Consultado sobre el dinero proveniente del acuerdo alcanzado con Marcelo Balcedo, y que el diputado Gustavo Salle (IS) recordó el lunes durante su exposición en la Cámara de Diputados, Domínguez respondió que ya no es abogado del empresario argentino pero que “la ley de lavado de activos prevé que el dinero recuperado por una condena de por este delito ingrese al Estado, se hace en todo el mundo…”, respondió. En tanto, sobre el proyectado rol de la Senaclaft para que pudiera realizar fiscalizaciones e incautaciones de documentación en estudios de sujetos obligados en reportar operaciones sospechosas, el penalista Marcelo Domínguez indicó que es desproporcionado que un organismo de Presidencia proceda en estas acciones sin orden judicial”. Sostuvo que “yo sería más estricto: no solo la Senaclaft debe pedirle permiso a un juez sino que ese organismo debería solicitarle a un fiscal para que se haga una análisis primario, y luego eventualmente, el fiscal solicitar al juez determinada incautación. Haría un doble control”, indicó Domínguez.
Ferrero: los bienes, los narcos y los autos apilados
“Nosotros lo que queremos a futuro es abarcar absolutamente todos los delitos antecedentes”, de Lavado de Activos, dijo la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, en la Comisión de Lavado de Activos de Diputados. Ferrero fue convocada antes de que la Ley de Lavado de Activos se aprobara este lunes con modificaciones en la Cámara de Representantes. “Si estamos agregando el fraude informático, delitos ambientales y todos los demás delitos (como delitos precedentes), hay que ir por todos los delitos en el tema del lavado”, añadió. Acerca de los bienes decomisados a condenados por Lavado de Activos o delitos precedentes, Ferrero dijo que “la conservación de los bienes es un problema… La cantidad de autos que están muriendo en el Prado, que no se han podido vender en remate público” y mencionó el gran problema de “las avionetas, porque son un bien que tienen mucho mantenimiento y llevan mucho dinero”. La fiscal dijo que para proceder en la etapa del remate con eficiencia, la fiscalía debería contar con un Fiscal de Ejecución.
Voces del parlamento y lavado de activos
En tanto, las modificaciones aprobadas el lunes en la Cámara de Diputados al proyecto de Ley de Lavado de Activos, generó que ahora el proyecto deba pasar nuevamente a la Cámara de Senadores donde ya el proyecto se habia aprobado. Precisamente, uno de los artículos propuestos por el Poder Ejecutivo consistía en precisar las potestades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que incluían la potestad de esa repartición para retirar información de estudios contables, escribanos y resto de sujetos obligados del sector no financiero.
Al respecto, el diputado, Álvaro Perrone, dijo que rechazaba que se dijera que “quienes no votan el artículo (correspondiente a la Senaclaft) es porque quieren favorecer al Crimen Organizado…pero no lo votamos porque se le da superpoderes a la Senaclaft porque pensamos que debe intervenir la justicia”. Por su lado, el diputado del Partido Nacional, Conrado Rodríguez, dijo que “cuando se infringen derechos de las personas, por ejemplo, para relevamiento de secreto bancario se necesita autorización judicial”, y más adelante indicó que si durante las inspecciones que habilitaría la ley para que la Senaclaft incaute documentación de estudios de escribanos “si la Senaclaft extrae protocolos que los escribanos deben conservar de por vida”, no será fácil su recuperación. A su turno, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo dijo que “no hay una ampliación de potestades para la Senaclaft porque lo que se hace es detallar las amplias facultades de investigación y fiscalización de esa secretaría".
La fiscalización (a la que podría haber procedido la Senaclaft si se hubiera aprobado el artículo tal como se aprobó en el Senado) es un procedimiento administrativo que puede ser recurrido”, indicó Garlo. En tanto, los cambios sobre el nuevo rol de la Senaclaft, finalmente, no fueron aprobados, si bien la Coalición Republicana estaba dispuesta a votarlo adicionándole una redacción que incluyera la intervención de la justicia a la hora de la fiscalización, el partido encabezado por el diputado Gustavo Salle, Identidad Soberana, tampoco acompañó el resto del artículo, y así, sin las mayorías suficientes, quedó en pie la redacción dada por la ley hasta ahora vigente N° 19.574. En tanto, uno de los cambios que quedó aprobado -manteniéndose sin modificaciones de la Cámara de Senadores- fue el tope para los pagos en efectivo, aunque varios de los legisladores de la Coalición Republicana indicaron que ese tope establecido en Unidades Indexadas en la Ley de Urgente Consideración había quedado firme luego del referéndum que confirmó esa ley en 2022. En este sentido, el diputado del Partido Colorado, Walter Verri, dijo que apoyó la LUC pero que el tope dispuesto allí para los pagos en efectivo que equivalía en ese momento a 100 mil dólares, ahora, equivalen a 160 mil dólares y agregó que la ley refrendada popularmente no la convierte en inamovible”.
Otro de los aspectos discutidos fue la existencia o no de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que finalmente quedó en pie por entender que el bajo número de condenas se debe a la falta de recursos humanos para su operatividad, al tiempo que el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, reconoció durante su exposición en la cámara baja que la escasez de recursos obedece tanto a la administración pasada como la actual.. Por su parte, el diputado Claudio Arbesún del Frente Amplio, dijo que mientras que existe récord de incautación de drogas e incautaciones en el exterior de drogas provenientes de nuestros puertos, crecen organizaciones criminales en los barrios, el reporte de operaciones sospechosas del sector no financiero se ubicó en el año 2018 en 263 reportes mientras que en 2024 hubo 84 reportes. En tanto, la diputada Ana Olivera defendió el artículo sustitutivo propuesto, sobre la supresión de la fiscalía especializada, indicando que se había tomado en cuenta las expresiones de la Fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, cuando compareció en la Comisión de Diputados.
