La coalición tiene "cuadros débiles en gestión y experticia"

El primero en renunciar fue Ernesto Talvi, quien dejó su cargo como Canciller el 1° de julio de 2020, a cuatro meses de la asunción del gobierno. En el mes de junio del mismo año, Carlos María Uriarte renunció al puesto de ministro de Ganadería Agricultura y Pesca. Un año después, en agosto del 2021, Germán Cardoso dejó a su cargo como ministro de Turismo. Además de la salida de estos cuatro ministros, en diciembre de 2022, Carolina Ache presentó la renuncia a su cargo como vicecanciller.

A esto se suman dos bajas en el Partido Nacional: el cese de Pablo Bartol como ministro de Desarrollo Social en mayo de 2021 y la renuncia de Luis Calabria en agosto del 2022. En el caso de Cabildo Abierto, se espera la renuncia del ministro de Salud, Daniel Salinas, anunciada para marzo, cargo que asumirá la directora de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando. A la luz de los antecedentes, ¿cómo podría afectar la salida de Peña a la coalición de gobierno?

Para el politólogo Antonio Cardarello, con la renuncia del ministro de Ambiente “podría existir un efecto negativo para el gobierno en el sentido de que son varios los jerarcas que debieron renunciar”. De todos modos, consideró que el principal afectado ha sido el Partido Colorado, ya que cuatro de los ministros salientes y la vicecanciller son representantes de esta fuerza política.

Con respecto al Poder Ejecutivo, y al Partido Nacional, opinó que la nueva renuncia “le vino bien”, ya que “distrajo el foco” de los hechos delictivos protagonizados por Marset y Astesiano, que venían suscitado la atención desde mediados del año pasado. “Al gobierno, de alguna manera, le sirvió el hecho de que un título universitario pusiera en jaque a otro jerarca del Partido Colorado. Como se pudo ver, tanto el presidente como varios dirigentes utilizaron sus redes sociales para marcar la diferencia con el caso de [Raúl]Sendic, destacando la celeridad del procedimiento comparada al tiempo que se tomó el Frente Amplio para para pedirle la renuncia. Buscaron hacer ese contraste para salir bien parados, fortaleciendo la posición del Partido Nacional dentro de la coalición de gobierno. En este caso, se debilita más es el Partido Colorado, que tiene menos chance de dirigir la coalición”.

Cardarello recordó que semanas atrás el senador colorado Raúl Batlle, hijo de Jorge Batlle, dijo que la coalición funcionará mucho mejor si un colorado estuviera al frente y aseguró que “todas las renuncias tiran por tierra tal argumentación”. “El partido que ha estado más complicado de la coalición, en cuanto a las actividades de sus jerarcas más representativos, es justamente el Partido Colorado”, enfatizó.

Por su parte, el politólogo Diego Puntigliano Casulo señaló que la Renuncia de Peña, el quinto jerarca colorado en renunciar, afecta directamente al Partido Colorado y al sector Ciudadanos en particular, ya que “han quedado expuestos por diversas situaciones en las que sus figuras renunciaron por alguna irregularidad”. En tal sentido, sostuvo que la seguidilla de renuncias delata la situación actual del Partido Colorado y demuestra problemas en los equipos de representación. “Peña era ministro de Ambiente, y casi licenciado en Administración, no hay una relación clara entre estas temáticas, lo que también habla de un problema que tiene la coalición en general: hay cuadros débiles en materia de gestión y experticia”. Y sumó: “Recordemos que cuando recién asumió la coalición, fue difícil asignar algunos cargos”.

Otro de los problemas de la coalición, añadió Puntigliano Casulo, es la “escasa articulación” entre sus socios, situación que, a su entender, sucede desde el inicio de este mandato y tiene que ver con que “funciona como una familia ideológica”, ya que “el acuerdo de la coalición es que no pertenecen al Frente Amplio, pero no tiene una identidad propia”. Y sumó: “Creo que hay una minimización del accionar de un gabinete que, según el discurso, funciona bien, pero en los hechos salta a la vista que no hay una articulación intersectorial”.

