La patológica caza de brujas de una derecha bipolar

Aunque muchos no lo recuerden, el fiscal de la causa que accionó contra ambos jerarcas era Juan Gómez, quien, en esa época, se desempeñaba en el Juzgado de Crimen Organizado. La derecha, que estaba en la oposición, aplaudió a viva viva voz al magistrado, a quien no le tembló el pulso al acusar a dos altos funcionarios del gobierno de José Mujica.

El fallo fue acatado y respetado por la izquierda que ostentaba el poder y nadie pidió la remoción de Gómez, porque su actuación, en el acierto o en el error, estaba ajustada a derecho.

La decisión, que fue cuestionada por la fragilidad de las pruebas, sepultó definitivamente la carrera política de un economista de primer nivel como Lorenzo, quien pese a que fue electo diputado, no ocupó su banca porque consideró que no era conveniente que lo hiciera en esas peculiares circunstancias. Por entonces, el fiscal de Corte era Jorge Díaz, quien naturalmente no interfirió en el proceso, respetando la independencia de su subordinado y la institucionalidad.

Naturalmente, la derecha, que es bipolar y en principio apoyó la designación de Gómez como fiscal adjunto y luego como interino ante la renuncia de Díaz, ahora inició una caza de brujas pidiendo la cabeza del magistrado y lo acusa de ser funcional a la izquierda.

Gómez asumió como fiscal adjunto en abril de 2021 cuando ese cargo quedó vacante y luego se transformó en fiscal de Corte interino en octubre de ese año para cubrir la acefalía generada por la renuncia de Jorge Díaz.

Desde 2020, todo transcurría normalmente hasta que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciaballe, dispuso el procesamiento de varios notorios militares represores que perpetraron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Ello generó el enojo del partido militar Cabildo Abierto, que ya se había digerido el pedido de levantamiento de los fueros del senador Guido Manini Ríos, quien fue citado -en calidad de indagado- para que declarara por el delito de omisión, al no revelar en tiempo y forma las confesiones del fallecido criminal militar José Nino Gavazzo ante un tribunal de honor, cuando era comandante en jefe del Ejército. Por supuesto, la coalición gobernante lo blindó en el Parlamento y, por ende, quedó impune.

Estos acontecimientos generaron malestar en el oficialismo con Juan Gómez porque, al igual que su predecesor Jorge Díaz, este deja actuar con absoluta libertad a sus subordinados como corresponde a un jerarca honesto.

Tanto desde Cabildo Abierto como desde los partidos tradicionales comenzaron a hostigarlo permanentemente, como antes lo hicieron con el renunciante Jorge Díaz.

La decisión de trasladar a la fiscal Gabriela Fossati, a cargo de la causa del excustodio presidencial y delincuente, fue la que detonó una tormenta en plena sequía a nivel del oficialismo.

Es claro que, además de la acusación que culminó con el procesamiento de Astesiano con prisión, Fossati ignoró una montaña de pruebas que implicaban al gobierno en las actividades delictivas del excustodio. Incluso no indagó a nadie del entorno del presidente. Empero, el dictamen no impide la apertura de nuevas líneas de investigación con relación a la causa.

La actitud elusiva de Fossati me recuerda a la célebre fábula “El cazador tímido y el león”, del filósofo griego Esopo, en cuyo contexto un cazador se encuentra con un campesino y le pregunta dónde se ocultaba la fiera. “Puesto que tienes tanto interés” -respondió el campesino-, “te enseñaré no solo dónde está la madriguera, sino al mismo león. ¡Sígueme!”. Sorprendido por tan inesperada respuesta, y temblando de miedo, el cazador dijo: “Gracias, buen hombre. No es mi intención cazar al león. Me proponía solamente seguir su pista, más que nada por curiosidad”.

Gómez solo accedió al reiterado pedido de traslado cursado por la fiscal Fossati, aunque esta, que se ensañó con el exdirector de Convivencia Ciudadana Sergio Leal, a quien intenta implicar por haber visitado al padre del criminal preso, resistió ahora la decisión. Por supuesto, cometió abuso de poder cuando no informó al indagado y también omitió interrogar a los familiares de Astesiano, lo cual resulta realmente incomprensible.

En realidad, la actuación de Fossati le proporcionó a la derecha el blindaje perfecto, porque la fiscal, que tiene un hermano que ocupa un cargo de confianza en el gobierno, no iba a hipotecar su carrera. Incluso anticipó con bastante antelación que no iría hasta las últimas consecuencias y además acusó a los estamentos del Estado de no colaborar con ella, particularmente a la Policía. Sus gruesos errores y omisiones, además de su talante exacerbado y en lenguaje coloquial conventillero, determinaron su traslado.

La ofensiva política del oficialismo y el pedido al presidente de la República para que le ponga coto a la gestión de Gómez constituyen un burdo atentado a la independencia técnica de la Fiscalía, que vulnera los principios de la institucionalidad democrática.

Evidentemente, tanto los inefables senadores blancos Graciela Bianchi y Sebastián da Silva, como el exfiscal y diputado colorado Gustavo Zubia, un autoritario que es hijo y sobrino de dos militares golpistas, están conspirando y promoviendo una suerte de golpe de Estado.

Obviamente están frustrados porque no disponen de la mayoría especial de 18 votos en el Senado para designar a un nuevo fiscal de Corte funcional a sus intereses y tampoco ha prosperado la iniciativa de acordar un triunvirato para conducir al organismo, el cual, en caso de concretarse, sepultaría definitivamente la independencia de la Fiscalía y la podría bajo la égida del gobierno de turno.

Entonces, le ponen precio a la cabeza de Juan Gómez, como si se tratara de un delincuente y no de un funcionario de alta investidura que representa al Ministerio Público y no es susceptible a las presiones políticas.

Ahora, para ellos, el titular de la Fiscalía pasó a ser un aliado de la izquierda, pese a que hace diez años no le tembló el pulso cuando acusó a dos altos funcionarios del Frente Amplio y solicitó sus respectivos procesamientos.

Nuevamente, la derecha demuestra toda su alienada bipolaridad de talante autoritario. Esta patología psiquiátrica se caracteriza por episodios maníacos que oscilan entre la euforia y la depresión. Para estos políticos exacerbados, la mejor opción es una terapia psicológica porque cuando una persona incurre en estas conductas irracionales, corre el riesgo de traspasar el umbral de la razón.