses de suscripción del convenio.

En Artigas lo que generó más “ruido” fue el uso político de la exdiputada Valentina Dos Santos en una forma de gestión que no le es ajena; en plena campaña electoral por las internas “donó” a una escuela vales para los niños para pasar una jornada en el parque de atracciones con el compromiso de asistir al acto de lanzamiento de las precandidaturas nacionalistas locales.

Picando el pie descalzo

El procesamiento judicial de los involucrados, pero fundamentalmente de Pablo Caram y Valentina Dos Santos, se convirtió en un breve terremoto político, pero parece confirmar aquello de que hay una justicia para pobres y otra para ricos, pues en este caso no son los Caram los que andan de pies descalzos.

Llama la atención que, estando involucrados por lazos sanguíneos y funcionales, no se los haya tipificado entre otros delitos con “asociación para delinquir”, y el procesamiento no impide que por ejemplo Valentina Dos Santos pueda ser candidata a intendenta por el departamento de Artigas en las próximas elecciones municipales.

Habría que terminar de analizar hasta dónde la Fiscalía y el Poder Judicial en Artigas pueden avanzar en las estructuras feudales, en poder trazar la ruta del dinero (8 millones de dólares) y conocer quiénes fueron los beneficiarios de la “caridad de los Caram”.

La jueza Carolina Olivera Ricardi procesó a Pablo Caram como autor penalmente responsable de un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos a la pena de catorce (14) meses de prisión que cumplirá en régimen de libertad a prueba, de conformidad con lo que establece el artículo 295 bis del Código del Proceso Penal.

También procesó a Valentina Dos Santos como autora penalmente responsable de un delito de usurpación de funciones. Esta condena la obliga a cumplir seis meses de prisión, los cuales fueron sustituidos por libertad a prueba, con la condición de realizar dos meses de tareas comunitarias durante dos horas a la semana.

Lo que la Justicia aún no logró procesar es al poder político feudal del departamento.