El medio de comunicación británico Financial Times publicó un artículo titulado "Escándalo de pasaportes en Uruguay obliga a considerar la corrupción", en el que se afirma que la reputación de nuestro país "está en riesgo".
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"Un escándalo sobre pasaportes falsos en Uruguay se ha convertido en acusaciones de espionaje político y corrupción que podrían amenazar la reputación de la nación como modelo de estabilidad en América Latina", expresa la nota que repasa los principales hechos delictivos que involucran al ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano.
De acuerdo al mencionado medio, el escándalo se extendió tras conocerse los chats de Astesiano: “Un conjunto de intercambios sugirió que Astesiano aprovechó sus contactos en el gobierno para vender software desarrollado por el Ministerio del Interior a empresarios pudientes, quienes luego lo usaron para rastrear a los senadores de la oposición, una acusación que él ha negado”.
En este contexto, el artículo señala que las controversias del caso asentaron dudas respecto a si “la corrupción del sistema político ha pasado desapercibida” y señala que se colocó el foco en el accionar del presidente Luis Lacalle Pou para “salvaguardar el Estado de derecho” y dirimir responsabilidades de las personas involucradas.
Financial Times cita las declaraciones de Ricardo Gil Iribarne, exfuncionario anticorrupción que encabezó la junta de transparencia y ética durante el gobierno frenteamplista, quien aseguró que el caso engloba “mucho más que los pasaportes”.
El artículo también destaca que "Uruguay sigue siendo el país menos corrupto de América Latina, según Transparencia Internacional" y menciona que "las encuestas muestran consistentemente que la población de alrededor de 3,5 millones tiene una fe pública generalizada en el sistema de justicia".
La nota cierra con declaraciones de Gil Iribarne quien, refiriéndose a la región latinoamericana, opina que Uruguay "podría caer a los niveles de otros países donde existe una creciente desconfianza en las instituciones estatales, como Brasil y Colombia, si estos casos no se investigan adecuadamente y se tranquiliza a la ciudadanía".
“Los uruguayos quieren ver que las acciones tienen consecuencias”, dijo Gil Iribarne, “al público todavía le importa y se está enojando”.
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