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Política corrupción | criminalidad | inseguridad

el Gobierno bebe su propia cicuta

La trilogía del fracaso: corrupción, criminalidad e inseguridad

El gobierno no solo no pudo mejorar la seguridad ciudadana, sino que todo empeoró, enredando corrupción, criminalidad e inseguridad.

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La Coalición Republicana llegó al gobierno realizando severos cuestionamientos a la gestión en seguridad del Gobierno frenteamplista. Prometían reducir los números del delito y para eso iban a “corregir” todos los errores que decían había cometido el ministro Eduardo Bonomi.

La seguridad no debió ser nunca un comodín para el debate público, ya que es un asunto de extrema gravedad y compleja resolución. Porque no es únicamente un asunto policial, abarca, o debería, muchas áreas de gestión de un gobierno.

No alcanza sólo con perseguir y encarcelar delincuentes. Son problemas importantes la situación de las cárceles, los avances del narco y la existencia de nuevos delitos como el sicariato. También es un grave problema la calidad de nuestra Policía.

Además, hay otros aspectos como la exclusión social que genera la pobreza, la desmejora de la educación pública, la ocupación laboral con salarios chatarra, la ausencia de planes para mejorar la convivencia ciudadana, todos asuntos que alientan el crecimiento de la actividad delictiva.

Es hasta risueño oír a los candidatos del oficialismo, en plena campaña electoral, prometer cosas que ahora mismo podrían hacer estando en el gobierno.

La oposición también ha demostrado debilidades, porque no solo carecen de una propuesta única sino que además se han sumado a la corriente general tirando ideas cada día, pero sin una columna vertebral que las sostenga.

Ningún partido político tiene hoy en sus planes medidas concretas para enfrentar la corrupción. Todos hablan de crimen organizado pero, a veces, parece que no tienen idea a qué refiere y citan generalidades.

La corrupción es la madre de todos los pecados

Hasta los católicos menos fervientes saben que si Adán y Eva no se hubieran dejado corromper por una serpiente, el mundo sería hoy el Jardín del Edén. La historia del mundo y el hombre hasta nuestros días es la historia de la corrupción expresada de diferentes formas.

A los uruguayos nos gusta mentirnos a nosotros mismos. Por eso cuando desde afuera nos señalan como los menos corruptos de América Latina, inflamos el pecho, llenos de orgullo. Sin embargo, la realidad cotidiana nos revela que esa percepción es relativamente falsa. Tal vez comparados con Paraguay o Argentina estemos mejor. Pero los niveles de corrupción estatal y privada en Uruguay son significativos y si lo entendemos como un problema deberíamos empezar por no ocultarlo.

Es corrupta la gestión en la mayoría de los gobiernos departamentales. La corrupción casi ha destruido a la Armada Nacional y ahora aparecen múltiples focos en el Ejército.

Hay corrupción en Aduanas; la hay en el puerto; hay corrupción en varios entes del Estado. Y hay extendidas zonas de corrupción en la Policía.

Si no entendemos que por la corrupción existe el crimen organizado y por consiguiente el narcotráfico y la inseguridad, jamás estaremos en condiciones de resolver el problema más urgente de la gente: poder vivir y trabajar tranquila en el barrio que han elegido.

Claro que si las autoridades aseguran que en Uruguay no tenemos corrupción, que no se lava plata y que nuestra Policía es ejemplar, seguiremos haciéndonos trampas al solitario.

Tal vez como anhelo sea imposible terminar con la corrupción, pero es muy obvio que se la puede acotar.

Por ejemplo: el Parlamento vive votando penas más duras para delincuentes insignificantes. Pero nunca se plantearon debatir una ley que condene con severidad el enriquecimiento ilícito, tal vez porque afectaría a políticos o a miembros del sector más acomodado de la sociedad. Y, por qué no, a muchos que financian campañas.

Sabiendo que existe el riesgo inminente de que los narcos financien a políticos, en el debate de la reciente Ley de Financiación de Partidos Políticos se destinó más tiempo a discutir los minutos gratis de publicidad en TV que a mejorar los controles y las sanciones consiguientes.

Para peor, la Jutep, el organismo encargado legalmente de combatir la corrupción, en los hechos ha sido conducido a la inoperancia. “Hay que desjutepizar a la política”, reclamó, en el diario El País, Ignacio De Posadas. Y su Gobierno le hizo caso.

A principios de este mes, Brecha publicó una entrevista al abogado Jorge Chediak, secretario antilavado (SENACLAFT). El semanario informa que dos días antes Chediak había intentado, sin éxito, que se aprobara la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, que entre otras cosas definirá si se mantiene una estructura de “dos cabezas”, a cargo de la Secretaría Antilavado y el Banco Central. No es la única contramarcha en relación con el tema. Desde la secretaría sostienen que, a pesar de los avances, hoy no es posible determinar si existe financiamiento de “organizaciones criminales” a los partidos políticos. Y sobre la efectividad de la fiscalía especializada en lavado, Chediak se lamentó: “Una cosa son las esperanzas y otra es cómo termina siendo la realidad”.