Consultado sobre cómo podían afectar las reiteradas renuncias de jerarcas al Poder Ejecutivo y a la figura del presidente Lacalle Pou, que viene declarando que estas situaciones “no afectan al gobierno”, el politólogo consideró que la afectación “es más hacia la interna de los partidos que se ven afectados, por una cuestión de disputas, que hacia la figura del presidente”.

En tanto, para Cardarello el presidente todavía “sigue bien parado” debido a “la buena imagen que cosechó durante el primer año y medio de gestión. De todos modos, remarcó que “las últimas encuestas de evaluación marcaron una caída bastante pronunciada, situación más parecida a lo que le pasa a la mayoría de los presidentes hacia mitad de su mandato: una caída en la aprobación y un incremento en los niveles de desaprobación”.

El caso Astesiano

En setiembre del año pasado se conoció la noticia sobre la detención del exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, procesado por falsificar documentación para la expedición de pasaportes rusos y por liderar una organización delictiva que tenía su logística en la Torre Ejecutiva. Esta situación generó gran polémica a nivel nacional e incluso llegó a medios internacionales como el Financial Times: "Escándalo de pasaportes en Uruguay obliga a considerar la corrupción", decía el titular del artículo que le informaba al mundo lo que estaba pasando en Uruguay. Además, señalaba que el mencionado escándalo derivó en “acusaciones de espionaje político y corrupción que podrían amenazar la reputación de la nación como modelo de estabilidad en América Latina". A pesar de las notorias repercusiones del caso, Lacalle Pou lo ha relativizado e insiste en que los hechos delictivos que protagonizó su excustodio lo afectan de manera personal, pero que no repercuten en el gobierno. "Ustedes quédense tranquilos que los golpes los absorbo yo", llegó a decir en una reunión con el gabinete ministerial allá por diciembre.

Para Cardarello “hay que ver cómo impactan los audios que se siguen conociendo en el caso de Astesiano”, como el último que salió a la luz, “que refuta la fuerte afirmación que había hecho el presidente al inicio de este suceso, respecto a que él conocía los antecedentes parcialmente”. “Este nuevo audio que se filtra deja en evidencia que si tenía conocimiento de los antecedentes y otra vez pone en el tapete si el presidente mintió cuando dijo que no conocía los antecedentes. Si se siguen filtrando audios de este tipo, creo que a la larga va a resultar afectado”.

Sobre las afectaciones que podrían traer las repercusiones internacionales sobre el gobierno uruguayo, expresó: “Nunca es bueno que a nivel internacional se asocie el nombre de Uruguay a problemas del narcotráfico. El tema de los pasaportes es bastante delicado. Todos los gobiernos nacionales, y este en particular, tienen la voluntad de separar el nombre de Uruguay de sucesos vinculados al narcotráfico y mostrarlo como un país estable, con lineamientos claros más allá del gobierno turno y que respeta la institucionalidad y la democracia. Es claro que este tipo de situaciones pondría generar un debilitamiento sobre cómo es mirado Uruguay en ámbitos internacionales. Hay que hasta dónde llega la gravedad del caso de los pasaportes”.

Puntigliano Casulo opinó que el caso Astesiano genera impacto en la opinión pública por “el tipo de impunidad con que se manejó un espionaje en democracia” y, con mayor fuerza, por el hecho del espionaje a la expareja del presidente [Lorena Ponce de León]. En tal sentido, comparó algunas acciones actuales con otras del pasado reciente. “Con el tema del espionaje a la exesposa de Lacalle Pou hubo varias reacciones en clave de género, por el hecho de que implicaba una situación de acoso, y utilizando los recursos del Estado, algo que, además, hay que pensar históricamente. El terrorismo de Estado también funcionó de esa forma, utilizando recursos del Estado para hacer persecuciones de tipo moral y política, para buscar al enemigo interno. En el caso Astesiano, con el espionaje a la oposición, a figuras como Fernando Pereira, Marcelo Abdala o Mario Bergara, se vio una persecución de tipo político muy grave y que viola los derechos humanos a nivel individual, pero también colectivo”.

