Rosa enfatizó la gravedad de las acusaciones: "Si un senador de la República dice que la fiscalía se sacó la venda de la dama de la justicia para ponerse el tapa ojos del pirata, como dijo el senador Botana, o como dijo el ex ministro de Defensa Javier García, que la fiscalía era un centro de operaciones políticas en donde se organizaban carpetazos al estilo argentino, eso no es una crítica, eso es una acusación."
Denuncia ante la CIDH
Estas declaraciones no solo dañan la imagen de la Fiscalía, sino que también impactan en la asignación de recursos. Rosa destacó que "el fiscal general solicitó $16 millones para la creación de una fiscalía anticorrupción, entre otras necesidades, pero solo se aprobaron $1 millón, el 5 % de lo solicitado."
La falta de un fiscal general designado agrava aún más la situación. "Hace tres años que la fiscalía no tiene fiscal general designado. Estamos con una subrogante del subrogante que está ocupando tres cargos: fiscal general, fiscal adjunto de corte y fiscal de estupefacientes", explicó Rosa. "La Fiscalía está debilitada por la omisión del sistema político en designar un fiscal general y en asignar recursos."
La denuncia ante la CIDH busca exponer estas problemáticas y procurar una intervención que ayude a encauzar la situación, fortaleciendo la independencia y eficacia de la Fiscalía en Uruguay.
