¿Qué motivos llevaron al nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, que de la postura radical de no asistir al Pacto del Club Naval terminó impulsando la Ley de Caducidad de diciembre 1986 y no apoyar su derogación en abril de 1989?
¿Qué elementos hicieron entrar en una política ambigua de gestión al Frente Amplio durante sus quince años de gobierno en la búsqueda de los detenidos desaparecidos?
¿Con qué impronta llegará el nuevo gobierno para poner fin a la tutela militar y su autonomía para que entreguen la verdad?
Esta es parte de una larga conversación mantenida con el periodista Samuel Blixen y el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño.
Quería empezar por una cuestión conceptual, que es la definición de autonomía militar.
S.B. Nosotros hablamos de poder autónomo militar y hablamos de una transición no acabada. Es todo lo mismo. Ese concepto es una conclusión de ver que en el 86 se dicta la Ley de Caducidad, que es la ley que instala la impunidad, y a partir de ese momento ningún gobierno de ningún color reduce los privilegios militares y obliga a las Fuerzas Armadas a dar información sobre los desaparecidos, a hablar sobre sus delitos económicos, etc. Nosotros consideramos que hay temas que manejan los militares a los cuales el poder civil no entra. Y no entra porque no tiene voluntad para obligarlo. Por ejemplo, creemos que la inteligencia militar se sigue manejando de forma completamente independiente y al margen de la voluntad de los civiles, o sea, de los ministros de Defensa. Ese es más o menos el concepto de la autonomía militar. Entonces, se manifiesta en este asunto de las desapariciones, se manifiesta en la caja militar, se manifiesta en la resistencia a modificar los cursos para la formación de los oficiales, etc. Es decir, hay algunos aspectos de los militares donde ellos mantienen un control y no permiten que el poder civil participe. Y nosotros creemos que no hay voluntad política para quitarle esa autonomía militar.
N.P. Desde la dictadura, ha permanecido como un tema no resuelto. Y eso es por la misma razón: habiendo información y habiendo documentación, siempre se han negado a darla. Y de alguna manera hay información que han estado obligadas a dar, pero es toda información colateral en su mayoría. Por ejemplo, Jorge Batlle decía que él buscaba información, pero no en forma institucional, buscaba a través de generales de confianza y todo lo demás. El único que hace eso institucionalmente y como una orden es Tabaré Vázquez, pero lo hace parcialmente y con mucho recato; no pide nombre de oficiales, de responsables, se reduce a resolver el tema María Claudia García, Michelini y Gutiérrez Ruiz. Y está centrado en eso, como que lo más importante era eso. Y después los demás, si aparecen, aparecen, y si no aparecen, es lo mismo.
Durante la campaña de diciembre de 1986 al 89, para derogar la Ley de Caducidad se denunciaba la tutela militar, pero ustedes hablan de tutela perenne, como algo que se prolonga en el tiempo.
S.B. Que sigue, claro, porque está vinculado al concepto de la transición. Hubo un proceso de transición de la dictadura a la democracia que contiene varias instancias. En diciembre de 1986 dicen: “Bueno, se acabó la transición, ahora resolvimos todo”. Mentira, no está resuelto nada. Entonces, en algunos aspectos hay elementos que horadan a la verdadera democracia. Por ejemplo, tenemos ciudadanos de primera y segunda categoría, tenemos ciudadanos que no tienen por qué responder ante la Justicia por los delitos de lesa humanidad ni por los delitos económicos. Todo eso es parte de una transición inacabada.
Hay un concepto que ustedes ponen en el prólogo, que resulta sustancial poderlo tener claro, que en síntesis sería: los militares tienen la información pero no la entregan, ya no por el temor a posibles castigos, a romper los pactos de silencio, sino a preservarla como una fuente de poder político.
S.B. Yo creo que es parte de lo que hablábamos antes, las desapariciones tienen un sentido y es el de generar miedo en toda la sociedad, miedo para que no se animen a declarar posibles testigos, miedo a involucrarse en determinadas actividades. Yo eso lo viví, por ejemplo, cuando el secuestro del químico Eugenio Berríos en Parque del Plata, que ni los vecinos que lo vieron ni el médico que lo recibió en la policlínica quisieron contarme qué habían visto o hecho en el caso del médico.