Con respecto a la porción de la población que aún apoya al gobierno, Puntigliano Casulo explicó que, otra vez, entra en juego el concepto de familias ideológicas, ya que “hay una idea errónea de que existe una gran base porque la mitad de gente votó al presidente cuando gran parte de esa gente lo que quería, básicamente, es que no gobernara el Frente Amplio”. “Cuando hablo de familias ideológicas no me refiero a izquierda y derecha, o liberales y conservadores, sino a dos visiones contrapuestas. Si bien el Frente Amplio durante sus gobiernos tuvo muchos cambios disruptivos, también tuvo muchos que no lo fueron tanto. Entonces, en hecho de que la gestión actual corte con ciertas políticas no necesariamente fortalece la figura del presidente como gestor, sino que lo diferencia del Frente Amplio. Es decir, el apoyo a Lacalle Pou está más relacionado a la crítica hacia el gobierno frenteamplista que al hecho de que su gestión sea considerada buena. Esto es una demostración de familia ideológica”.

La caída

Al evaluar estos casi tres años de gobierno multicolor, Cardarello opinó que la gestión conducida por Lacalle Pou está divida en dos: “El primer año y medio estuvo dominado por la temática del control de la pandemia, etapa en la que el gobierno generó sus principales logros. Entre ellos, haber consolidado la coalición cuando podía haber dudas en base a los antecedentes del anterior gobierno nacionalista, donde la coalición de gobierno que armó su padre, Lacalle Herrera, se había disgregado en poco más de un año. En este caso, la coalición se mantuvo, sacó leyes importantes, como la LUC, y ya cuenta con media sanción para la reforma de la Seguridad Social. Además, tuvo muy buen resultado en las elecciones departamentales. Creo que el primer año y medio fue muy bueno para el gobierno”.

La segunda etapa del gobierno, prosiguió Cardarello, inicia cuando la oposición logró reunir las firmas para el referéndum y, con este impulso, comenzó a recuperarse. “En este momento la oposición empezó a marcar la agenda, que hasta entonces estaba siendo controlado por el gobierno, que pasó a estar a la defensiva. Si bien el gobierno logró el objetivo de que no se alcanzará la derogación, se dio un resultado muy parejo, parecido a lo que había sido el balotaje de noviembre, cuando la mayoría esperaba un resultado mucho más favorable al gobierno. A mitad del año pasado, la gestión económica empezó a cobrar relevancia como el principal tema de preocupación de los de los uruguayos, el desempleo, la pérdida del salario, etc. Estas preocupaciones comenzaron a generar disgusto, lo que explica, en parte, la caída en los niveles de aprobación del presidente y del Gobierno en general”.

Según el exerto, la oposición “aprovechó” esta caída del gobierno para afianzar su rol. “En el caso del Frente Amplio, a partir de que Fernando Pereira asumió como presidente, se vio un modelo de crítica mucho más duro y de contraste con la gestión del gobierno”. A partir del segundo semestre del año pasado, cuando saltaron los hechos delictivos vinculados a Marset y Astesiano, hubo otro cambio de postura en el gobierno. “Estos hechos, claramente, no le cayeron nada bien al gobierno, que ha estado continuamente a la defensiva y tratando de vincular al Frente Amplio con el caso de los pasaportes, con el origen de este problema, o haciendo señalamientos y comparando con cómo se actuó durante los gobiernos del Frente Amplio en temas similares a la renuncia de Carolina Ache o de Peña. En síntesis, una primera parte de estos tres años fue muy buena, y la segunda, más parecida a gobiernos que fueron salpicados con este tipo de denuncias, como lo que fue el segundo gobierno de Tabaré Vázquez que a partir del escándalo de Sendic. Una gestión contaminada".