El ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dialogó con Caras y Caretas al respecto de la denuncia por injurias que la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, realizó contra el director del medio, Alberto Grille.
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Para Lanza, estos casos en los que el derecho penal es utilizado como respuesta a alguien que se siente "ofendido" en un caso de interés público, "es absolutamente desproporcionado y afecta al sistema democrático en general".
"El derecho penal es la pena mas aflictiva que tiene un estado", indicó Lanza, y agrego que este "utilizado contra la prensa que critica obviamente genera un efecto inhibidor", señaló."Si esto se lo hacen a un director de un medio y prospera, queda un antecedente y eso genera una persecución totalmente desproporcionada , porque estamos hablando de críticas o denuncias".
Según Lanza, para preservar la integridad de la libertad de prensa, una democracia tiene que tolerar que un medio diga cosas que "puedan llegar a ser injustas de un funcionario público", expresó.
"Los funcionarios que tienen una gran responsabilidad, como un fiscal, tienen que tener el cuero mas duro, estan sometidos a un escrutinio mayor."
Con respecto a la denuncia de la fiscal Fossati, Lanza entiende que esta es "absolutamente desproporcionada".
"Un fiscal tiene que responder primero por su actuación, y la fiscal Fossati en este caso tomó una decisión muy polémica: no hizo una explicación sistémica de un caso de corrupción en las altas esferas como indican que se tiene que hacer en todos los estándares internacionales, sino que llegó a un acuerdo abreviado y corto la línea de investigación y no le dio a la sociedad una explicación completa de algo tan grave como lo que sucedió en presidencia con Astesiano cuando tenía otras respuestas posibles", señaló.
Lanza opinó que dada la exposición mediática que tiene la fiscal, esta "puede responderle a Alberto Grille a través de los medios y hacer sus descargos, que aparentemente los tiene" y agregó que incluso podría haber hecho uso de otras herramientas jurídicas "menos nocivas que tratar de encarcelar a alguien por sus opiniones, como por ejemplo demandas civiles".
"Para una democracia como la uruguaya, que una fiscal utilice el derecho penal para perseguir a periodistas o opositores me parece grave", finalizó.