N.P. El otro tema es el de la formación militar en el Ejército donde, a pesar de que el tema violación de los derechos humanos fue planteado, se justifican como acciones en el marco de una guerra que llevaron adelante las Fuerzas Armadas cumpliendo con la declaración de estado de guerra interna votado por los políticos.
Y las desapariciones fueron ordenadas por los mandos de la época en políticas planificadas, no quizás en la situación de un detenido que se le murió en la tortura, pero su enterramiento clandestino sí fue planificado y en una institución como la militar, donde se reciben órdenes, hubo una actuación institucional del Ejército y de las otras armas para llevar adelante estas desapariciones.
En el Pacto del Club Naval, el Frente Amplio asistió con una postura muy firme de que no iba a negociar no hacer revisionismo sobre la actuación de los militares e impulsó el plebiscito contra la Ley de Caducidad, pero cuando llegó al gobierno, dicen ustedes, tuvo una política ambigua con este tema.
N.P. Bueno, hubo una diferencia notoria en la gestión de Azucena Berrutti con respecto a la de Fernández Huidobro.
Tabaré ordenó unos informes a los mandos de las Fuerzas Armadas, algunos se comprobaron que eran falsos y los que entregaron ese informe y no les pasó nada, o, por ejemplo, se firmó el decreto de que a los militares se los absolvía de ampararse en el secreto, pero nunca se aplicó, y muchos militares en los juzgados decían que no estaban enterados de la existencia de ese decreto.
¿El pasaje del tiempo viene cumpliendo su rol? Ante la muerte de los actores principales, ¿Cuáles son las perspectivas?
N.P. Más allá de quiénes murieron, hay información concreta sobre los enterramientos y la pista te la dan determinados hechos. Por ejemplo, hay lugares diferentes para enterramientos del SID y enterramientos de la OCOA. Eso implica una compartimentación. Son dos unidades que pertenecen a las Fuerzas Armadas, pero actúan por lados diferentes, aun cuando hay un interrelacionamiento muy fuerte. Pero hacían reuniones de inteligencia en la sede del SID semanalmente, eso lo sabemos.
S.B. Lo que le llamaban la mesa chica de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Policía.
N.P. Eso te da una pista del nivel de cómo está planificado eso. Por eso no sale ninguna información, porque los que tienen la información son los mismos autores. Nosotros pensamos que en los enterramientos, por ejemplo, como línea general, participaron solamente los oficiales de inteligencia, no cualquier oficial, quizás pudo participar algún sargento, algún cabo de mucha confianza de ellos, pero no es la regla. Y tenemos además un relato de Silveira, que es el enterramiento, la ejecución en el enterramiento de María Claudia, donde dice que los que están excavando la fosa son dos oficiales del SID, Medina y Sande Lima.
S.B. Ahora se acaba de plantear que se les va a pedir a los cocineros, a los centinelas, a los enfermeros de los cuarteles que den información. Eso lo está planteando Wilder Tayler, como miembro de la Institución de Derechos Humanos, para obtener este testimonio. Eso se está pidiendo desde 1990 y sabemos que los testimonios, todos los testimonios de los clases, de la tropa, son ambiguos, son relativos, porque dicen “yo me enteré o me dijeron”. Y en muchos casos han sido usados para la desinformación; aparece información anónima que dice “no, mirá que había una compartimentación de que no había un soldado que estuviera cavando porque el oficial no quería embarrarse las botas”.
Y seguimos abriendo la cancha para que sigan desinformando, porque mañana, por la vía de la confesión en la iglesia, resulta que nos va a venir un dato de que está enterrado debajo de la Torre Ejecutiva, y el juez va a tener que darle bola. Lo digo personalmente y lo digo con total responsabilidad, es irresponsable seguir haciendo eso.
Ustedes que están en el proyecto Cruzar y analizaron los microfilms, insisten que la verdad está escrita en algún lugar.
S.B. Sí, y por eso hay que no entrar en sostener que la verdad se “la están llevando a la tumba”, o como cuando monseñor Cotugno en la Comisión para la Paz, como Gonzalo Fernández (secretario de Presidencia) y el abogado Ramela compraron totalmente el paquete de la operación Zanahoria que decía que no están todos, que fueron desenterrados y arrojadas al mar las cenizas.
