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La insoportable levedad del ser
Caras y Caretas Diario
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En Uruguay existe un amplio consenso crítico en torno al problema de la desigualdad y su consecuencia, la pobreza infantil, problemas que a lo largo de los últimos años distintos actores políticos, sociales y técnicos han coincidido en su gravedad y en la urgencia de abordarlo.
Para hablar con franqueza, hay menos consenso en la importancia de la desigualdad que en la magnitud del flagelo de la pobreza infantil, pero ambos problemas, supuestamente, eran prioridad en la gestión de este Gobierno.
Sin embargo, esta legítima preocupación no se ha traducido, hasta el momento, en soluciones que permitan revertirlas de forma sostenida, y esta omisión cada vez resulta más lejos de ser casual o inadvertida.
Por ahora, las autoridades apenas han destinado algunos recursos adicionales no tan cuantiosos que los que adjudican regularmente en el presupuesto quinquenal para políticas sociales de infancia, pero no se ha esbozado un plan, un proyecto sistemático ni un pronóstico de los resultados esperados, si es que hay algún proyecto aún desconocido que procure abatir fuertemente esa problemática que abarca a más o menos 200.000 niños y adolescentes.
Si me dijeran que están desarrollándose el 82 % de las ideas que se tenían pensadas, no me dice nada, y por otra parte sería difícil de creer y aconsejaría cambiar de asesor de comunicación. Pero ni eso.
Por supuesto que escribimos esto después de haber esperado un plan serio y realizable en un tema sobre el que se ha escrito y hablado mucho, sobre el que se ha estudiado e investigado, sobre el que se han hecho leyes consensuadas y sobre el que existen sociólogos, trabajadores sociales, comunicadores, sindicalistas economistas, empresarios médicos y hasta parlamentarios que han hecho aportes muy bien fundamentados y han manifestado su disposición a trabajar, muchos de ellos hasta honorariamente.
Conste que no hablo por hablar porque lo he hablado largo con Gabriel Oddone, le he proporcionado muy modestas y puntuales ideas, tal vez malas, pero como tampoco conozco que se estén llevando a cabo las buenas, me quedo con las mías que deben estar en la papelera o en la trituradora.
Lo cierto es que esperábamos que, pasado un año y poco de asumido el nuevo gobierno, hubiera un plan, un proyecto, una expectativa o al menos una promesa más precisa que aquellas esperanzas que puedan depositarse en el proceso de diálogo social.
A este escenario se suma la herencia de la reforma de la seguridad social, cuyos ajustes introdujeron algunos alivios de muy corto plazo, pero que también proyectan efectos preocupantes hacia el futuro.
En particular, se advierte que ciertas modificaciones pueden terminar ampliando situaciones de vulnerabilidad, afectando regímenes específicos y comprometiendo las condiciones de vida de sectores que ya se encuentran en situación de fragilidad.
En este marco, y pese a que la actual administración ha definido un conjunto amplio de prioridades, entre ellas 63 líneas de acción y compromiso en su primer año de gobierno, no se ha logrado avanzar en soluciones concretas, ni siquiera de mediano plazo, para atender la pobreza infantil ni para cumplir con compromisos básicos hacia los sectores de menores ingresos, incluyendo las jubilaciones mínimas, que todavía no alcanzaron el salario mínimo nacional.
Esto ocurre en un contexto de creciente fragmentación social, donde el principal problema estructural sigue siendo la desigualdad, con el riesgo de agravarse si no se adoptan medidas más decididas.
Mientras tanto, el proceso de diálogo social continúa en desarrollo, con compromisos previstos recién para el mes de abril.
En paralelo, se han presentado iniciativas como el plan de seguridad, que deberá tener como eje central una realidad ineludible: los mayores niveles de violencia se concentran en los sectores más pobres.
También se han anunciado programas como “Más Barrios”, aún en fase piloto, y se ha instalado la discusión sobre el denominado “1 %”, que terminó derivando en una disputa entre sectores políticos, sin consolidar un debate de fondo sobre las reformas tributarias necesarias para enfrentar la desigualdad y fortalecer el financiamiento de áreas productivas.
En el plano laboral, el proyecto de ley de empleo, que resultaría imposible no valorar en sus intenciones, no introduce cambios sustantivos frente a un mercado de trabajo cada vez más fragmentado, con transformaciones profundas en su naturaleza y con impactos directos en la seguridad económica y social de la población. La ausencia de una intervención más decidida del Estado en este ámbito plantea interrogantes sobre la capacidad de dar respuesta a los desafíos actuales.
A esto que expreso con muy sincera preocupación se suma la reciente advertencia del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento.
Este dato, que no me resulta sorpresivo, y al ministro de Economía tampoco, no es menor porque condiciona el margen de acción del gasto público en un contexto donde el endeudamiento y los compromisos fiscales están sujetos al monitoreo de la regla fiscal que, por iniciativa de este Gobierno, curiosamente se ha endurecido acotando las facultades de adoptar acciones correctivas que permitan abordar con mayor audacia situaciones inesperadas como las que ocurren hoy en el contexto externo.
La verdad es que yo no logro entender cómo técnicos tan talentosos y asesores de tal enjundia como los que definen nuestra política exterior y nuestra economía pueden haber menospreciado en sus perspectivas y estimaciones de crecimiento el escenario geopolítico que se abría en el mundo con la guerra de Ucrania, el triunfo de Donald Trump y el conflicto en Medio Oriente, lo que creo que hubiera merecido, en mi opinión, mayor prudencia al imaginar el crecimiento de la economía y mayor creatividad al buscar más inversión y nuevos ingresos incluyendo los que resultaran de cambios impositivos como podrían ser los de mayores gravámenes a la riqueza, reconsideración de renuncias impositivas y mayores controles a las ganancias del capital financiero, particularmente los bancos y las AFAP.
Pero esto ya es historia, el presente es que, una vez más, el crecimiento limitado se traduce en restricciones para responder a demandas sociales urgentes, porque para solucionar los problemas de la pobreza, especialmente la pobreza infantil y la desigualdad, se necesitan muchos más recursos en forma sostenida, más ideas y sobre todo más audacia. Así que tampoco habrá más recursos para la educación, particularmente para la universidad, que esperaba que en las sucesivas rendiciones de cuentas los incrementos del gasto se acompasaran con el crecimiento de la matrícula.
En un contexto internacional donde las tendencias políticas parecen desplazarse hacia la derecha, el desafío no es menor. ¿Se trata de impulsar transformaciones estructurales que permitan avanzar en derechos y reducir desigualdades, o de resistir el contexto adverso, imaginando que el pragmatismo y la moderación es una ideología e intentando perder lo menos posible?
La mirada hacia 2029 comienza a instalarse como necesaria y me parece que la desesperanza no perdona. La discusión no es solo electoral, sino estratégica: cómo sostener y ampliar derechos en un contexto adverso, con restricciones económicas y presiones externas.
