Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política corrupción | Policía | Heber

Mal olor

La corrupción está destruyendo a la policía

La corrupción es un problema policial de larga data. Pero Luis Alberto Heber ha sido el ministro más ineficaz para combatirla.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Oficiales de policía trabajando para desvirtuar la investigación de la fiscal Alicia Ghione sobre el exsenador herrerista Gustavo Penadés; oficiales de policía ingresando ilegítimamente a las escuchas telefónicas de El Guardián sobre una causa que investiga a expolicías; oficiales de policía participando en el espionaje a dirigentes de la oposición; policías hicieron desaparecer 15 armas que debían ser periciadas; se esfumaron 50.000 euros guardados en dependencias de Interpol. La corrupción es un problema policial de larga data. Pero Luis Alberto Heber ha sido el ministro más ineficaz para combatirla.

***

Un veterano oficial dijo una vez: “Si trabajás en un chiquero, te vas a cagar las patas. Pero si no te gusta, tomarás precauciones”. De una forma tan simple explicaba los riesgos de corromperse que cotidianamente enfrentan los policías.

Sería absolutamente injusto acusar a todos los funcionarios policiales. Pero la realidad nos muestra día a día que los nichos de corrupción son cada vez más grandes.

En el pasado casi todos los ministros del Interior tuvieron que enfrentar gravísimos problemas originados por policías desleales. No parece ser esta una preocupación del actual ministro.

Lo que cada día trasciende a la opinión pública muestra que Heber no tiene control político sobre la fuerza que debe liderar y eso expone a los ciudadanos a todo tipo de arbitrariedades.

El intento de algunos uniformados de interferir en la investigación que la fiscal Alicia Ghione realizaba sobre el exsenador Penadés es un hecho gravísimo, porque esos policías, de filiación blanca, fueron más leales a su partido político que a la Justicia.

No había pasado una semana cuando se conoció otro hecho de inusitada gravedad. Un oficial de policía, hijo de Silcar Lara, un exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior (DNII) durante la dictadura y acusado como torturador, ingresó ilegítimamente a las escuchas de El Guardián sobre el caso de los vinos envenenados que en 1978 terminaron con la vida de Cecilia Fontana de Heber, madre del actual ministro.

Uno de los indagados en la causa de los vinos es el comisario Juan Ricardo Zabala, quien también se desempeñó en la DNII junto a Lara. En este caso el oficial, que burló los controles del software de intercepción de llamadas, fue más leal a los torturadores que a su jefe y víctima del atentado.

Hace dos meses “desaparecieron” 15 armas cortas que estaban en una dependencia policial para ser periciadas.

Antes se “esfumaron” 50.000 euros durante un incendio que sólo afectó al mueble donde se guardaban ubicado en una oficina de Interpol. Después de un informe de Bomberos que calificó como “dudoso” el origen del fuego, el caso pasó a ser investigado por una fiscalía de flagrancia.

La Policía Nacional es una organización muy compleja. La mayoría absoluta de sus integrantes son hijos de policías. Generalmente provienen de los sectores más humildes de la población. Durante años fueron denigrados con salarios de hambre.

Además, la militarización de la fuerza durante la dictadura fue un gravisimo error que la alejó de la ciudadanía porque muchos de sus oficiales estuvieron vinculados al terrorismo de Estado. En particular la DNII, de Maldonado y Paraguay, que fue escenario de horrendos delitos.

Pero muy pocos han sido procesados y condenados. Por eso entre muchos veteranos se mantiene el espíritu de cuerpo, tanto que durante la gestión de Jorge Larrañaga al frente del Ministerio se animaron a homenajear a quien fuera su jefe, el inspector Victor Castiglioni, uno de los más siniestros personajes de esa época.

Algunos nombres de la corrupción policial

En un proceso que había comenzado a mediados de los 90, muchos oficiales cuya única diferencia con los delincuentes era el uniforme, comenzaron a ser desplazados.

A la salida de la dictadura todo el mundo sabía que algunas dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo eran antros de corrupción. La mayoría de los jefes de Orden Público eran dueños de las casas de masajes dedicadas a la prostitución que proliferaron ilegalmente; Automotores tenía estrechos vínculos y negocios con ladrones de autos y desguazaderos; Hurtos y Rapiñas se dedicaba a eso, precisamente.

A fines de los 80 irrumpió la “Garra”, una organización mafiosa integrada por oficiales y policías montevideanos que hasta mediados de los 90 participó en varios asaltos y asesinatos, entre ellos el del empresario Luis Ernesto González.

Luego llegó la “Polibanda”, integrada por policías y delincuentes que protagonizaron varios asaltos.

En 1993 oficiales de policía ocultaron el secuestro por militares uruguayos de un exagente de la DINA, el químico chileno Eugenio Berríos, cuyo cadáver fue encontrado dos años después enterrado en El Pinar.

