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ASOCIARMEEl Ministerio de Defensa salió blindado de la interpelación, mientras que los argumentos de García se hundieron como las patrullas oceánicas.
La interpelación por Cardama
Caras y Caretas Diario
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La reciente interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, impulsada por el senador Javier García, no solo fue un evento paradójico sino una demostración de fuerza estratégica y narrativa por parte del Gobierno.
Llamativamente, el interpelante, que fue ministro de Defensa Nacional del Gobierno de Lacalle Pou y máximo responsable de la compra a Cardama, que se probó ser una total irregularidad y estafa contra el Estado uruguayo, es quien aparecía al menos en lo previo como el acusador, aunque a lo largo del llamado a sala, la tortilla se dio vuelta y pasó a ser “acusado”.
El debate, centrado en las irregularidades del contrato con la empresa Cardama para la construcción de los OPV, dejó al descubierto un complejo entramado en que se cruzaron el incumplimiento contractual, la presunta manipulación de garantías y la sombra persistente del lobby político..
La principal fortaleza de la ministra Lazo y la bancada de senadores del FA residió en la inversión del rol narrativo. No se presentó como la responsable de las irregularidades contractuales, o como la responsable de echar por tierra el contrato, sino como parte de un Gobierno que detectó irregularidades y las denunció en defensa de los intereses del Estado ante lo que claramente fue una tramoya. Esta táctica, basada en la realidad de los hechos no solo neutralizó el núcleo del ataque opositor, sino que elevó el debate a la defensa del interés nacional, mientras que García no pudo hacer pie con las acusaciones conspiranoicas que propinó en el debate parlamentario.
La ministra no dudó en calificar la situación con Cardama como una "estafa monumental". Esta afirmación con alta carga moral no solo evidenció la gravedad de los hallazgos, sino que justifica la radicalidad de las medidas adoptadas por el gobierno del FA. Lazo fue enfática al declarar que el Gobierno hizo lo que estaba "obligado a hacer": actuar de forma inmediata y contundente ante el evidente fraude. Un claro accionar preventivo que debería ser valorado positivamente por todo el mapa político y la sociedad en su conjunto al proyectar la imagen de una administración que no tolera la corrupción ni las maniobras empresariales deshonestas, incluso cuando implican la ruptura de acuerdos de alto valor.
La documentación previa a la interpelación e incluso la que fue surgiendo a lo largo de la interpelación vino a reafirmar que el caso Cardama no era un simple incumplimiento, sino una "tramoya con varios lobistas" detrás. Al situar su acción en este contexto, Lazo reforzó su postura y la del gobierno al interponerse ante intereses oscuros y poderosos que buscaron concretar un negocio a costa del Estado. Aunque la oposición se empeñe en repetir mentiras y negar lo que es evidente, este encuadre político blindó la decisión del MDN, transformando la acción de rescisión contractual en un acto de saneamiento y valentía política, y no en un error administrativo o de revanchismo.
Uno de los pilares más sólidos de la defensa de Lazo fue el sustento técnico y objetivo proporcionado por el propio Ministerio. La ministra refutó las insinuaciones del interpelante con informes específicos, destacando la existencia de "gravísimos indicios de irregularidades". El informe de los inspectores de la Armada Nacional fue una pieza clave, desmantelando la versión de cumplimiento al detallar que Cardama solo había ensamblado 16 de los 44 bloques de la primera OPV, un incumplimiento material flagrante. Pero además otro informe, mostró a calzón quitado los graves problemas de las patrullas. El reporte, dirigido a la Ministra de Defensa, señala que en una reunión con CINTRA NAVAL, se observó que la estabilidad del buque se compromete con la inundación del último compartimiento de popa.
En esa condición, el buque queda con un calado en popa de 7,4 metros y "sin gobierno". Bajo esta crítica situación, el informe advierte que "el buque no puede operar y debe pedir asistencia ya que queda sin gobierno". La preocupación es tal que el documento agrega: "Se comprueba que el buque tiene su estabilidad comprometida. Se desconoce con cuantos compartimientos estancos inundados el buque puede navegar".
Otro elemento demoledor fue la exposición de la "renovación de garantía trucha" enviada por la empresa, catalogada por Lazo como "el colmo de la desprolijidad y audacia", trasladó de manera irrefutable la carga de la prueba y la responsabilidad a Cardama.
