La Justicia negó la solicitud de salida transitoria del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, para las festividades de Navidad y Año Nuevo. La decisión, que provocó controversia y desacuerdo por parte de la defensa de Astesiano, marca un nuevo capítulo en un caso ya notable por su complejidad y las figuras involucradas.
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Alejandro Astesiano. Foto de archivo.
Foto: Dante Fernandez / FocoUyCaras y Caretas Diario
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Astesiano, quien cumple una condena de cuatro años y medio de prisión por su participación en una red delictiva dedicada a la falsificación de documentos y venta de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y ucranianos, había solicitado esta salida transitoria con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y contribuir a su proceso de rehabilitación. Su abogado, Ignacio Durán, argumentó que su cliente cumplía con todos los criterios para el beneficio, citando su conducta ejemplar en la cárcel de Florida, su buen relacionamiento con el personal y otros internos, y su participación en actividades de estudio y trabajo.
Sin embargo, la jueza María Victoria Abraham, basándose en el decreto 1455/2023, rechazó la solicitud. El decreto alude a la falta de documentación adecuada relacionada con la tutela propuesta por la defensa de Astesiano durante su salida. Este aspecto técnico, aparentemente, fue el factor determinante para la negativa de la jueza, pese a los informes positivos sobre la conducta y la rehabilitación de Astesiano.
Después de conocida la decisión judicial, Durán expresó su sorpresa y desacuerdo, calificando la resolución de arbitraria. El abogado anunció su intención de presentar una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia, argumentando que no se puede negar un beneficio de esta naturaleza de forma tan arbitraria, independientemente de la identidad del solicitante.
El caso de Astesiano, más allá de sus implicancias legales, pone de manifiesto la complejidad del sistema de justicia penal, especialmente en lo que respecta a la concesión de beneficios como las salidas transitorias. Mientras la defensa subraya la importancia de estos beneficios para la rehabilitación y el mantenimiento de lazos familiares y sociales, la decisión de la jueza pone de manifiesto la rigurosidad con la que se evalúan estas solicitudes, especialmente en casos de alto perfil.
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