En octubre del año pasado, Búsqueda publicó una entrevista al fiscal Enrique Rodríguez, responsable de la primera fiscalía de lavado de activos. “Capaz que en Uruguay no se lava tanto dinero como se cree”, dijo Rodriguez.

Ni Chediak ni Rodríguez han intervenido todavía en la fundada denuncia que en febrero pasado presentó el abogado Enrique Sayagués por presunto lavado de decenas de millones de dólares a cargo del Banco Heritage, un caso al que Caras y Caretas ha dado amplia cobertura.

La Policía es parte de la inseguridad

Ya sea por la existencia de amplias zonas de corrupción o por el desánimo que estos hechos provocan a los miles de honestos funcionarios, hoy la Policía es una parte importante de la inseguridad.

A mediados de los 90, el inspector retirado Roberto Rivero, entonces director general de Represión al Tráfico Ilícito de Estupefacientes, inició un proceso de depuración de elementos corruptos en filas policiales. Por eso descabezó a la Brigada Antidrogas, ya que algunos oficiales mantenían nexos “inconvenientes” con varios traficantes de droga locales.

En el 2010, el director nacional de Policía Julio Guarteche decía a El País: "Tenemos prácticamente un escándalo de corrupción por semana y esto no puede seguir así. Estamos anhelosamente empeñados en lograr la confianza de la población, pero sabemos que no será de un día para el otro. Va a tomar tiempo, por esto estamos limpiando la casa, somos conscientes de que no podemos barrer para debajo de la alfombra".

Ese fue uno de los grandes legados de Guarteche, ya que, apoyado por el ministro Bonomi y por Asuntos Internos, logró expulsar de la fuerza a un policía por día, poco más de 3.000 funcionarios en 10 años.

Claro que eso no se logra sin generar enemigos y ánimos de revancha.

En el 2000 a Rivero lo echaron como director nacional de Policía cuando descubrió los vínculos entre políticos y narcotraficantes mexicanos. Guarteche falleció en el 2016 sin haber terminado su tarea.

Al comienzo de este gobierno los “revanchistas” cambiaron de prepo su nombre al salón de actos del Ministerio del Interior, por el de Victor Castiglione, torturador y jefe de la inteligencia policial en dictadura. Vale señalar que poco después el ministro Jorge Larrañaga ordenó restituir el nombre original. Pero fue un terrible error del fallecido ministro haber convocado para cargos de confianza a oficiales sobre los que pesaban cargos por irregularidades o habían sido destituidos.

Fue tan grave esa decisión que con el caso Astesiano cayó casi la mitad de las máximas jerarquías de la Policía Nacional. La mayoría de los jefes de policía de todo el país debieron ser cambiados por actuaciones irregulares o porque fueron formalizados por la Justicia. Y siguieron cayendo luego con el caso Penadés. Hasta el momento no sabemos si hay jerarcas policiales involucrados en el otorgamiento del pasaporte al narco Sebastián Marset.

Ha quedado probado que se usaron bienes públicos, como el sistema de videovigilancia o el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, para atender requerimientos de algunos jerarcas en Torre Ejecutiva o para espiar adversarios políticos.

Ahora también sabemos que hubo uno o varios jerarcas policiales que manipularon el teléfono celular de Alejandro Astesiano inmediatamente después de que éste fuera detenido el 25 de setiembre del 2022.

Ya tenemos policías presos por tráfico de drogas, por violación, por femicidios, por lavado. Este miércoles supimos que se investiga a un efectivo de la Republicana como presunto responsable de un homicidio.

No era cuestión de números

En los últimos cuatro años diferentes actores de gobierno han insistido, y aún insisten, con que cayó el número de delitos. Aunque lo que verdaderamente cayó fue el número de denuncias, que es bien diferente. Sobre todo si el hecho de denunciar fue entorpecido por diferentes mecanismos.

Larrañaga, otra vez, dijo que “le declaraba la guerra al narcotráfico”, tal vez creyendo que se iban a asustar y esperarían a la Policía con caramelos. El resultado de esa declaración se percibe hoy con la existencia de bandas armadas en guerra que, por ahora, se balean entre ellos, aunque ya hay varias víctimas colaterales sobre todo niños.

¿Por dónde entran esas armas? Es algo que se ha logrado saber. ¿Sabe la Policía si alguien de esas bandas tiene vínculos con poderosas organizaciones delictivas de Brasil, México o Rosario?

Luis Alberto Heber, sucesor de Larrañaga, en una sesión secreta le explicó a los senadores, con diagramas y nombres, que “tenían identificadas a 45 organizaciones delictivas que operaban en la zona metropolitana”.

¿Cuál fue el resultado de esa investigación? Nunca nadie lo explicó, por la sencilla razón de que no hubo ningún resultado. Y así los vecinos de Malvín Norte, del Marconi, de Cerro Norte, de Villa Española, sufren cada día el accionar de esas bandas.

Hoy los mismos policías dicen que “no hay conducción política en el Ministerio del Interior, ese mando fue delegado a las jerarquías policiales”.

Lamentablemente para los intereses ciudadanos, hoy el Gobierno bebe su propia cicuta.

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