N.P. Por su formación militar, todo lo actuado quedaba escrito de alguna manera, esa información existe y en algún lugar alguien la tiene. El problema que hoy tenemos, a diferencia de hace unos años atrás, es que tenemos un lugar que sabemos que son cementerios. Si hablamos del cementerio, seguramente va a haber más cuerpos en ese predio que no sabemos de cuánto es. Entonces es una cosa un poco inexplicable que todos los esfuerzos no se centren ahí, que empecemos a revolver. Y además hay otra cosa: que estos dos hallazgos, dicho por los antropólogos, no por nosotros, están dados sobre la información vieja. O sea, desde esa época de 2005, 2006, no ha habido ningún aporte nuevo que haya indicado que esos hallazgos estaban ahí. Entonces eso es una cosa importante que nadie tiene en cuenta. Cuando dice “bueno, vamos a abrir de vuelta (la investigación)”, no hubo una estrategia de buscar la información en el personal subalterno. El problema es que el personal subalterno no está informado. No está informado porque, por ejemplo, en un lugar como el 300 Carlos, los individuos que estaban detenidos no tenían nombre, tenían número. ¿Por qué razón? Para que el personal de custodia no supiera quiénes son.
Esa compartimentación es todo un sistema de ocultamiento y de “por las dudas”. Eso tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, que un custodio de una cárcel o de un calabozo le comunique y lleve información a la familia, porque no sabe quiénes son. Ha pasado eso.
S.B. Los tipos están muertos, o sea que no los puedes interrogar. Cierto, pero está todo escrito, porque si vos agarrás y decís “lo que pasa es que se murieron”, entonces cómo llegás?, ¿para qué vamos a seguir buscando? Es la del Pepe, “la biología operó”, entonces como la biología es inevitable, entonces ya no nos movemos más. ¿Es lo mismo de Zanahoria, los desenterramos, los tiramos al mar, para qué vamos a seguir buscando? La información está escrita. El informe que hace Gavazzo sobre sus desaparecidos está escrito y está escrita la orden de quien lo hizo desaparecer. Y entre otras cosas lo conocemos porque Gavazzo hizo desaparecer a Gomensoro, lo tiró ahí en la represa. Y resulta que ¿por qué lo hace? Porque se le muere Gomensoro en la máquina y su jefe lo obliga a ir a hablar con el comandante en jefe, con el comandante de la Región Militar n.° 1. Y el comandante de la región dice “vamos a desaparecer”, y le ordena que lo desaparezca. Y entonces es así que Gavazzo va, no se sabe con quién, hasta Paso de los Toros y tira el cuerpo en el lago.
N.P. Está escrito y documentado el relato de la mayoría de los oficiales, incluso actuales.
Este libro aporta muchísimos datos en medio de una campaña electoral, con lo cual se abre una perspectiva de transición política y vendrá un nuevo gobierno. ¿Qué es lo que avizoran como perspectiva en cuanto a asumir que llegó la hora de que un gobierno civil se imponga al poder militar?
S.B. Nosotros no podemos decir qué es lo que va a pasar, sabemos que Familiares le va a reclamar a cada uno de los candidatos. Es una respuesta a la pregunta “¿usted está dispuesto a dar la orden?”. ¿Qué van a responder? Manini probablemente diga que no y otros dirán que verán cuando sean las condiciones. Para que eso ocurra tendría que haber una segunda pata, que es el respaldo popular a ese reclamo que está dado en las marchas del 20 de mayo, pero habría que buscar mecanismos para que cuando tú le reclames la palabra al próximo presidente, ese próximo presidente se sienta obligado por la presión popular.
N.P. Sobre esto hay antecedentes con este Gobierno. El primer antecedente es que antes de las elecciones, cuando Familiares va a hablar con Lacalle en una conversación informal, auspiciada por intermedio de otro blanco, pero oficiada por Lacalle, es para decir que él se había equivocado cuando había dicho que había que dar vuelta la página, pero en realidad era comprensible el deseo de la familia y que él estaba dispuesto a colaborar; si asumía como presidente, estaba dispuesto a colaborar, por eso se hace la segunda reunión. Eso ya da la pista de que no lo hace en forma gratuita, eso lo hace porque algo pasa; él tiene dentro de su propio partido corrientes de opinión que rechazan el tema de los desaparecidos. Pasa en el Frente Amplio porque, a pesar de lo hecho en los 15 años, la gente asumió que se podía haber hecho mucho más de lo que se hizo, y eso es, diría yo, el 90 % de la opinión de la gente que votó al Frente Amplio.
