La maniobra fue detectada por funcionarias judiciales y por la actuaria adjunta del juzgado, que advirtieron que el expediente físico no existía en el sistema.
Además, comprobaron que el apellido del supuesto demandado coincidía con el del exesposo de la jueza.
Abuso de funciones
El 11 de marzo las autoridades del juzgado le pidieron explicaciones por correo electrónico. En una primera respuesta, Recarey afirmó que había decretado “por error” y sostuvo que se trataba de un expediente vinculado al Banco de Seguros del Estado.
Sin embargo, al día siguiente cambió su versión y, según surge de la resolución, la magistrada admitió que la situación le generaba “vergüenza” y la atribuyó a problemas personales, anímicos y económicos.
Pese a sus descargos, la Suprema Corte concluyó por unanimidad que la jueza incurrió en abuso de funciones y resolvió su destitución al entender que su conducta comprometió la imagen del Poder Judicial.