Cuando a mediados de los 90 el comisario inspector Roberto Rivero asumió al frente de la Brigada Antidrogas (DGRTID) sumarió inmediatamente al exjefe Nelson Rodríguez Rienzi y al comisario Ricardo De León quienes, según la investigación realizada en 1996 por el entonces juez penal Homero da Costa, tenían estrechos vínculos con el narcotraficante Omar Clavijo y otros.

El expediente con ambos sumarios “se perdió” en algún lugar del Ministerio del Interior.

Rivero comenzó un proceso de depuración policial y fue quien promovió y llevó a trabajar con él al comisario Julio Guarteche, alguien que hizo historia.

En 1997, el entonces ministro del Interior Didier Opertti (PC) llevó adelante una purga que terminó con la carrera de 179 policías, entre ellos cinco altos jefes de la fuerza en Montevideo. Todos fueron separados de sus cargos y procesados por distintos delitos vinculados al ejercicio de sus funciones.

Las denuncias habían sido realizadas por vecinos de varios barrios de Montevideo ante el Parlamento. Un grupo muy numeroso se presentó ante los legisladores y hablaron con la condición de no ser identificados por temor a represalias. Enumeraron una larga serie de abusos, tropelías, irregularidades y delitos en los que participaron los miembros de la fuerza.

Los denunciantes aportaron pruebas sobre detención de personas sin motivo alguno, pedidos de coimas a comerciantes a cambio de seguridad, desvío de artículos incautados a los ladrones y que nunca eran devueltos a los asaltados, encubrimiento y venta de información a bandas de delincuentes. Uno de los denunciados, responsable de “Hurtos y Rapiñas”, llegó a tener gente secuestrada.

79 de los policías sancionados eran de Montevideo, 37 de Canelones y el resto de diferentes lugares del país.

La decisión ministerial llegó en medio de una severa crisis de inseguridad con el consiguiente reclamo ciudadano.

Todavía no existía Asuntos Internos, pero sí una Fiscalía de Policía que se encargaba de investigar y sancionar a los funcionarios corruptos.

En el 2000 el presidente Jorge Batlle reconoció a Rivero y lo nombró director nacional de Policía, calificándolo como “el mejor de los policías”. Pero tres meses después, cuando se investigaba la presencia del Cártel de Juárez en Punta del Este y a Danilo Arbilla como vendedor de su casa a testaferros de los mafiosos, el exdirector de Búsqueda lo acusó de perseguirlo y ejerció su máximo poder de lobby ante el vicepresidente Luis Hierro López, logrando que el oficial policial fuera destituido.

Por su enorme prestigio y a pesar de su filiación colorada, el inspector (r) Rivero fue convocado en el 2005 por el ministro del Interior frentista, José Díaz, quien le solicitó ayuda para ordenar la Fiscalía de Policía.

Durante el gobierno frenteamplista unos 3.000 funcionarios policiales fueron investigados por Asuntos Internos, dependencia creada por el ministro Eduardo Bonomi, y expulsados después que se les comprobara su participación en casos de abuso. Muchos fueron sometidos a la justicia por actos de corrupción.

La corrupción policial reciente

Con la llegada de Jorge Larrañaga al Ministerio del Interior, viejos oficiales de dudoso pasado fueron rescatados para asumir diferentes cargos de confianza, como lo son las más altas jerarquías policiales. La condición era que debían ser blancos.

Como jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, tuvo que enfrentar una investigación de Asuntos Internos y otra del juzgado de crimen organizado, que detectaron una red de corrupción en el servicio 222 en el año 2012. Fernández renunció al cargo pero años después regresó de la mano de Larrañaga, ahora como director nacional. Y eso porque había cultivado amistades con dirigentes de la 71, la lista de Heber.

El subsecretario Guillermo Maciel, que llegó al cargo siendo colorado y por su papel frente a Fundapro, una organización dedicada a desmentir los números de delitos difundidos por Bonomi, terminó integrándose al Partido Nacional.

En junio del 2020 una investigación sobre amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero permitió descubrir que policías corruptos vendían a los narcos grabaciones de las audiencias orales y públicas. Hoy sabemos que el posible “comprador” de esas grabaciones fue Sebastián Marset, responsable de las amenazas contra la fiscal.

En agosto la Justicia de San José imputó al comisario Richard Hernández, jefe de la Brigada Antidrogas de ese departamento, y a otros tres policías, por los delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico.

En octubre del mismo año fue destituido el jefe de Policía de Flores, comisario Juan Ángel Fontes, por “incumplir órdenes del Ministerio”. Y en el mismo tiempo se destituyó al jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz por “haberse reunido con el exdirector de Seguridad Ciudadana durante el último gobierno del FA, Gustavo Leal”.