En el plano político, la interpelación culminó con la ratificación formal de la bancada del Frente Amplio a la ministra Lazo y al gobierno. Este apoyo cerrado y público es el espaldarazo definitivo, señalando que las explicaciones de la ministra no solo fueron suficientes a nivel técnico, sino que contaron con la validación completa de la fuerza política que la respalda. Este hecho institucionalmente relevante sella el resultado, minimizando el impacto de la interpelación a un mero trámite de supuesto “control parlamentario” sin consecuencias para nadie, más allá de la batalla por el relato que pretende llevar adelante García y los principales alfiles del expresidente Lacalle Pou.
La estrategia del senador interpelante, Javier García, mostró varias debilidades tácticas que terminaron por socavar su posición y restar credibilidad a sus cuestionamientos.
El recurso fallido a la teoría de la conspiración:
El principal talón de Aquiles de García fue su intento de desviar el debate hacia la denuncia de un "boicot maquiavélico e inteligencia del MDN contra Cardama". Esta línea argumental, que insinúa una acción deliberada y conspirativa dentro del Ministerio para perjudicar a la empresa, es intrínsecamente difícil de probar, especialmente frente a la voluminosa documentación de un fraude. De hecho no lo pudo probar ni mostró elementos contundentes que respaldaran su afirmación. El interpelante forzó una dicotomía entre la acción política (el hablar del supuesto boicot), la ministra y el FA fueron efectivos en mantener el foco en el incumplimiento grave demostrado por los inspectores y los análisis jurídicos.
García defendiendo lo indefendible: la defensa implícita del incumplimiento
Al centrar su cuestionamiento en la forma en que el MDN actuó contra Cardama, en lugar de en el fondo del incumplimiento, el senador García incurrió en la debilidad de defender, indirectamente, a una empresa que está defraudando al Estado. No es claro si el exministro de Lacalle Pou es consciente de la sensibilidad ciudadana hacia el buen manejo de los recursos públicos, o si el capricho y negocio de las “lanchas” lo nubla por completo. Lo cierto es que esta posición lo colocó en una situación incómoda, pareciendo más preocupado por las dificultades de un contratista que por la protección del patrimonio nacional y la soberanía marítima. La acusación de "lobby" que rodea el caso Cardama hizo que la defensa de la empresa, aunque sea solo en el tono, resulte aún más delicada, y por qué no, comprometedora.
Desfasaje entre acusación y evidencia
La fortaleza del Gobierno se basó en la documentación objetiva, la debilidad del interpelante, el desfase entre sus fuertes acusaciones y las pruebas presentadas. Al ser refutado por los informes de la Armada sobre el escaso avance de las obras y la irregularidad de la garantía, el senador no pudo sostener una acusación de inacción o mala praxis ministerial, ya que la evidencia mostró lo contrario: la acción fue oportuna y fundamentada.
La interpelación a Sandra Lazo puede interpretarse como un triunfo político para el Gobierno, blindando a la ministra y a la gestión del MDN frente al ataque opositor. Sin embargo, el caso está lejos de cerrarse, y aunque este Gobierno fue el interpelado, no fue el responsable de la escandalosa compra a la empresa Cardama, fue el Gobierno de Lacalle Pou, y deberían hacerse cargo.
El elemento más relevante post-interpelación es el análisis en curso por parte del Frente Amplio (FA) para crear una Comisión Investigadora ante las graves irregularidades detectadas. Esta medida no es un simple formalismo; es una señal clara de que el oficialismo interpreta adecuadamente la gravedad de las irregularidades y quiere investigar su origen y alcance total de lo que, a todas luces, parecen ser maniobras de estafa.
El Gobierno (a través de su fuerza política) logró exponer el entramado de la "tramoya" y los lobistas desde la máxima instancia de control parlamentario. Si se termina dando el paso de promover una comisión investigadora, el FA valida la necesidad de la acción emprendida por el Gobierno, pues la interpelación ha servido como la plataforma probatoria para solicitar esta instancia superior de control.
La derrota argumental del interpelante fue notoria y, si se crea la Comisión Investigadora, el foco de la discusión se desplaza ahora del "por qué se actuó" al "quién fue el responsable de generar esta trama", manteniendo el Gobierno la iniciativa política y la bandera de la transparencia.
La batalla política tiene también su dimensión social y cultural; la victoria en el Parlamento fue contundente, pero se necesita de una disputa comunicacional seria y relevante para que el relato confuso y malintencionado que pretendió instalar el exministro de Lacalle Pou para exculparse no se haga carne en el “imaginario colectivo”.