En junio del 2021 varias personas denunciaron que policías de Treinta y Tres les pedían dinero para “recuperar objetos robados”. Un delegado del Sindicato Policial denunció que el jefe de Policía, comisario Gustavo Silveira, “estaba en conocimiento de graves denuncias y no había hecho nada con ellas, por considerar que eran hechos banales y rumores”. Luego, Silveira solicitó ante la Dirección Nacional de Policía un sumario para el efectivo denunciante “por hechos banales”. Pero Yenifer Izquierdo, abogada del sindicato policial, dijo a medios locales que “hay corrupción en mandos medios y mandos superiores”, y pidió “proteger” al efectivo que realizó la denuncia. También se señaló a un efectivo por acosar menores en la vía pública. El policía que denunció a su superior fue interceptado cuando paseaba con su familia por móviles policiales que aseguraron haberlo confundido con un delincuente.

En junio fue detenido el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, comisario Fernando Pereira. El tercer jerarca del organigrama fue acusado de varios delitos como abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos. En noviembre fue imputado y enviado a prisión. Las escuchas telefónicas revelaron que “hizo muchos favores irregulares” al entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso.

A principios de los 2000 Pereira, entonces en la Dirección de Investigaciones, ya había sido procesado con prisión por “abuso de funciones”, acusado de torturas. Cuando recuperó la libertad y sin que se le instruyera sumario, volvió como comisario de San Carlos.

A mediados de octubre renunció el jefe de Policía de Río Negro, comisario ( r ) Martín Botto, acusado de proteger a un oficial de esa Jefatura imputado por la Justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado.

En noviembre fue procesado el subcomisario Ricardo Perdomo, con funciones en Cerro Largo pero hasta pocos meses antes en Maldonado, por el delito de tráfico interno de armas.

En el mismo tiempo, la Justicia procesó a un policía y a un bombero por ser parte de una banda que transportaba cocaína desde Melo a Montevideo.

Este año fue imputado otro policía por un caso de contrabando de materiales para el estadio municipal Antonio Ubilla. Como consecuencia, renunció el jefe de policía, José Adán Olivera. Este jerarca había sido destituido del mismo cargo a fines de marzo del 2018. El entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que el motivo de la remoción “fue la baja de las incautaciones de droga y contrabando en Río Branco y Aceguá”. Ahora Olivera fue formalizado sin prisión por “revelación de secreto” ya que se probó que había avisado a uno de sus subalternos que estaba siendo investigado por contrabando.

El periodista Gabriel Pereyra acusó al jefe de policía de Durazno, Richard Marcenal, de “maquillar” los números de delitos. Dos fiscales que debían investigar la denuncia se “excusaron”. Una por haber actuado en algunas de las causas “maquilladas” y la otra porque ha recibido acusaciones públicas de “estar contra la Policía”. Por si fuera poco, son varios los altos jerarcas que “acomodaron” a hijos o familiares en la Policía.

Policías de Tacuarembó presionaron a un delincuente para que denunciara a un abogado defensor de oficio que, casualmente, había denunciado a varios de ellos por corrupción.

Astesiano “la bolilla” que faltaba

Con la detención de Alejandro Astesiano, jefe de la seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, en setiembre del 2022, comenzó a surgir una red de corrupción de la que también participaron casi la mitad de las más altas jerarquías policiales.

Dos directores nacionales renunciaron, un subdirector fue formalizado, otros dos jerarcas aún están en la carpeta fiscal a cargo de Sabrina Flores.

Ninguno vaciló en usar recursos del Estado para atender las demandas de Astesiano, quien hacía negocios para sí y para terceros, algunos también investigados.

Otro comisario y actual jefe de la seguridad presidencial también intervino en el espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara.

Todos obtenían datos de dispositivos solo reservados para investigaciones policiales, incluso accediendo al Guardián. Pese a que Heber reiteró que eso era imposible, los últimos acontecimientos mostraron que no lo era tanto.

Se prestaron para espiar por lo menos a dos senadores de la oposición, a un exjerarca policial, al presidente del Pit-Cnt, y no sabemos aún a quienes más.

Ocurre que las investigaciones administrativas urgentes ordenadas por el ministro, en casi todos los casos, culminaron eximiendo de responsabilidad a los acusados.

Un ministro que no puede con el cargo

Los delincuentes matan y roban en todo el país, cada vez hay más policías vinculados a actividades delictivas, la gente se une para protestar.

Pero, dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oir. Y en este caso el sordo parece ser el presidente Lacalle Pou que sigue sosteniendo a un ministro que es el peor valorado por la ciudadanía.

Las críticas ya no vienen solo de la oposición política, algunos integrantes de la coalición de gobierno ya se han expresado y cada vez son más frecuentes los cuestionamientos internos.

Heber dice que seguirá hasta marzo. Hasta entonces, la ciudadanía continuará padeciendo sus desatinos.

Dejá tu comentario

Forma parte de los que luchamos por la libertad de información.

Hacete socio de Caras y Caretas y ayudanos a seguir mostrando lo que nadie te muestra.

HACETE SOCIO